Eduardo Santos, impulsor de la primera ley autonómica contra la pederastia en la Iglesia: “Debe haber criterios claros de indemnización”

Navarra ha sido pionera en aprobar una ley que reconoce y repara a las víctimas de pederastia en el seno de la Iglesia católica ―Ley Foral 24/2022, de 5 de julio―. Una norma que entró en vigor tres años y medio después de que José Luis Pérez denunciara en Cadena SER Navarra los abusos sexuales sufridos en el colegio Padres Reparadores de Puente La Reina. La tramitación de la norma tuvo sus obstáculos, el entonces consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos (Pamplona, 51 años), acaba de publicar un libro —Justicia restaurativa y víctimas de pederastia en la Iglesia Católica, editorial Escuela de Mediación— en el que recopila el proceso.

Su llegada a las librerías coincide con el anuncio de la Iglesia navarra de que indemnizará a las víctimas reconocidas oficialmente por el Gobierno foral. El arzobispado indemnizará a las personas violentadas en su diócesis y las congregaciones lo hará a quienes sufrieron abusos a manos de sus clérigos. Santos considera que este avance es “lógico” y que “rellena el hueco que faltaba en la ley”, pero critica que la institución se reparta los denunciantes: “La Iglesia Católica frente a la sociedad es un ‘todo’ representado por el Arzobispado. No es así estrictamente para ellos, pero el criterio que tiene que darse es la satisfacción de las víctimas. No las puedes ir mareando de ventanilla en ventanilla. Tiene que haber un procedimiento de reconocimiento único, que en Navarra lo hay, y unos criterios claros de indemnización, independientemente de donde salga luego el dinero”. Unos criterios que deben ser acordados con el Gobierno foral porque “nada es ajeno a lo público en esta cuestión”.

Es un problema público y eso llevó al primer gobierno de María Chivite (PSN, Geroa Bai y Podemos Ahal-Dugu) a elaborar una normativa específica. Delante, un folio en blanco, pues solo contaban con ejemplos a nivel internacional. Se encargó una investigación a la Universidad Pública de Navarra (UPNA) que identificó 58 víctimas desde los años cuarenta del siglo pasado y, al menos, 31 agresores. Entonces, el departamento apostó por la justicia restaurativa. “Es una manera de hacer justicia que no se focaliza en el castigo al victimario. Tenemos una víctima a la que, en la medida de lo posible, tenemos que restaurar; un victimario al que no vale únicamente con castigar, también tendrá que reconocer el daño causado. Y luego tenemos la comunidad, que tiene mucho que decir porque si no, se articularía un proceso privado en el que estaríamos dando poder al victimario con dinero o posibilidades”. Es una justicia que “no excluye el castigo, el juicio penal ni las garantías para el victimario”.

Reconoce que hay quienes desconfían de los facilitadores que intervienen en estos procesos. En referencia al Caso Errejón y al incisivo interrogatorio a Elisa Mouliaá, se plantea: “A mí me pueden decir, ¿quién es ese facilitador? ¿Qué control tenemos sobre él? ¿Y qué control tenemos sobre ese juez que dice ‘a ver, Elisa...’? Y tenemos que escuchar lo que tenemos que escuchar. Y eso pasa todos los días”. Santos, abogado de profesión, cree que en los procesos penales la víctima suele ser tratada como testigo: “A veces le piden que se ciñan a los hechos cuando lo único que quiere decir es el miedo que pasó”. Es un sistema “hostil”, hay que aplicar cambios, pero defiende también sus bases: “Nos ha costado siglos obtener garantías para los procesados, como el derecho a no declararse culpable, a que sea el fiscal el que pruebe tu culpa, y eso tampoco lo podemos tirar a la papelera”.

La ley foral explora, precisamente, la vía de la justicia restaurativa. Regula la comisión parlamentaria de reconocimiento de víctimas y determina las reparaciones, que son simbólicas, morales y que pueden incluir también la terapia psicológica. Uno de los denunciantes, por ejemplo, pidió revisitar el colegio donde fue abusado junto con un miembro del arzobispado.

Santos, que ahora es miembro del Consejo de Navarra, está de acuerdo con el Defensor del Pueblo en que hay una “laguna” en la ley navarra y es la ausencia de una reparación económica, aunque subraya que se planteó como un “primer paso”. “Navarra no tenía competencias en Educación y no era Comunidad foral cuando sucedieron algunos de estos hechos. Entonces, ¿qué haces?, ¿generas una desigualdad entre cuándo sí y cuándo no indemnizas? Y luego, ¿va a entrar el arzobispado a un fondo de compensación si no entra la Conferencia Episcopal Española? Y después, ¿hubiéramos conseguido los consensos políticos para aprobarla si hubiera habido dinero de por medio? No se planteó, pero podía ser una dificultad objetiva”.

