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Los negociadores del PSOE y ERC se reúnen de nuevo en Madrid para desbloquear la investidura

Socialistas y republicanos constatan avances, pero no terminan de cerrar el acuerdo

Desde la izquierda, José Luis Ábalos, Adriana Lastra y Gabriel Rufían, en noviembre.

Una más dentro del maratón de reuniones en las horas decisivas para negociar un nuevo Gobierno. Los equipos del PSOE y los de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) se han reunido de nuevo esta tarde en Madrid para tratar de desbloquear la investidura, pendiente de las tensiones de todo tipo que envuelven esas conversaciones. El Gobierno ha metido hoy viernes más presión a ERC al aparcar la subida de la pensión de nueve millones de personas, el aumento salarial de los funcionarios y la mejora en el salario mínimo. Socialistas y republicanos están pendientes, además, del dictamen de la Abogacía del Estado sobre la inmunidad del exvicepresidente Oriol Junqueras, que podría estar listo el lunes y es determinante para afianzar la abstención de ERC. La Junta Electoral Central (JEC) ha irrumpido hoy en esa ecuación y analizará la inhabilitación del president Quim Torra en un momento clave de las conversaciones: el próximo viernes, 3 de enero.

Fuentes próximas a los negociadores han confirmado a este diario la reunión y han afirmado que se han registrado "avances", aunque el acuerdo no termina de cerrarse. Oficialmente Esquerra confirmó la celebración de la reunión pero aseguró que se desarrolló sin "novedades relevantes". Este viernes era un día importante: la idea que se manejaba en esta ronda era cerrar todos los flecos posibles para que ERC pudiera reunir a su cúpula. Los republicanos, sin embargo, declinaron confirmar si hay una convocatoria formal de su consejo nacional, el máximo órgano entre partidos que debe dar luz verde a un posible acuerdo y que se debe convocar con al menos 24 horas de antelación, informa Camilo S. Baquero.

La negociación se acelera de nuevo, después de una semana de un relativo parón, aunque los contactos informales seguían, sobre todo entre Adriana Lastra y Gabriel Rufián. Los socialistas siguen trabajando con el objetivo de lograr una investidura antes de Reyes, el día 5. Pero nadie está en condiciones de garantizar nada porque cada día aparecen elementos externos que complican todo. El último ha sido la Junta Electoral Central, que ha decidido reunirse el próximo viernes, en pleno momento cumbre —si todo sale bien se estaría produciendo la primera votación de la investidura— para decidir si inhabilita a Quim Torra, algo que podría precipitar nada menos que un adelanto electoral en Cataluña.

A pesar del ruido que condiciona la situación, los seis negociadores han mantenido la reunión de este viernes por la tarde en Madrid para intentar cerrar definitivamente el documento clave, el que marcará el formato, el contenido y los límites de la mesa de Gobiernos para buscar una solución al conflicto en Cataluña.

Pero las negociaciones van más allá de esas reuniones que se han sucedido durante las últimas semanas. Y el PSOE está dispuesto a poner toda la carne en el asador: la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha confirmado este viernes, tras la reunión del Consejo de Ministros, que tanto la subida de las pensiones como la del salario mínimo para 2020 tendrán que esperar a que se conforme el Gobierno, aumentando así la presión sobre ERC, que se resiste a cerrar el acuerdo con el PSOE y permitir la investidura el día 5, como desean los socialistas. Las pensiones, según ha anunciado, subirán un 0,9% en 2020, igual que el IPC este año. Pero no se actualizará la cuantía de las prestaciones hasta que no se haga efectiva la investidura de Pedro Sánchez, pendiente de la negociación con ERC. Cuando haya un Gobierno en plenas funciones se subirán las pensiones de forma retroactiva al 1 de enero. También la anunciada subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que Celaá no ha querido cuantificar y está sujeta a la negociación con Unidas Podemos, tendrá que esperar a la formación del Gobierno. Según Celaá, se elevará conforme acuerden los sindicatos y los empresarios, lo que podría llevar aún más tiempo.

Estos son los principales asuntos relacionados con la futura revalorización de pensiones, sueldo de los funcionarios y salario mínimo.

