La Iglesia cambia el rumbo de su discurso sobre la pederastia

La dirección del discurso de la Conferencia Episcopal Española (CEE) sobre su gestión de los casos de pederastia ha sufrido un viraje en las últimas semanas: del negacionismo a reconocer que la Iglesia ha llegado tarde a hacer frente al problema. “Es de sabios rectificar”, respondió este jueves el presidente de la CEE, el cardenal Juan José Omella, ante las preguntas de este diario tras su entrevista en Roma con el Papa. Omella admite que las recientes publicaciones periodísticas han ayudado a ese cambio de postura en la cúpula de la Iglesia para que, hace dos meses, encargase a un bufete de abogados una auditoría para conocer los casos del pasado, investigar el encubrimiento y reparar a las víctimas. Palabras que desentonan con las pronunciadas hace justo tres años, en abril de 2019, por el secretario de la Conferencia, el obispo Luis Argüello: “No realizaremos un informe. Investigaremos los casos que nos comuniquen, pero no iremos con una lupa. No hay datos. ¿Qué hacemos? ¿Coger un túnel del tiempo?”.

Junto a las publicaciones de numerosos casos en la prensa, el dosier entregado al Papa en diciembre de 2021 y la presión social, un cargo eclesiástico afirma que a este giro de 180 grados también se suma un cambio dentro de la CEE. “Hay un tercio de los obispos españoles, en su mayoría los más jóvenes, que sin ellos no estaríamos hablando de Cremades [despacho al que la Conferencia le ha encargado la auditoría]. Han hecho y hacen mucha presión para que la Iglesia cambie la dirección sobre cómo actuar frente a los abusos y su pasado. Era una situación que clamaba al cielo”, subraya esta fuente. Pese al cambio de postura, se sigue percibiendo una falta de transparencia en varios puntos sobre este tema en los que, a lo largo de estos tres últimos años y a través de sus declaraciones, la CEE se ha contradicho.

España es una excepción

Una de las explicaciones que la CEE ha dado cuando se le preguntaba por qué no ponía en marcha una comisión de investigación independiente como en los últimos años ha hecho la Iglesia alemana o francesa (donde salieron a la luz cientos de casos) es que España podía ser una excepción. “Quizá en la sociedad española, por la misma manera de vivir de los sacerdotes en la vida parroquial, por su relación con el pueblo, por el estilo de los seminarios, es que el número de abusadores eclesiásticos ha sido menor”, argumentó Argüello el 25 de febrero de 2021, durante una rueda de prensa tras la primera plenaria del año.

Justo un año después, en febrero de 2022, el portavoz de los obispos reconoció por primera vez en una entrevista en Ràdio Estel, la emisora del Arzobispado de Barcelona, que si la Iglesia española ponía en marcha una investigación independiente del pasado como la que hicieron los prelados franceses (cuyos resultados estiman en unas 330.000 el número de víctimas en los últimos 70 años) le llevaría “a unas conclusiones de alguna forma similares”.

“Solo son pequeños casos”

Pese a las constantes preguntas de los medios sobre cuál es el número de casos que la Iglesia conoce y ha gestionado en sus tribunales, la jerarquía eclesial siempre ha respondido con evasivas o aportando datos poco concretos, sin aclarar la fecha y el lugar. Incluso hasta 2020, según informó un portavoz a este diario, la Conferencia no contabilizaba las víctimas que salían en prensa, una dinámica que también ha cambiado en los últimos meses, cuando Omella se reunió oficialmente con asociaciones de afectados. El 25 de febrero de 2021, el también portavoz de los obispos informó en una rueda de prensa que el número de denuncias que habían recibido hasta la fecha en sus oficinas de atención a víctimas (abiertas desde 2019 por orden del Papa en cada episcopado) habían sido “muy pequeñas”. Pese a que la CEE afirmaba no tener el número concreto de los casos que los obispados habían recibido, estimaba que habría “entre siete u ocho”.

Un día antes, EL PAÍS publicó un reportaje tras preguntar a cada una de las 70 diócesis el número de casos de los que tenía constancia en las últimas décadas. De ellas, 32 aceptaron informar, aunque la mayoría no contabilizaba ninguno. Solo 15 obispados admitieron 45. Un número que no cuadraba con el que dio Argüello.

En abril de ese mismo año, la CEE aportó por primera vez datos sobre pederastia en España: no preguntó a las diócesis, sino a la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde los obispos deben comunicar desde 2002 los casos que conocen. En los últimos 20 años, Roma había recibido 220 denuncias de sacerdotes, 144 de ellos dependientes de los obispados (ese recuento no incluía a los religiosos que no son curas). De esta publicación se podía interpretar dos lecturas. O las 38 diócesis que no compartieron sus datos con EL PAÍS dos meses antes (muchas de ellas las más pequeñas en extensión) habían recibido 99 casos (144 de los recibidos de Roma menos los 45 admitidos a este diario) o muchos de los obispos habían mentido.

