El Gobierno arremete contra el juez del ‘caso Errejón’ y reivindica la necesidad de juzgados especializados en violencia sexual

La filtración de las declaraciones en sede judicial de Elisa Mouliaá y de Íñigo Errejón, tras la denuncia interpuesta por la actriz al exportavoz de Sumar, ha desatado una oleada de críticas contra el juez que instruye el caso, Adolfo Carretero, quien preguntó a la mujer en un tono muy ofensivo la razón por la que no paró al político cuando este la acosaba presuntamente o las causas por las que no lo denunció antes. El magistrado valoraba en sus preguntas si habría intereses espurios y consultaba a Errejón si le prometió algo que después ella no encontró. “¿No será que usted quería algo con ese señor y al no corresponderle ese señor por eso ahora le denuncia, porque ese señor se ha reído de usted?”, le decía a la denunciante. “Usted es una persona acostumbrada al público, ¿no fue capaz de decirle que las condiciones no eran aceptables?”, le planteaba. “¿Estaba muy ebria seguro?”, le repreguntaba también.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, Félix Bolaños, ha expresado preocupación este martes en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros por que las imágenes del interrogatorio se hayan difundido: “Están afectando a la sensibilidad y a cuestiones muy íntimas de personas que están incursas en un procedimiento judicial”. Además, ha recalcado que es imprescindible que los jueces y magistrados tengan “conocimiento profundo” de cuestiones de género para saber cómo gestionar este tipo de casos tan sensibles. “Visto ese interrogatorio, es imprescindible que estos juicios de agresiones sexuales se conozcan con secciones especializadas, que es precisamente lo que acabamos de aprobar en la Ley de Eficiencia del Servicio Público”, ha señalado Bolaños.

Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha mostrado también su “preocupación” ante esta filtración y ha llamado a no cuestionar a las víctimas. “Ver las imágenes que hemos podido ver todos los ciudadanos, como mujer, me ha dolido mucho. Esa normalidad en las filtraciones son las que generan preocupación, sobre todo, porque en los juicios, y especialmente cuando estamos frente a juicios de temáticas tan delicadas, lo que se debe es valorar las pruebas y, sobre todo, no cuestionar a las víctimas”, ha expresado.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, Esther Erice, ha difundido también un comunicado, que ha suscrito además la vocal del Observatorio Esther Rojo, para expresar su rechazo a la filtración de los vídeos de las declaraciones prestadas ante el juez por la denunciante y por el investigado, “máxime tratándose de un procedimiento seguido por violencia sexual”. En el escrito, recuerda la especial protección que la ley otorga al derecho a la intimidad de las víctimas de este tipo de delitos y señala que se trata de un proceso en trámite respecto del que cualquier valoración podría constituir una intromisión en la función jurisdiccional del titular del órgano, cuyas actuaciones están sometidas al sistema de recursos.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé una especial protección de la intimidad de las víctimas de violencia sexual, pues prohíbe la divulgación o publicación de información relativa a su identidad, de aquellas circunstancias que hubieran sido valoradas para resolver sobre sus necesidades de protección, así como la obtención, divulgación o publicación de imágenes suyas o de sus familiares.

La presidenta del Observatorio, prosigue el escrito, “confía en que medidas como la atribución del conocimiento de las causas por delito sexual a juzgados especializados y con formación específica que ha realizado la LO 1/2025 [la misma norma a la que se refiere Bolaños] aporte una sustancial mejora en la instrucción y resolución de estos delitos”.

Preguntada por la filtración y el tono de los interrogatorios, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha mostrado su rechazo este martes en Valencia: “Durante más de 25 años he sido abogada especializada en violencia machista y la verdad es que lo que vi ayer no me ha gustado”, ha dicho. “Ni los tonos ni los comportamientos, y digo esto con todo el respeto a la judicatura, pero parece que son tonos más propios del pasado que de una sociedad española que clama también por más feminismo”, ha aseverado, informa Cristina Vázquez.

Reacciones en redes sociales

En las redes sociales también han reaccionado varios responsables políticos. “Este tipo de interrogatorio revictimiza a las mujeres y las aleja de la denuncia y de la protección. El juez debe valorar las pruebas, no cuestionar a la víctima”, criticaba este lunes la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

“Los mismos que no necesitan formación ni les vas a decir tú lo que es el consentimiento preguntan por qué no le paraste o si denuncias por despecho. A ver si el problema no son las feministas ni la ley sólo sí es sí, sino los jueces machistas contra el derecho a la libertad sexual”, ha reprochado la exministra de Igualdad Irene Montero. “Solo sí es sí significa que es él quien debe asegurarse de que hay consentimiento. Exigir a las mujeres resistencia expresa, asumiendo que solo hay agresión si hay violencia o intimidación, es cultura de la violación y un prejuicio de la justicia patriarcal. No demos pasos atrás”, ha pedido. Después, ha reprochado al Gobierno “haber permitido la ofensiva judicial contra la ley solo sí es sí”.

“Hoy todo el mundo entenderá por qué solo un 8% de las mujeres denuncia casos de violencia sexual”, publicaba este lunes la ex portavoz de Vivienda de Sumar Alejandra Jacinto. Por parte de esta formación política, tanto Aina Vidal (Comuns), como Verónica Martínez Barbero, la portavoz del grupo, han cargado contra el magistrado. “No hay ninguna mujer que pueda soportar una situación como esta”, ha expresado Vidal, que ha calificado de “inaceptable” que un hombre explique a una mujer cómo tiene que sentirse ante una agresión sexual. “Los juzgados”, ha insistido, “tienen que ser un lugar seguro”.

El portavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha subrayado la importancia de que los jueces “reciban una formación de género”. Mientras, Miguel Tellado, portavoz del PP, ha evitado pronunciarse y ha explicado que su formación no hace declaraciones sobre la actuación de los jueces. Victoria Rosell, la exdelegada del Gobierno contra la violencia de género, también reaccionó: “Espero que no solo las feministas, también la abogacía, judicatura y fiscalía actúen ante las filtraciones, vulneraciones de derechos y grave maltrato institucional, incluidos gritos e interrupciones constantes a una denunciante de agresión sexual. No normalicemos, es muy grave”.

En una entrevista con Radio Nacional de España la magistrada de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Madrid, María del Carmen Gámiz, ha explicado que como jueza prefiere que la víctima declare en un clima más calmado y de una forma más fluida, sin tanta pregunta que corte la declaración, una situación que puede hacer que la denunciante se sienta cohibida.

La Asociación de Mujeres Juristas Themis también ha expresado su más rotunda condena ante la actitud y el tratamiento judicial hacia la actriz: “Las preguntas realizadas por el juez representan una grave revictimización y refuerzan los prejuicios y estereotipos de género que afectan de manera sistémica a las mujeres en los procesos judiciales relacionados con violencia sexual”. El abogado de la acusación popular, Jorge Piedrafita, explicó que el juez fue incisivo y cree que si el relato de Mouliaá logró sostenerse ante las preguntas incómodas es porque es “consistente”, según comentó en el telediario.