La segunda laguna que señala es no haber contado con el apoyo del que era el principal partido político: Navarra Suma (UPN, PP y Ciudadanos). La formación votó en contra al considerar que se estaba discriminando entre víctimas. Santos discrepa: “Hay discriminación cuando se tratan de forma diferente situaciones que son objetivamente iguales. Aquí hablamos de víctimas, muchas ancianas, con los temas prescritos, sin ninguna ventanilla articulada. Si esto me lo quieres comparar con un caso que ahora se dé, por ejemplo, en un ámbito deportivo donde la presión social es mucho mayor, va a actuar la Fiscalía... pues yo creo que no se vulnera el principio de igualdad”.

En 2023, Navarra reconoció públicamente a las primeras víctimas, pero la Iglesia no se implicó. El punto de inflexión se produjo en enero de 2024, cuando Florencio Roselló accedió al cargo de arzobispo y, como primeras medidas, pidió perdón a todos los denunciantes y ordenó la participación de la institución en la comisión de reconocimiento. Dejó atrás a su predecesor, Francisco Pérez, que solo se había disculpado con las víctimas del Colegio Diocesano del Puy, dependiente del arzobispado. “Nos piden que pidamos perdón y yo, humildemente, así lo hago”, expresó.

Decenas de casos de abusos sexuales

Pese a la postura mantenida hasta el momento, Pérez reconoció en su despedida la existencia de una decena de casos de abusos sexuales en la diócesis desde 2007. Para Santos, el recorrido realizado por la Iglesia navarra es fruto de esta política restaurativa y niega que se les presionara para no obligar a la Iglesia a reconocer su responsabilidad: “Tú no puedes poner precondiciones para comenzar un proceso de responsabilización del victimario que consiste, precisamente, en que esa entidad entre en el diálogo, entienda a las víctimas, y se responsabilice”.

Santos no cree que los pasos dados por la Iglesia navarra vayan a marcar un punto de inflexión a nivel nacional. “Navarra está mucho más avanzada en la medida en que tiene una ley y un procedimiento de reconocimiento. En España no tienen esa presión. Hay un informe del Defensor del Pueblo, pero no se ha hecho nada”. Incide, asimismo, en las contradicciones entre las instituciones eclesiásticas. La Conferencia Episcopal Española ha anunciado que “el informe Para dar luz lo van a meter en un cuarto oscuro”, lo que “va en dirección completamente opuesta” al arzobispado navarro.

“No sé cómo solucionará la Iglesia esa contradicción entre unos arzobispados que van a dar pasos hacia adelante, unas congregaciones que seguramente también lo hagan, y una conferencia episcopal que es quien interlocuta con el Gobierno del Estado y establece criterios a nivel general”. “Se puede dar una Iglesia a dos o tres velocidades”, advierte. Destaca el caso de víctimas reconocidas por el Gobierno foral “a las que el arzobispo anterior pidió perdón públicamente y que en el informe Para dar luz se dice que no eran creíbles”.

El abogado navarro no descarta que se le pueda exigir al Gobierno de España algún tipo de responsabilidad subsidiaria por “haber cedido el ámbito educativo a la Iglesia Católica”. En ese caso, habría que determinar cuál es su cuota de responsabilidad y los criterios de indemnización. Cree que al Gobierno central le “falta dar un paso adelante”, aunque reconoce que “poner únicamente la responsabilidad en un gobierno sería difícil”. Para Santos, el escándalo de la pederastia en la Iglesia terminará “cuando sean serios, determinen que esto existió y acuerden con el Estado un procedimiento para abordarla”. Un proceso que pasa, sin duda, por la apertura de archivos: “El derecho a la verdad de las víctimas está ahí. Memoria, verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición. Está todo inventado”.

Santos defiende la necesidad de mantener unos límites y se plantea: “Si yo hago un juicio 50 años después de suceder los hechos, ¿en qué medida estoy haciendo un juicio justo? Han desaparecido las pruebas. La propia víctima corre un riesgo tremendo de contradecirse y el victimario, ¿dónde está?”. Es cierto, apunta, que cuando se es menor de edad, no se puede denunciar, pero ya se ha ampliado el plazo de prescripción en el Código Penal: “Vamos a dejarte todo el aire que necesites, pero una cosa es pensar eso, estableciendo una proporcionalidad y unos límites, y otra decir que va a ser imprescriptible”.