El tribunal del ‘procés’ pondrá coto a los mensajes políticos durante las declaraciones de los testigos

Los siete magistrados que juzgan el procés tienen previsto terminar este martes con los interrogatorios a los líderes independentistas acusados (quedan el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell) para entrar, a partir de mañana, en la siguiente fase del juicio: las comparecencias de los testigos. El tribunal ha citado a más de 500. La expectación los primeros días estará puesta en los protagonistas políticos del Estado y de Cataluña durante el desafío independentista, incluidos el expresidente Mariano Rajoy y la que fuera su número dos, Soraya Sáenz de Santamaría. Todas las acusaciones y las defensas tienen derecho a preguntar y los testigos están obligados a contestar a cada pregunta. Pero el tribunal va a acotar los interrogatorios a los hechos recogidos en los escritos de acusación. El objetivo es doble: evitar que las comparecencias se eternicen y no dar pie a discursos políticos ni de los abogados ni de las acusaciones ni de los testigos.

El Supremo ha decidido que los primeros testigos que acudan al juicio del procés sean los de mayor relevancia política y mediática para alejarlos todo lo posible de la campaña electoral de las elecciones del 28 de abril. Aún así, va a ser inevitable que la campaña sobrevuele las sesiones y que tanto el independentismo como Vox (que ejerce de acusación popular) intenten usar como un altavoz para su causa la vista oral, que puede ser seguida en directo por televisión e Internet dentro y fuera de España.

Vox ha solicitado algunas de las comparecencias de más calado político, como la de Rajoy, Santamaría, la del actual presidente del Parlament, Roger Torrent, o la del expresident Artur Mas, por lo que los abogados de este partido ultra abrirán los interrogatorios, aunque después puedan intervenir todos los demás. El hecho de que los representantes de Vox en el juicio sean su secretario general, Javier Ortega, y su vicesecretario jurídico, Pedro Fernández, acentúa el cariz político de la ronda de testimonios. En las dos primeras semanas de juicio, Vox ha pasado desapercibida porque ninguno de los acusados ha accedido a responder a sus preguntas y el presidente del tribunal, Manuel Marchena, rechazó su petición para leer las cuestiones que querían haber planteado en cada caso. Pero en la fase que ahora empieza, el partido de Santiago Abascal va a poder intervenir en cada comparecencia.

El tribunal intentará minimizar la politización de la vista poniendo coto a las preguntas de las acusaciones, pero también a las respuestas de los testigos. Los interrogatorios se circunscribirán a “hechos” y se declararán impertinentes todas las preguntas que se desvíen del relato puramente fáctico, señalan fuentes del tribunal. Los magistrados tampoco van a permitir valoraciones por parte de los testigos (entre ellos, muchos diputados y cargos de los partidos independentistas). “Un testigo habla de hechos, no opina”, señalan estas fuentes.

En el caso de Rajoy, el Supremo lo ha citado porque el escrito de acusación de la Fiscalía le nombra en dos momentos centrales del procés: los requerimientos que envió a Carles Puigdemont el 11 y el 19 de octubre de 2017 (días después de la consulta independentista del 1-O) para que comunicara si se había declarado la independencia y acatara la legalidad. Santamaría e Iñigo Urkullu serán preguntados por sus conversaciones con los líderes separatistas en las semanas previas a la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017, mientras que Montoro tendrá que explicar cómo actuó el Ministerio de Hacienda que él dirigía para evitar que la Generalitat usara fondos públicos en la consulta independentista del 1-O. Algunos de los diputados catalanes están citados por votaciones del Parlament (incluido el actual presidente de la Cámara) o porque estuvieron presentes en algunas de las movilizaciones (como Gabriel Rufián, de ERC, que asistió a la concentración del 20 de septiembre antes la Consejería de Economía).

Pero para dictar sentencia van a ser tanto o más determinante los testimonios de otros actores políticos, responsables policiales y los más de 400 agentes de Policía, Guardia Civil y Mossos y ciudadanos que estuvieron presentes en las movilizaciones de septiembre y octubre de 2017. A ellos también va a aplicar el tribunal la regla de circunscribirse a los hechos, por lo que las fuentes consultadas consideran que algunas de las declaraciones van a durar escasos minutos. En el turno de agentes y ciudadanos, el tribunal cuenta con escuchar varias decenas de testimonios por sesión, aseguran estas fuentes.