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La Fiscalía eleva el ‘procés’ a un golpe de Estado que recurrió a la violencia

El ministerio público acusa a los líderes independentistas de "intentar liquidar" la Constitución

El fiscal Javier Zaragoza, durante su exposición este martes en el juicio del 'procés'.

Antes de que empezara el juicio del procés se extendió, en algunos sectores jurídicos y entre las defensas, la tesis de que la Fiscalía se presentaba a la vista oral con una acusación de máximos que se modularía a la baja cuando presentara sus conclusiones definitivas. Ese momento ha llegado este martes y de aquella tesis no queda nada. El ministerio público no solo ratificó su acusación de rebelión, sino que elevó lo ocurrido en Cataluña en el otoño de 2017 a “golpe de Estado”, un concepto que hasta ahora no había manejado. “Derogar, suspender total o parcialmente la Constitución y declarar la independencia de una parte del territorio nacional. Eso es el procés”, resumió el fiscal Javier Zaragoza, haciendo referencia explícita al contenido del artículo 472 del Código Penal, el que tipifica el delito de rebelión.

El ministerio público exprimió las cuatro horas que le dio el tribunal del procés para exponer sus informes orales definitivos. Los cuatro fiscales que han participado en el juicio (Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena) se repartieron el tiempo y el contenido, pero en esta distribución ya quedó claro su objetivo principal: tres de las cuatro horas estuvieron dedicadas casi en exclusiva a defender la aplicación del delito de rebelión, el más grave de los que se atribuyen a los líderes independentistas y el que vertebra toda la acusación. La cuarta (aunque en orden fue la tercera intervención) se centró en desgranar las pruebas de la malversación de caudales públicos.

La intervención de los fiscales transitó desde el discurso más general a los argumentos eminentemente técnicos. De la primera parte se encargó Javier Zaragoza, que protagonizó una durísima intervención de gran calado político con la que intentó adelantarse a algunos de los argumentos que las defensas van a alegar la semana que viene en su turno de conclusiones finales. “La razón por la que están siendo juzgados nada tienen que ver con la criminalización de la disidencia política. No se persiguen ideas políticas ni proyectos políticos no compatibles con el orden constitucional. La razón es ni más ni menos que haber intentado liquidar la Constitución de 1978, un instrumento básico de nuestra convivencia”, advirtió el fiscal.

El plan de los Mossos fue "un montaje"

El fiscal Javier Zaragoza calificó de “montaje” el plan diseñado por los jefes de los Mossos d’Esquadra para el día del referéndum ilegal de independencia del 1-O. La actuación de la policía catalana se pensó, según el ministerio público, con dos objetivos: el primero, “simular que se cumplía” la orden judicial de impedir la consulta; el segundo, “facilitar la celebración del referéndum como quería el Govern”. “En apariencia se cumplía la orden judicial, pero en la práctica se propiciaba la celebración de la consulta”, afirmo Zaragoza. El “fraude”, dijo, estaba en diseñar un plan que impedía cerrar los colegios si, como estaba previsto, desde primera hora se llenaban de ciudadanos que ejercían de “murallas humanas”.

Zaragoza atacó una de las estrategias básicas de las defensas, aquella que consiste en reivindicar lo ocurrido como un ejercicio legítimo de derechos constitucionales, entre otros el de manifestarse, protestar y decidir. “La única violación de derechos civiles que hoy se está produciendo en Cataluña es la que están sufriendo y padeciendo estoicamente aquellos que defienden la Constitución”, advirtió el fiscal, que reprochó a los líderes independentistas que “quien se coloca al margen de la ley y se niega en redondo a dialogar” acabe responsabilizando del conflicto institucional a quien acata las reglas. “Esto es un ejercicio de cinismo sin precedentes”, dijo.

Situación “excepcional”

Hasta ahora, la Fiscalía había definido el procés como una estrategia para fracturar el orden constitucional. En su escrito anterior al juicio habló de “insurrección” y en el texto presentado la semana pasada para elevar a definitivas las penas solicitadas para los líderes independentistas calificó de periodo “claramente insurreccional” los meses de septiembre y octubre de 2017. Este martes, en su informe oral el ministerio público elevó por primera vez la definición del procés: “Lo que ocurrió fue un golpe de Estado”, dijo Zaragoza para definir lo sucedido en Cataluña en el otoño de 2017. Un concepto que hasta ahora solo había utilizado explícitamente la acusación popular que ejerce Vox.