Pensiones. Los ministros han aprobado este viernes un decreto que recoge medidas en materia tributaria, catastral y de Seguridad Social en el que se apunta a la subida de las pensiones en función del IPC, es decir, el 0,9%, en un único movimiento "en el momento preciso". Preguntada sobre el hecho de que "millones de personas están pendientes" tanto de la actualización de las pensiones como del SMI, Celaá se ha limitado a confirmar que, efectivamente, son medidas de "alto interés social" y a esperar que la "respuesta práctica llegue muy pronto", es decir, que haya una investidura "lo antes posible". Sobre el SMI, ha recordado Celaá que la propuesta del PSOE es elevarlo al 60% del salario medio "en una legislatura", pero que será la "conversación entre los agentes sociales" la que determinará la subida. El Gobierno la aplicará después, de forma retroactiva. Aquí es clave la negociación.

Ambas medidas, en todo caso, tendrán que esperar a que haya Gobierno. El Ejecutivo en funciones ha decidido aplazarlas hasta que se constituya un nuevo Gobierno. “Confiamos en que esto no vaya más allá de enero”, apuntan fuentes del Ejecutivo. El bloqueo político ha acabado por afectar a las pensiones, al salario mínimo y a la remuneración de los funcionarios. Ya hace semanas que la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, había expresado en público sus dudas sobre la posibilidad de que un Gobierno en funciones pudiera subir las pensiones el 0,9% anunciado a la Comisión Europea en el plan presupuestario para 2020. El criterio habitual de la Abogacía del Estado es que un Ejecutivo que no tiene funciones plenas no puede tomar decisiones presupuestarias que comprometan al siguiente. Y, finalmente, eso ha pesado en las decisiones que tradicionalmente se han adoptado en los últimos años cuando se ha dado esta circunstancia.
En esta ocasión, además, se añaden otros motivos de índole política. La decisión supone una presión añadida para los partidos que dudan si apoyar un Gobierno presidido por Sánchez. La voluntad de aplazar estas subidas es política porque el Ejecutivo sí que encontró el pasado otoño un resquicio legal para desbloquear los fondos del sistema de financiación a las autonomías a pesar de estar en funciones.

Como ha confirmado Celaá, la revalorización de las pensiones se retrasa pese a que podía haberlas subido un 0,25%, como establece la actual ley de Seguridad Social, tal y como está redactada desde 2013, y añadir luego el 0,65% restante. Para evitar esa subida del 0,25%, el Ejecutivo ha decidido aprobar un decreto ley para suspender la norma a la espera de que en pocas semanas haya una investidura. Cuando haya un Gobierno formado podrá subirlas ese 0,9%, que tendrá carácter retroactivo desde el 1 enero. Celaá ha justificado la subida de una vez por el gasto que supondría hacerla en dos, no solo de coste, sino de infraestructura logística. En cuanto al retraso, ha recordado que las pensiones ya están recuperando poder adquisitivo gracias a la subida del 1,6% que se aprobó para 2019, año en el que el IPC va a estar por debajo, y ha dejado claro que la subida del 0,9% tendrá carácter retroactivo al 1 de enero de 2020 una vez se apruebe.

Sueldo de los funcionarios. Lo mismo ocurre con el sueldo de los funcionarios. El Gobierno solo aprobará la subida pactada del 2% a los empleados públicos cuando se constituya el nuevo Ejecutivo. De esta forma, la mejora salarial tampoco verá la luz con la entrada del nuevo año, sino que tendrán que transcurrir unos días o unas semanas hasta que salga adelante una investidura. El ministro de Política Territorial y Función Pública en funciones, Luis Planas, ya explicó hace semanas que, legalmente, un Gobierno en funciones no puede llevar a cabo dicho aumento. Pero aclaró que este será devengado con fecha 1 de enero.

Salario mínimo. Por el lado del SMI no había tantas dudas jurídicas para aprobar la subida. Aunque sí hay prestaciones y ayudas que están vinculadas a su evolución, parece que la Abogacía del Estado no ve obstáculos. No obstante, aquí los problemas se derivan de las negociaciones para formar un nuevo Gobierno y de las exigencias de los agentes sociales. El PSOE y Unidas Podemos están conversando para fijar un objetivo de SMI para esta legislatura: el 60% del salario medio. Sin embargo, por otra parte, sindicatos y empresarios exigen que se cuente con ellos y no se haga como el año pasado, cuando Pedro Sánchez y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, pactaron un incremento del suelo salarial y no dieron margen alguno al diálogo social. Para 2020, apuntan fuentes de Trabajo, el plan es prorrogar los 900 euros mensuales actuales y fijar el compromiso de que el nuevo Gobierno negocie rápidamente con sindicatos y empresarios una senda que lleve el SMI a ese 60%. La responsabilidad de realizar esas nuevas negociaciones puede recaer sobre una ministra de Unidas Podemos si, como se ha publicado, Yolanda Díaz acaba accediendo a la cartera.

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