La Fiscalía contrataca

De los 12 políticos independentistas sentados en el banquillo de los acusados, solo uno —Jordi Sànchez— lleva un lazo amarillo en la solapa. Se trata de un pin pequeño, insignificante, al que nadie había dado más importancia que a la pulsera con la bandera de España que lleva en su muñeca izquierda Javier Ortega Smith, el abogado de Vox que cuando no ejerce la acusación popular en el Tribunal Supremo aparece junto a Santiago Abascal anunciando la reconquista de España.

Pero a las 13.03 de la segunda jornada del juicio, después de que los dos fiscales y la abogada del Estado hayan empleado más de dos horas en desmontar de forma concienzuda, a ratos brillante, el argumentario del independentismo, al otro abogado de Vox, Pedro Fernández, no se le ocurre otra manera de empezar su alegato que protestando ante el tribunal por el lazo amarillo de Jordi Sánchez.

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Puede parecer una anécdota sin importancia, pero no lo es. En la plaza de París, en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, hay dos mundos sentados frente a frente, cada uno con su discurso, que es como decir con su verdad. Durante los dos últimos años —ya no digamos durante el otoño efervescente de 2017—, el mundo independentista ha construido un discurso amable, el del derecho a decidir, el de una república joven frente a la monarquía, el de la libertad de unos jóvenes que bajan por Las Ramblas con una bandera catalana en forma de capa frente a los furgones de la policía.

Ante ese discurso, el otro mundo —el de los partidos políticos, el de los medios de comunicación, el de las redes sociales— se ha mostrado incapaz de elaborar otra retórica igual de atractiva. De la misma forma que el abogado Pedro Fernández, cuando estaba en juego la verdad, entraba al trapo de los lazos amarillos. Esa dinámica se rompió este miércoles. Los fiscales, Javier Zaragoza y Fidel Cadena, y la abogada del Estado, Rosa María Seoane, ofrecieron, cada uno en su estilo, una respuesta contundente, casi inaudita, por cuanto en ningún foro hubo hasta ahora el silencio y el tiempo necesario. Es muy posible que hasta este miércoles los líderes independentistas ahora encarcelados no hayan tenido la oportunidad —ni las ganas, ni la obligación— de escuchar íntegramente, durante dos horas largas, la verdad de los otros. Lo primero que hizo Javier Zaragoza, un fiscal curtido en la lucha contra el terrorismo de ETA y el narcotráfico internacional, fue despejar la sensación de que quien estaba siendo juzgado no era la insurrección secesionista, sino el propio Estado. “Paradójicamente”, dijo Zaragoza mirando ora a los presos, ora a sus abogados, “ustedes pretenden sentar al Estado en el banquillo diciendo que esto es un juicio político. Y eso no es verdad. La verdad es justo la contraria. Este es un juicio en defensa de la democracia”.

Durante una hora, el fiscal Zaragoza se empleó en demostrar, manejando abundante jurisprudencia, que España no es un país menos democrático que cualquier otro de su entorno, y que jamás se pretendió juzgar ni al independentismo ni siquiera al proyecto soberanista, sino unos hechos concretos que vulneraron la ley. “El derecho de autodeterminación”, llegó a decir, “es una idea legítima mientras se defienda por los cauces constitucionales, y es verdad que el diálogo es sin duda la base de la democracia, pero siempre que se produzca dentro de la legalidad y no como una imposición”.

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Tanto los acusados como sus abogados siguieron con gran atención las intervenciones de los fiscales Zaragoza y Cadena y de la abogada Seoane. Los tres hicieron múltiples referencias al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para defender la instrucción. Aquí, vinieron a decir una y otra vez los representantes del Estado, cumplimos los parámetros de calidad democrática y jurídica que exige Europa. Había una razón de peso para esa estrategia. El día anterior, algunos de los defensores seguían más empeñados en criticar al Estado que en defender la inocencia de sus clientes. A pesar de que algunos de ellos, como Oriol Junqueras —que declara este jueves— se enfrentan aquí 25 años de cárcel, sus abogados siguen fiándolo todo a Europa. “Me sabe mal decirlo”, confesaba durante el receso uno de los defensores menos afectos a la causa independentista, “pero creo que mis compañeros se están equivocando de estrategia y sus clientes pueden pagar las consecuencias. Dicen para la galería que esto es un juicio político, pero todos sabemos que es un juicio penal, y si lo pierden, sus clientes irán a la cárcel”.

A las 13.03, finalmente, le toca al turno al abogado de Vox. Fernández le pide al tribunal que prohíba a los acusados —en realidad solo Jordi Sànchez— portar lazos amarillos. Parece que el presidente, Manuel Marchena, estaba esperando la pregunta. Le responde que la justicia europea condenó a Bélgica —ese paraíso para los independentistas— y a Bosnia por impedir que unos acusados portaran símbolos religiosos, y que los lazos amarillos tienen la misma consideración por cuanto pueden considerarse símbolos ideológicos. La respuesta de Marchena, terminante, deja sin palabras al abogado de Vox. El ruido tendrá que esperar.

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