“La sustitución de un orden jurídico por otro por medios ilegales. Esto es lo que pretendían”, explicó el fiscal, que defendió la excepcionalidad de aquellos dos meses. “Se movilizaron 6.000 policías, esto no es normal. El Rey tuvo que dar un discurso de enorme calado, que tampoco es normal. Y se usó el artículo 155 de la Constitución, que no se usa para un simple acto contra el orden público”, abundó.

Según la Fiscalía, estas circunstancias excepcionales son las que demuestran que lo que se vivió aquellos meses en Cataluña fue un ataque contra el orden constitucional, no contra el orden público, y, por tanto, debe ser tipificado como rebelión (artículo 472 del Código Penal) y no como sedición (artículo 544). Las intervenciones de los fiscales Jaime Moreno y Fidel Cadena se centraron en justificar, ya con argumentos más técnicos, la atribución de ese delito a los líderes independentistas.

Moreno fue el encargado de explicar la existencia de violencia, requisito indispensable para que haya rebelión. Y lo hizo con una teoría inédita que responsabiliza a los líderes independentistas de todos los incidentes, incluidos todos los daños personales: los 93 agentes de policía heridos en los centros de votación de la consulta independentista del 1-O y los alrededor de mil ciudadanos que, según la cifra que siempre ha manejado la Generalitat, resultaron lesionados ese día. “Estamos ante unos hechos que provocaron 1.093 heridos”, afirmó Moreno.

Pese a que los incidentes se encadenaron durante varias semanas, los acusados no hicieron ni una sola llamada al cese de esos actos “violentos”, remarcaron los fiscales, que reprocharon a los acusados que mientras públicamente repetían “eslóganes de civismo y pacifismo” lanzaban mensajes con terminología “absolutamente clara de exaltación”: “No tenemos miedo”, “el Estado asalta nuestras instituciones”, “coraje”, “alzaros”, “el Estado llegará hasta donde le dejemos”, “os han declarado la guerra”. El resultado, según Moreno, fue que “una resistencia teóricamente pasiva se tornó en activa en muchos lugares”.

Una vez certificada la existencia de violencia, el fiscal Cadena puso sobre la mesa del tribunal un compendio de ejemplos históricos y jurisprudencia para defender no solo que la rebelión es aplicable en este caso, sino que los otros delitos que se han manejado en la causa (sedición o conspiración para la rebelión) no encajan en los hechos que se juzgan. “La sedición afecta a la tranquilidad pública; la rebelión, a los cimientos del Estado de derecho”, dijo. Lo ocurrido en Cataluña tampoco puede quedarse en tentativa porque la rebelión “se consumó”. “Se declaró la independencia y se derogó la Constitución”.

En cambio, según el ministerio público, lo sucedido en Cataluña reúne todos los elementos que definen la rebelión, un delito que en su redacción actual “no exige” un alzamiento armado o de tipo militar para hacerse con el poder. La protagonizada por los líderes independentistas fue, según Cadena, “una rebelión distinta”. “El poder público ya se ostenta y solo se necesita la violencia en el episodio final, para desgajar a la comunidad autónoma del Estado”.

El Govern actuó como una “organización criminal”

La fiscal Consuelo Madrigal cifró ayer en alrededor de tres millones de euros el montante de la malversación de caudales públicos que la Fiscalía atribuye a los nueve exconsejeros que se sientan en el banquillo. El Govern actuó, según Madrigal, como una “organización criminal” para desviar fondos a la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y para ello se sirvió de “maniobras para encubrir delitos” y “estrategias negacionistas”, sostuvo. “Hicieron un ejercicio abusivo de funciones públicas para decidir, ordenar, impulsar, apoyar acciones y gastos para articular el referéndum, pese a las reiteradas advertencias del Tribunal Constitucional”, afirmó la fiscal.

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