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El juicio del ‘procés’ empieza el día 12 con Rajoy, Urkullu y Colau citados como testigos

El Supremo cita a más de 500 personas y rechaza que acudan observadores nacionales e internacionales

El furgón de la Guardia Civil con los políticos independentistas sale de la prisión de Brians hacia Madrid. En vídeo, así trasladan a Madrid a los nueve presos del 'procés'.

Ya hay fecha: el Tribunal Supremo anunció este viernes que el juicio del procés empezará el próximo 12 de febrero. Y detalles: el tribunal citó a medio millar de testigos para un juicio que se prolongará alrededor de tres meses. Por la sala donde se celebrará la vista, desfilarán miembros de la cúpula del Gobierno de Mariano Rajoy, incluido el expresidente; dirigentes políticos catalanes como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; diputados de la anterior legislatura y de la actual, entre ellos, el presidente del Parlament, Roger Torrent; y decenas de policías, mossos d’esquadra, guardias civiles y ciudadanos que vivieron algunas de las movilizaciones de septiembre y octubre de 2017 en las que la Fiscalía asienta las acusaciones de rebelión.

Tras una deliberación que se alargó más de lo previsto, el Tribunal Supremo ha puesto fecha al inicio del juicio del procés, que sentará en el banquillo al exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y otros 11 líderes independentistas catalanes. Finalmente, las defensas tendrán 11 días para preparar las primeras sesiones, la mitad de las tres semanas de plazo que había pedido el abogado de Junqueras, pero algo más de los siete días de antelación que la abogada del presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, consideraba necesarios como mínimo.

El tribunal solo ha fijado por ahora seis días de los alrededor de tres meses que se estima que durará la vista: el 12, 13, 14, 19, 20 y 21 de febrero, a partir de las 10 de la mañana. En esos seis días la sala pretende abordar las cuestiones previas y el interrogatorio de los procesados, aunque fuentes del tribunal no descartan que haya que habilitar algún día más para las declaraciones de los líderes independentistas, a los que la Fiscalía acusa de rebelión, malversación y desobediencia.

El ministerio público pide entre 7 y 25 años de cárcel para los 12 acusados: además de Junqueras, los exconsejeros Raül Romeva, Josep Rull, Jodi Turull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borràs; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la ANC y actual diputado de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart. Los nueve que están en prisión preventiva (todos menos Vila, Mundó y Borràs) fueron trasladados este viernes desde las cárceles catalanas en las que estaban desde julio pasado a prisiones de Madrid.

Además de la fecha del juicio, el Supremo desveló este viernes otra de las incógnitas que estaba pendiente de resolver: qué testigos iban a ser llamados a declarar durante la vista oral. La Fiscalía había pedido 256 y la sala los ha aceptado todos. La Abogacía del Estado se adhirió a esta relación, Vox solicitó alrededor de 60 y las defensas más de 400. El listado total de testimonios a los que ha dado el visto bueno el tribunal suma más de 500 personas, que empezarán a desfilar por el Supremo hacia finales de febrero, cuando terminen los interrogatorios a los acusados.

El juicio del ‘procés’ empieza el día 12 con Rajoy, Urkullu y Colau citados como testigos

Quién es quién. Estos son los protagonistas, varios de ellos huidos de España, y su situación procesal, con las peticiones de pena de la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

Por el Salón de Plenos del alto tribunal pasará el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, cuyo testimonio ha sido pedido por Vox y por algunas de las defensas. El Supremo lo ha aceptado porque el escrito de acusación de la Fiscalía nombra al entonces jefe del Ejecutivo en dos momentos centrales del procés: los requerimientos que envió a Carles Puigdemont el 11 y el 19 de octubre de 2017 (días después de la consulta independentista del 1-O) para que comunicara si se había declarado la independencia y acatara la legalidad. Pero las defensas y las acusaciones podrán preguntarle sobre otras actuaciones que llevó a cabo su Gobierno relacionadas con el desafío independentista. Y Rajoy, a no ser que el tribunal considere que la pregunta no tiene nada que ver con lo que se está juzgando, estará obligado a contestar.

Al contrario de lo que ocurre con los acusados, que pueden negarse a responder a todas o a algunas de las partes durante un juicio, los testigos sí que tienen el deber de hacerlo, por lo que, a la vista del listado de testimonios admitidos por el Supremo, durante el juicio del procés se van a vivir careos de gran calado político. Todo ello, a pocos meses, o semanas, de las elecciones europeas, autonómicas y municipales del 26 de mayo. Vox, el aspirante a ser la gran revelación en esos comicios, va a encontrar en el juicio, que se retransmitirá en directo por televisión dentro y fuera de España, un potentísimo altavoz para extender su mensaje ultranacionalista español.

Santamaría y Urkullu

Además de Rajoy, el Supremo también va a citar a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría; el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, el lehendakari, Iñigo Urkullu, el presidente del Parlament, Roger Torrent, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

La Sala, en un auto de 145 páginas redactado por el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, ha aceptado la petición para que comparezca el expresidente de la Generalitat Artur Mas (que estuvo imputado en la causa pero no fue procesado), diputados como Gabriel Rufián y Joan Tardà  (ERC) y los cuatro exmiembros de la Mesa del Parlament a los que el Supremo procesó por desobediencia pero que finalmente serán juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Lluís Guinó, Anna Simó, Lluis Corominas y Joan Josep Nuet). En la misma situación está la exdiputada de la CUP Mireia Boya, que también ha sido citada.

El tribunal ha rechazado algunas testificales, como la del rey Felipe VI (lo prohíbe el artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) y la del jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín (la sala explica que la ley no admite el sistema de “testigo por sustitución” que proponían las defensas). Tampoco ha sido aceptada la declaración propuesta por Vox de Alfredo Pérez Rubalcaba porque su testimonio se vinculaba a hechos anteriores a la consulta de 2014. Han sido excluidos también Carles Puigdemont y el resto de los procesados que están fugados y declarados en rebeldía.

Las defensas habían propuesto que acudieran observadores nacionales e internacionales para garantizar el respeto a los derechos humanos. El Supremo ha rechazado reservarles sitio en la sala: “La sala coincide plenamente con la defensa a la hora de subrayar la importancia de observadores que conviertan su presencia en un sano elemento de fiscalización del ejercicio democrático de la función jurisdiccional. Precisamente por ello ha autorizado —superando así restricciones históricas todavía vigentes en la mayoría de los países de nuestro entorno— que las sesiones del juicio sean televisadas en directo y mediante streaming en la web”, afirma el tribunal, que también ha descartado la presencia de expertos en derechos humanos, premios Nobel o intelectuales como Noam Chomsky y Paul Preston. El tribunal reconoce su “incuestionable peso intelectual” pero considera “prescindibles” sus opiniones personales sobre el procés.

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