El retraso del juicio del ‘procés’ desdibuja la huelga independentista

Ya hay fecha de inicio para el juicio del procés: será el 12 de febrero, después de semanas de incertidumbre en las que se barajaba la posibilidad de que empezase la semana antes. El sindicato minoritario Intersindical-CSC, de marcado carácter independentista, había anunciado que convocaría una huelga general que quería que coincidiese con el inicio del juicio. Finalmente la central ha hecho oficial este viernes que el paro que convoca será el 7 de febrero, a cinco días de que empiecen las vistas. No convocan ni CC OO ni UGT.

La Intersindical-CSC estuvo entre los organizadores de la jornada de paros y movilizaciones del 3 de octubre de 2017, y fue la principal impulsora de la huelga del 8 de noviembre de ese mismo año, dos fechas en las que el independentismo protestó contra la actuación policial durante la celebración de la consulta del 1 de octubre, y contra el ingreso preventivo en prisión de los principales líderes del procés.

En esta ocasión el sindicato convoca un paro general para protestar contra el juicio que empieza contra los políticos y activistas independentistas, que llevan más de un año en prisión y a los que se les acusa de delitos de rebelión, sedición y malversación. El objetivo de este sindicato es movilizar al independentismo a las puertas del juicio, aunque su retraso haya hecho que la convocatoria de la huelga sea para casi una semana antes del inicio de las sesiones.El secretario general de este sindicato, Carles Sastre (conocido por su antigua pertenencia a grupos terroristas en los años ochenta, y por su condena por banda armada y asesinato) ha explicado que la jornada de huelga cuenta con el apoyo de otros sindicatos como Ustec, CGT, y las plataformas de estudiantes SEPC y Unis per la República.

En el preaviso de huelga que presentaron el pasado viernes, el sindicato esgrime argumentos laborales para la convocatoria de la huelga. De hecho, este sindicato ya afrontó demandas por parte de Foment del Treball, que pidió declarar ilegales las anteriores jornadas de paro general al entender que los motivos eran políticos y no laborales. En la última ocasión, en noviembre de 2017, el tribunal rechazó el recurso de la patronal catalana.