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El tribunal permite a los acusados hablar en catalán, pero con traducción consecutiva

La defensa de los dirigentes catalanes acusados en la causa del 'procés' había solicitado traducción simultánea para los interrogatorios

En primer término, el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, junto a la consejera de Agricultura, Teresa Jordà; el presidente del Parlament, Roger Torrent; el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, el portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, entre otras autoridades, siguen el juicio. ÁLVARO GARCÍA / ATLAS

Los acusados en el juicio del procés podrán realizar sus declaraciones en catalán, si así lo desean, para lo que el tribunal ha dispuesto la presencia de dos intérpretes jurados de traducción consecutiva. La sala presidida por Manuel Marchena rechaza que los interrogatorios se realicen mediante traducción simultánea, ya que supondría que "todos los que están en esta sala o fuera de esta sala y que no disponen de auriculares no podrían entender las respuestas exoneratorias de los acusados". La interpretación simultánea es la traducción oral de un discurso a medida que se va desarrollando. En la consecutiva el principio es simple: el orador habla, el intérprete escucha, toma notas y luego reproduce el discurso en el idioma de destino.

Este es uno de los puntos que se han abordado en la resolución de las cuestiones previas con la que ha arrancado este jueves la tercera jornada del juicio a los dirigentes independentistas en el Tribunal Supremo, poco antes de que el exvicepresidente del Gobierno catalán Oriol Junqueras comenzara su declaración, que finalmente ha sido en castellano.

El tribunal ha determinado que “cualquiera de los procesados o acusados que quiera responder en su propia lengua materna podrá hacerlo”. Marchena ha añadido que los acusados podían optar por su lengua materna por "razones emocionales” y usando intérpretes. Pero también ha subrayado que “esta decisión no está vinculada a una hipotética indefensión”. Es decir, si deciden declarar en castellano, no se está vulnerando su derecho a la defensa jurídica que recoge la Constitución.

Lo que Marchena no ha permitido es que los letrados realicen las preguntas a sus clientes en catalán. El presidente del tribunal ha replicado que esto está en contra de la legislación, que establece que en las actuaciones judiciales se usará el castellano. En las comunidades autónomas con una lengua oficial propia también se podrá usar este idioma.

"Llevamos cuatro meses en la causa exclusivamente en castellano y no se ha hecho la más mínima alusión a la reivindicación de la posibilidad de responder en la lengua catalana", ha recordado Marchena. El presidente del tribunal ha puesto de relieve que los acusados, en fase de instrucción, no pidieron declarar en catalán para defenderse mejor cuando estaba en juego la posibilidad de ingresar en prisión provisional. En diciembre, el tribunal ya avanzó que no pondría inconveniente a que los acusados declararan en la lengua que prefirieran.

¿Siempre se puede declarar en catalán?

En opinión de José Manuel Chozas, profesor de Derecho Procesal en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), "el tribunal está queriendo ser lo más garantista posible con los derechos de los acusados, para no dejar ningún fleco susceptible de recurso”. Chozas añade que el tribunal “se podría haber negado” a que los acusados declararan en catalán sin que esto supusiera ninguna infracción legal y recuerda que fuera de las comunidades autónomas con otra lengua oficial, los tribunales no tienen obligación de permitir otra lengua que no sea el castellano. Cuando quien declara es extranjero o se aporta una prueba documental en otro idioma sí se proporciona un intérprete o una traducción jurada.

El presidente del tribunal ha adaptado al caso normas administrativas sobre el uso de lenguas cooficiales españolas y la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias, citado por numerosas defensas para su pretensión de que en el juicio haya un servicio de interpretación simultánea. Según Marchena, esta Carta "no otorga derechos individuales ni colectivos a los hablantes de una lengua minoritaria", sino que concede el derecho a reclamar que se apliquen los principios que se exponen.

Este documento también se citó en la sentencia de 2008 por la que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó repetir el juicio contra los jóvenes Jaume Roura y Enric Stern, condenados a una multa por quemar una foto del Rey. La Audiencia consideró que no se respetó su derecho a poder declarar en su lengua, anulando la sentencia dictada el 22 de noviembre de 2007 y ordenando que se celebrara un nuevo juicio. Los presos vascos acusados de terrorismo también se pueden expresar en euskera en la Audiencia Nacional sin ninguna objeción desde hace años. "Se trata de casos muy excepcionales", apunta Chozas, que recalca que la decisión final depende del juez.

Julio Banacloche, director del Departamento de Derecho Procesal y Penal de la UCM apunta precisamente el caso de Roura y Stern para explicar por qué se ha permitido declarar en catalán: "Se está haciendo un esfuerzo máximo para ir más allá de lo que dice la ley", para evitar que la defensa pueda aducir "una vulneración de los derechos fundamentales, en este caso del derecho a la defensa".

El presidente del tribunal ha recordado que las recomendaciones del Consejo de Europa sobre el uso de las lenguas oficiales en el ámbito de la administración de Justicia se refieren a las comunidades autónomas con otros idiomas propios. Esta limitación territorial está reconocida por la propia Generalitat de Cataluña, ha dicho Marchena. En el ámbito judicial estatal, el Estatuto de Autonomía dispone que los ciudadanos podrán dirigirse a los tribunales en catalán “por escrito” y que esos escritos podrán tener plena eficacia jurídica. “Eso es lo que va a hacer esta sala: dar plena eficacia jurídica a los escritos presentados en catalán y reconocer el derecho de los acusados de responder en la propia lengua materna”.

El juicio a los dirigentes independentistas por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración unilateral de independencia arrancó el martes en el Tribunal Supremo en Madrid. En el banquillo se sientan Oriol Junqueras, los exconsejeros Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borràs; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la ANC y actual diputado de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart. La Fiscalía pide para ellos entre 7 y 25 años de prisión por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia. Se calcula que el juicio dure unos tres meses.

Hablar catalan en el juicio del proces

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