Navarra reconocerá a las víctimas de abusos en la Iglesia ya prescritos

Navarra promulgará una ley para reconocer como tales a las víctimas de pederastia en la Iglesia católica, esclarecer los delitos cometidos por los miembros de esta institución en la comunidad y “contribuir a una memoria colectiva, democrática y crítica” sobre el problema. El borrador de la norma, al que ha tenido acceso este diario, contempla la creación de una “comisión de reconocimiento” compuesta por expertos que valorarán, durante seis años de trabajo, las solicitudes de las personas que afirmen haber sufrido abusos por parte del clero y quieran beneficiarse de la ley. La norma, pionera en España, considerará por primera vez como afectados a muchas víctimas, ya que la mayoría de las que han relatado su caso en los últimos años no son reconocidas jurídicamente como tales, puesto que el delito ha prescrito. El ámbito de aplicación solo contempla los delitos cometidos en el territorio navarro.

No es el primer paso que el Gobierno foral da en esta cuestión: en 2019 fue la primera institución pública en encargar una investigación independiente que aportara una radiografía sobre los casos de pederastia en la región. En seis meses encontró a 31 abusadores y 58 víctimas. En la creación del borrador han colaborado los tres partidos que forman parte del Gobierno foral (PSN, Geroa Bai y Podemos), Izquierda-Ezkerra (coalición de IU y Batzarre) y EH Bildu, aunque aún se desconoce quién registrará el documento y cuándo. El Ejecutivo afirma que Navarra Suma (Unión del Pueblo Navarro, Ciudadanos y Partido Popular) está al corriente de esta iniciativa, pero que todavía no se ha pronunciado. “En estos momentos, los partidos están ultimando tanto cuestiones técnicas como relativas al nombramiento de los miembros de la comisión”, precisa un portavoz del Departamento de Políticas Migratorias y Justicia. De cualquier forma, la mayoría de los partidos del Parlamento navarro se ha mostrado a favor de su aprobación, señala esta fuente.

El documento subraya que el objetivo de esta nueva normativa será “documentar con el máximo rigor, veracidad y coherencia” cada caso, “promover un reconocimiento institucional y social de las víctimas, favoreciendo su visibilidad y su satisfacción personal” y acometer los trabajos de la forma más rápida posible para evitar “trámites formales que alarguen o dificulten innecesariamente” el proceso. “La declaración del afectado implicará el derecho al reconocimiento público de la condición de víctima. Ese reconocimiento público deberá compaginarse con el derecho de la víctima, cuando lo solicite expresamente, a preservar su intimidad”, añade el texto.

Jesús Zudaire se siente agradecido por esta iniciativa, que califica de “pionera”. Tras años de terapia psicológica, denunció en 2019 al sacerdote José San Julián Luna, fundador y director del colegio diocesano El Puy en Estella (Navarra), por abusar de él en los años setenta en el centro. Pero no pasó nada: el caso estaba prescrito y el arzobispado de Pamplona, dice, se desentendió. “Por eso esta es una ley integral y muy progresista, que no nos sana, pero nos alivia mucho los sufrimientos que hemos pasado. Es muy importante para nosotros que institucionalmente se nos denomine víctimas de abusos y se nos incluya en la memoria histórica, especialmente para los que hemos denunciado y la ley no nos permite seguir adelante, porque el delito ha prescrito o los victimarios han muerto”, explica Zudaire, presidente de las Asociaciones de Víctimas de Pederastia en la Iglesia Navarra.

“Es un ejemplo del que deberían tomar nota en Madrid”, añade Zudaire, en alusión a las dos investigaciones que se han puesto en marcha en España en lo que va de año, la que que liderará el Defensor del Pueblo (aún sin noticias de cómo se articulará) y la encargada por los obispos al bufete Cremades & Calvo-Sotelo, y que la mayoría de las víctimas considera que “no será imparcial”. La colaboración de la Iglesia en ambas investigaciones será esencial para conocer la dimensión del problema, como también en la comisión de la ley foral.

Por esa razón, el consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra, Eduardo Santos, lanzó un mensaje el 11 de febrero a la jerarquía eclesial para que no percibiera estas iniciativas como un ataque: “No es un problema de la Iglesia católica, sino en la Iglesia católica. Y, por lo tanto, el diálogo debe ser fluido y constante”. La proposición de ley recoge que el Gobierno foral se ofrecerá como puente entre las víctimas y sus agresores o los representantes de la Iglesia para llevar a cabo encuentros, similares a los que existen entre las víctimas del terrorismo y los presos de ETA. “El objetivo es dotar de instrumentos para que se alcance una justicia restaurativa”, dice un portavoz.

Un equipo independiente que no cobrará un sueldo

La comisión que valorará las solicitudes de reconocimiento, destaca el borrador, “actuará con autonomía y plena independencia” para cumplir sus trabajos “con objetividad, profesionalidad, integridad, imparcialidad y confidencialidad”. También deberá abstenerse de “intervenir en cualquier causa que esté siendo objeto de investigación penal” y no “podrá señalar responsabilidades penales” a los acusados. Estará formada por cuatro expertos del ámbito histórico-jurídico y psicológico, dos representantes de la Iglesia católica de Navarra (designados por el arzobispado de Pamplona y Tudela) y dos representantes de las asociaciones de víctimas. El presidente será elegido entre los miembros por mayoría simple. No cobrarán un sueldo por su trabajo, aunque aquellos que no pertenezcan a la Administración tendrán derecho a dietas.

El equipo se reunirá al menos una vez cada tres meses y elaborará un informe anual con los resultados de sus investigaciones: número de solicitudes presentadas, características de los datos recabados y cualquier dato que “ayude a tener un conocimiento exhaustivo y real de lo sucedido”. Además, tras los seis años de trabajo, la comisión publicará un estudio final con todos los resultados obtenidos.

Para solicitar el reconocimiento de víctima, los interesados deberán presentar una solicitud en la Oficina de Asistencia de las Víctimas del Delito, el organismo encargado de atender a las víctimas de delitos violentos y sexuales. Cuenta con un equipo de psicólogas, trabajadoras sociales y especialistas del ámbito jurídico y administrativo que, desde la aprobación de esta ley, también acogerán y entrevistarán confidencialmente a los afectados de pederastia. Además de la atención presencial, el organismo ha abierto dos vías de contacto: el teléfono 848 42 33 76 y el correo electrónico ofidel@navarra.es.

La solicitud deberá contener una descripción lo más detallada posible de los hechos y podrá ir acompañada de documentos e informes que aporten pruebas. La oficina la trasladará a la comisión de reconocimiento. Esta, si lo considera oportuno, podrá escuchar a la víctima y solicitar entrevistas a testigos y a aquellas personas “que, bien por su conocimiento directo de los hechos o bien por su experiencia en la materia, pudieran aportar información”. La comisión podrá requerir documentos a otras administraciones públicas, entidades u órganos privados, siempre en los límites marcados por la legislación. Finalmente, deberá trasladar al Departamento de Justicia la propuesta correspondiente. Y en un plazo de tres meses, este comunicará a la persona interesada si ha sido aceptada o denegada su solicitud.

Si conoce algún caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusos@elpais.es