Cuixart reivindica el 1-O como un acto de “desobediencia civil”

Jordi Cuixart ha comparecido este martes en el Tribunal Supremo sin desprenderse de su traje de activista, el papel que se le atribuye durante el procés y del no se ha movido durante las más de tres horas que ha durado el interrogatorio del fiscal Jaime Moreno. Cuixart ha reivindicado la “desobediencia civil” durante la consulta independentista ilegal del 1-O y ha admitido, sin que nadie le preguntara sobre ello, que volvería a actuar como lo hizo. “Ante la disyuntiva de la suspensión [del referéndum] del Tribunal Constitucional y el ejercicio de derechos fundamentales, que nadie tenga ninguna duda: Òmnium va a ejercer derechos fundamentales como siempre, de manera festiva y pacífica", ha afirmado Cuixart, que ha calificado el 1-O como “un ejercicio de dignidad colectiva”.

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Cuixart es el único de los 12 líderes independentistas acusados en el juicio del procés que ni es político ni lo ha sido (el expresidente de la ANC Jordi Sànchez es ahora diputado de Junts per Catalunya y fue candidato a la presidencia de la Generalitat) y esta condición ha marcado su comparecencia en el Supremo. Aunque en algunos de los mensajes ha recordado a la intervención de otros acusados, en la forma y en gran parte del contenido, la de Cuixart ha sido una declaración mucho menos medida que la de los líderes políticos. Su tendencia a usar expresiones como “hostias” o “collons” ha llevado a intervenir en más de una ocasión al presidente del tribunal, Manuel Marchena, que le ha pedido que no emplee “interjecciones coloquiales”. A cada reprimenda, Cuixart se revolvía en la silla con cara de circunstancias: “Perdón, perdón”.

Marchena ha tenido que intervenir también varias veces para reconducir el interrogatorio, algo deslavazado e inconcreto tanto por la inclinación del fiscal Jaime Moreno a convertir en preguntas afirmaciones de la acusación como, sobre todo, por la de Cuixart a desviarse del carril y aprovechar las respuestas para introducir otro tipo de mensajes. Entre ellos, la denuncia del “genocidio” que se celebra cada 12 de octubre en el Día de la Hispanidad o la reivindicación del derecho de autodeterminación.

A Cuixart, que está en prisión preventiva desde el 16 de octubre de 2017, la Fiscalía le pide 17 años de cárcel (más que a los exconsejeros acusados) por considerarle uno de los autores intelectuales de la rebelión (papel que compartiría supuestamente con Sànchez, Oriol Junqueras y Carme Forcadell). Para apuntalar esta acusación, el fiscal Moreno ha insistido en varias líneas: demostrar si Òmnium estaba concertada con la Generalitat y el Parlament para conseguir la independencia a toda costa y, si en este camino, se asumió la violencia como mal menor para conseguir su objetivo. Cuixart lo ha negado rotundamente. “No hay sitio para la violencia. Toda mi vida he estado en contra de la violencia y las movilizaciones de Òmnium siempre han sido pacíficas y festivas”, ha insistido.

La movilización el 20 de septiembre de 2017 ante la Consejería de Economía, donde se estaba ejecutando un registro por orden judicial, ha ocupado gran parte del interrogatorio. Cuixart ha señalado que la concentración fue “espontánea” pero el líder de la ANC y él mismo asumieron la convocatoria “como un ejercicio de responsabilidad”. El presidente de Òmnium ha recordado que ese día, además del registro en Economía, se estaban produciendo otras actuaciones judiciales y policiales contra instituciones, partidos y alcaldes independentistas. La movilización fue, según Cuixart, “una respuesta sin violencia pero con mucha determinación”. El acusado ha condenado los daños a los vehículos de la Guardia Civil que sustentan gran parte de la acusación, pero los ha considerado “un hecho menor”.

Pasillo humano estrecho

El pasillo humano creado por las asociaciones para que se pudiera entrar y salir del edificio y atravesar la concentración se ha convertido en un elemento de disputa. El fiscal ha advertido de que era “un pasillo estrecho, custodiado por manifestantes, no policial”. “¿Le parece que así podían entrar y salir?”, ha preguntado. “Yo pasé. Por aquel pasillo pasó una multitud de gente para arriba y para abajo. Se crea para eso”, ha asegurado el acusado, que ha restado importancia a los problemas que alegó la comitiva judicial para entrar y salir del edificio. Lo que para la Fiscalía es un intento de impedir la actuación judicial con una movilización ciudadana intimidatoria, para el acusado es un ejercicio de “resistencia pacífica”.

El ministerio público ha intentado arrancarle a Cuixart una declaración en la que admitiera que en la concentración ante Economía se vivieron momentos de tensión. El acusado no lo ha hecho y el ministerio público ha intentado que repita expresiones que pronunció en la declaración que prestó en enero de 2018 ante el juez instructor de la causa, Pablo Llarena. En aquella comparecencia, el acusado dijo que la concentración del 20 de septiembre fue "alborotada" y que a él no le gustaron algunas de las cosas que vio. Cuixart ha renegado de aquellas palabras. "Mis declaraciones ante el instructor estaban vinculadas a una voluntad de salir de prisión al precio que fuera. Ahora soy un preso político y mi voluntad ya no es salir de prisión sino denunciar el ataque que hay en Cataluña", ha dicho.

La última parte del interrogatorio se ha centrado en la jornada del referéndum del 1-O. Cuixart ha admitido que se movilizaron para ayudar a la celebración de la consulta, que había sido prohibida por el Constitucional. Fue un ejercicio de “desobediencia civil”, ha afirmado el acusado, que ha asumido su papel como "agente movilizador" ese día y ha aceptado que llamó a los ciudadanos a "proteger los colegios", pero ha rechazado que lo hiciera sabiendo que se podían producir enfrentamientos con la policía.