La Iglesia navarra indemnizará a las víctimas de pederastia

La Iglesia navarra va a indemnizar económicamente a las víctimas de pederastia en el entorno católico que hayan sido reconocidas oficialmente como tales por el Gobierno foral y que hayan solicitado este tipo de reparación. Lo ha confirmado este viernes el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Roselló, que ha apostado por “iniciar ya” esa reparación, que será también psicológica, moral y pastoral. Roselló ha expresado que “son casos todos prescritos”, pero que la institución tiene el “compromiso moral de asumirlo”.

El arzobispo comunicó esta decisión a principios de semana tanto a las dos asociaciones de víctimas que hay en la comunidad como al Ejecutivo navarro. El modo de proceder de la institución eclesiástica navarra ha dado un giro determinante desde hace un año, cuando Roselló accedió al cargo en sustitución de Francisco Pérez. Además de pedir perdón a todas las víctimas, una de las primeras medidas que adoptó fue la de permitir que la Iglesia participara en la comisión que reconoce oficialmente a los denunciantes como víctimas de abusos. Hasta ese momento, el arzobispado se había negado a ello. Desde que se puso en marcha en octubre de 2022, la comisión ―y por ende el Gobierno navarro― ha reconocido oficialmente a 23 víctimas.

En una rueda de prensa en la que ha hecho balance de este primer año como arzobispo, Roselló ha confirmado que las reparaciones se abonarán con “fondos de la Iglesia”. “En Navarra hay abusos por parte de sacerdotes, pero también por parte de religiosos. Los que sean de parte de la diócesis lo repararía el arzobispado con fondos del arzobispado. Los que son de congregaciones religiosas tendrían que repararlos ellos. No obstante, nosotros desde aquí lo vamos a intentar coordinar”, ha dicho.

La noticia ha sido acogida con optimismo por parte de las asociaciones de denunciantes. El presidente de Asociación de Víctimas de Pederastia en Instituciones Religiosas de Navarra (AVIPIREN), Marcos Leyún, ha expresado que este paso “es esperanzador”. “Después de tantos años de dar la vara, por fin parece que están dispuestos a asumir responsabilidades, a pagar indemnizaciones o recuperaciones psicológicas...”.

En cualquier caso, Leyún no comparte que se diferencie entre los fondos económicos de las congregaciones y los de la diócesis navarra: “Él [Roselló] dijo que mediaría ante las congregaciones religiosas. Si eso supone que se va a limitar a dejarles el paquete y que lo solucionen, no me parece bien. Al fin y al cabo, así como el Estado no es responsable civil subsidiario de los delitos de pederastia cometidos por la Iglesia Católica, sí que me parece que la Iglesia Católica es responsable civil subsidiaria de los centros religiosos católicos. Con lo cual, creo que no se puede limitar a decir que os paguen los que os hicieron esto”.

José Luis Pérez, la primera persona en denunciar públicamente su caso en Navarra en 2019 y miembro de AVIPIREN, ha añadido: “Todo esto está debajo del mismo paraguas y ese paraguas es la Iglesia. ¿La Iglesia somos una? Pues venga. No me parece bien el tú reparas, tú a tu manera, tú lo que tengas... me parece un error”.

Si la decisión y las indemnizaciones dependen de las congregaciones, estas víctimas podrían tardar mucho más tiempo en recibir el dinero. Eso no pasaría, no obstante, con los denunciantes de pederastia en el Colegio Diocesano del Puy de Estella, dependiente del Arzobispado. Buena parte de ellos se aglutinan en la Asociación de Víctimas de Abusos. Su presidente, Jesús Zudaire, ha afirmado que se les ha trasladado que en tres o cuatro meses van “a cobrar los nueve abusados del Puy porque al ser colegio diocesano es responsabilidad directa del arzobispado”.

La cuantía final de esas reparaciones se desconoce, pero ya se ha anunciado que lo determinará la Comisión Asesora de Reparación Integral, un órgano consultivo dependiente de la Conferencia Episcopal Española. Roselló ha expresado que tanto la CEE como la Confederación Española de Religiosos (CONFER) “caminan juntos”, por lo que no tendrían por qué plantearse grandes obstáculos.

Sobre cómo se van a establecer las indemnizaciones, el arzobispo ha detallado que variará en función del abuso sufrido. “El criterio que se va a seguir es el siguiente: a un tipo de abuso le corresponde, según el derecho penal, este tipo de indemnización. También [se tendrá en cuenta] el baremo que alguna otra conferencia episcopal europea ya ha ido aplicando porque en algunos [países] ya se ha reparado [a las víctimas]”. La comisión que tomará la decisión final está formada por profesionales “de reconocido prestigio en España” y en ella no hay ningún clérigo, ha aclarado. “Yo creo que es bueno que no seamos nosotros ni sean las víctimas, sino que sea un elemento externo. Estamos en manos de ellos en cuanto nos digan, sí”.

Esta circunstancia tranquiliza y da algo más de confianza a las víctimas. Leyún ha señalado que “por lo que parece”, van a hacer una especie de peritación psicológica. “La alternativa sería que cada uno dijese qué es lo que cree que deben indemnizarle y a mí eso no me ha parecido nunca bien. Lo mismo que en un juicio hay unos peritos que valoran unos daños y unos peritos médicos que valoran daños de tipo psicológico sanitario, en este caso se tiene que hacer de la misma manera”, ha dicho. Por su parte, Pérez ha afirmado que “es mucho mejor porque es gente más preparada y del exterior. Es más limpio. Si los sacerdotes nos hicieron lo que nos hicieron, que esta comisión esté formada por sacerdotes es como meter al zorro dentro del gallinero, no te puedes fiar”.