La contundencia de la Fiscalía augura un juicio de alto voltaje

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La primera intervención de la Fiscalía en el juicio del procés permite augurar que en el Tribunal Supremo se van a vivir sesiones de alto voltaje. Los alegatos políticos que blandieron las defensas de los líderes independentistas en la sesión del martes tuvieron este miércoles una respuesta contundente por parte del ministerio público. “No se persigue una ideología que puede ser defendida en un sistema democrático, sino unos hechos como forma de intentar imponer un planteamiento político a los demás”, zanjó el fiscal Javier Zaragoza.

La Fiscalía cree que el discurso de las defensas de los líderes independentistas tiene mucho de posverdad, ese neologismo que el Diccionario Oxford coronó en 2016 como palabra del año y que alude a afirmaciones que no están basadas en hechos objetivos sino en una distorsión deliberada de la realidad. Lo dijo este miércoles el fiscal Fidel Cadena. “Formas de expresión repetidas mil veces pueden parecer una verdad pero no es así. La soberanía reside en el pueblo español y no se puede sustituir por la soberanía de ninguno de los pueblos que lo integren”.

La actuación de Cadena complementó la pronunciada minutos antes por el fiscal Javier Zaragoza, el encargado de abrir la segunda sesión del juicio del procés y que lanzó una durísima respuesta a los discursos cargados de mensajes políticos que las defensas expusieron el día anterior. También él reprochó a los líderes independentistas cierta tendencia a reescribir lo que ocurrió en los meses críticos del procés: “Pretenden crear una visión distorsionada de la realidad con el exclusivo fin de desprestigiar la justicia española y cuestionar la calidad democrática Estado de derecho”.

La de este miércoles estaba llamada a ser una intervención de contenido técnico, en respuesta a las cuestiones previas que los abogados de los acusados han pedido que el tribunal resuelva antes de entrar en el fondo del juicio. Pero la intervención de los dos fiscales tuvo la contundencia que normalmente se reserva para el alegato final de una vista oral.

Aunque sus discursos estuvieron dominados por argumentos jurídicos, los fiscales se adentraron por momentos en el terreno más político. Como cuando Zaragoza aludió a esa consigna que repiten los líderes secesionistas que culpa al Gobierno central del desafío independentista por su nula predisposición para dialogar sobre el derecho de autodeterminación de Cataluña. “No parece de recibo culpar al Estado de una supuesta falta de voluntad de diálogo como factor desencadenante o que aboca a ese factor de quiebra del orden constitucional”, señaló.

Zaragoza y Cadena, que fueron compañeros de carrera, se dividieron el turno de intervención y, entre ambos, intentaron desmontar, uno a uno, los argumentos y las “masivas” vulneraciones de derechos fundamentales que denunciaron el martes los abogados del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los otros 11 acusados. En la causa abierta contra los líderes independentistas catalanes ni se persiguen ideologías, ni se vulnera el derecho a votar ni se impone caprichosamente una unidad territorial, zanjaron los representantes del ministerio público.

Entre las estrategias de algunas de las defensas está dar la vuelta al proceso y convertir a los procesados en víctimas y al Estado en acusado. El fiscal Zaragoza censuró ayer esta actitud. “La justicia se ha limitado a aplicar la ley. Hubiera sido una irresponsabilidad que la justicia penal no hubiese reaccionado”, advirtió Zaragoza, que citó un editorial de EL PAÍS del pasado 27 de enero para abundar en este argumento: “No se juzga a dirigentes que reclamaban libertades sino que querían arrebatarlas”.

Los fiscales se reafirmaron en la acusación de rebelión que atribuyen a los principales procesados y dieron por consumada la violencia que define este delito y que va a estar en el centro del debate jurídico durante la vista. El Govern, el Parlament y los líderes sociales, señaló el ministerio público, “lanzaron” contra los agentes de policía y guardia civil a los ciudadanos “como murallas humanas”. Y para ello, contaron con el apoyo de los Mossos, “que se pusieron del lado de la rebelión”.

Tras la intervención del ministerio público tomaron la palabra Abogacía del Estado y Vox. La abogada del Estado, Rosa María Seoane, hizo una intervención muy jurídica en la que rechazó la larga lista de vulneraciones de derechos fundamentales. Vox incidió en esta línea y sumó la defensa del delito de organización criminal que el partido ultra atribuye a los líderes del procés y las otras dos acusaciones no contemplan.

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