Un grupo de víctimas de pederastia de la Iglesia belga demanda al Estado

Un grupo de víctimas de pederastia de la Iglesia católica belga ha demandado al Estado de Bélgica, después de que la justicia decidiera archivar una investigación abierta hace 15 años, la denominada Operación Cáliz, sobre abusos sexuales a menores por parte de religiosos y los intentos de diversos responsables eclesiásticos de silenciarlos. La ley estipula que “las víctimas deben ser tratadas de forma correcta y concienzuda”, ha explicado el abogado de los demandantes, Water Van Steenbrugge, al diario flamenco De Standaard. “Consideramos que ese principio no ha sido respetado”, ha agregado.

La justicia belga anunció el lunes la decisión de archivar el caso, siguiendo las recomendaciones de la Fiscalía, que consideró que no se podía condenar a nadie “porque los hechos han prescrito o porque no pueden ser probados, o porque ya han sido juzgados por un tribunal o porque los sospechosos han fallecido”. Una parte de las víctimas que había iniciado la demanda decidió tirar la toalla judicial ante lo que calificaron de un “proceso viciado”, según la prensa belga. No obstante, ahora han decidido pedir responsabilidades directamente al Estado.

“Hemos luchado durante años. Que la Operación Cáliz no haya llevado a ninguna parte, sigue siendo difícil de aceptar”, ha declarado a De Standaard una de las víctimas de los abusos y del encubrimiento posterior de la Iglesia, Linda Opdebeeck. “Ahora se considera que la mayor parte de los hechos han prescrito, pero sigue habiendo responsables”, ha subrayado. También ha lamentado que, con la decisión del lunes de archivar la causa, “ya no hay esperanza de que sepamos cómo se trató a los agresores dentro de la Iglesia”.

La Operación Cáliz comenzó en junio de 2010, cuando un juez de instrucción ordenó registros policiales en el Arzobispado de Malinas, en la catedral de San Rumoldo, donde llegaron a abrir varias tumbas, en la residencia privada del cardenal Godfried Danneels, en los Archivos del Estado y los de la comisión entonces dirigida por el psiquiatra infantil Peter Adriaenssens, que investigaba los abusos infantiles en el seno de la Iglesia.

Casi 15 años más tarde, la justicia le ha dado el portazo final a un proceso plagado de denuncias por “disfunciones” y por su larga duración. La Iglesia católica belga no ocultó, tras conocer la decisión, su alivio por el fin de un proceso en el que siempre negó haber actuado de mala fe. “Los obispos siempre cooperaron plenamente en las investigaciones lanzadas en 2010 y nunca ocultaron los hechos”, ha expresado la Conferencia Episcopal en un comunicado en el que también negó taxativamente “haber destruido documentos” que podrían haber arrojado luz sobre las acusaciones.

La emisión, a finales de 2023, de un documental flamenco sobre algunas de estas víctimas, Gotvergeten, desató una nueva oleada de indignación social que no logró apaciguar ni la disculpa pública que hizo el papa Francisco cuando visitó Bélgica, en septiembre del año pasado, y se reunió con algunas de las víctimas. Una indignación social que, en parte, se ha trasladado en una cifra récord de apostasías en el país, más de 14.000 entre julio de 2023 y junio de 2024, según datos de la propia Iglesia.