Pese a ello, Argüello siguió insistiendo el 19 de noviembre de 2021 que las denuncias que habían llegado a las oficinas desde 2019 “solo son pequeños casos”. Cuatro meses después, y ya publicado el dosier elaborado por EL PAÍS con 251 casos inéditos y el anuncio de la CEE de investigarse a sí misma, los obispos y las órdenes religiosas hacen público nuevos datos de sus oficinas: 502 casos, 177 pertenecientes a los obispados, según los datos que la CEE presentó el pasado 31 de marzo a los delegados de estas oficinas. Las cifras pasaron en tres meses de “cero casos o ninguno” a medio millar. Argüello no explicó las cifras, simplemente informó de que ciertos casos posiblemente estaban duplicados, aunque no dijo cuáles.

“No tenemos poder”

La principal justificación de la CEE para no emprender una comisión independiente que investigase los casos del pasado era su falta de potestad sobre las diócesis, al tratarse de una organización colegiada. “Que cada diócesis haga lo que crea oportuno”, dijo en 2018 el por entonces presidente de la Conferencia, el cardenal Ricardo Blázquez. Desde entonces, ese ha sido el pretexto para no investigarse a sí misma de forma general. Hasta febrero de 2022, cuando la Comisión Ejecutiva encargó al bufete Cremades & Calvo-Sotelo una auditoria sobre el problema. No solo se firmó un acuerdo sin la votación a favor de todos los obispos españoles, sino que algunos de la misma Ejecutiva, como el vicepresidente de la CEE, el cardenal Carlos Osoro, no tuvo constancia de ello hasta después de que Omella aportase su rúbrica. En una entrevista reciente a EL PAÍS, Osoro confirmó que durante las negociaciones al respecto estaba de viaje en Roma y no se enteró de nada.

“La Conferencia ha pagado cero euros de indemnizaciones”

Las indemnizaciones a víctimas siguen siendo uno de los temas sobre los que la Iglesia en general y los obispos en particular han mostrado menos transparencia: no han informado de cuánto han pagado incluso, en algunos casos, de cómo lo harán en el futuro. Fernando Giménez Barriocanal, jefe de finanzas de la Conferencia Episcopal Española, dijo en una entrevista a este diario el 10 de noviembre de 2018 que la CEE había destinado, hasta ese momento, “cero euros a las diócesis españolas” para resarcir a los afectados de abusos. “Fuera de eso, la partida que pueda haber debe ser escasamente significativa en el conjunto de todas las de la Iglesia”, explicó Barriocanal pese a afirmar que desconoce cuánto dinero han pagado los obispos a las víctimas.

La CEE tiene potestad para reclamar directamente a cada obispo que le especifique cuánto ha gastado en indemnizar a víctimas de abusos: “Muchas diócesis siguen presentando sus balances con un apartado llamado ‘otros gastos’ donde no dan cuenta de en qué se han gastado ese porcentaje de dinero. Eso no te lo aceptan en Hacienda”, dice este especialista. Este diario ha cifrado en al menos 2.063.728 euros la cantidad que la Iglesia (diócesis y órdenes religiosas) ha pagado a 173 víctimas en las últimas cuatro décadas, según aparece en las sentencias judiciales y en la prensa, en este último caso sobre los episodios en los que varios obispos o congregaciones compraron el silencio de los afectados.

Tras el anuncio de la auditoría, el presidente de la CEE y el consejero delegado del despacho, Javier Cremades, insistieron durante la presentación de la misma el pasado febrero que la reparación de los afectados sería uno de los tres pilares de la iniciativa.

Una campaña anticlerical

El papel de la prensa ha sido otro de los puntos que ha cambiado de rumbo en el discurso de la Iglesia española. Cuando en octubre de 2018 EL PAÍS publicó su primer reportaje informando cómo la Iglesia había silenciado durante décadas los casos que conoció, muchos fueron los prelados que tildaron públicamente de anticlericales los motivos de estas informaciones. “Se quiere extender injustamente un velo de sospecha sobre la multitud inmensa de sacerdotes”, dijo el 15 de diciembre de 2018 el obispo de Ávila, el exsecretario de la CEE José María Gil Tamayo, durante su primera homilía como purpurado. Esa dinámica siguió incluso cuando este diario hizo entrega de su dosier, al que en una nota de prensa en diciembre de 2021 la CEE tildó de “poco riguroso”. De hecho, un día y medio después de hacerse público, la primera respuesta de su jefe de prensa fue desentenderse de la investigación que la Iglesia española, según el derecho canónico, estaba obligada a abrir y aseguró que la llevaría a cabo solo el Vaticano.

Poco después, varios obispos, como el de Bilbao y el de Santiago de Compostela, se pronunciaron a favor del trabajo de este periódico. Le siguieron otros, al igual que muchas órdenes religiosas. El cardenal Osoro admitió el mes pasado que sin este trabajo periodístico “la situación [de los abusos], posiblemente, no hubiese cambiado”. Durante su viaje a Roma de esta semana, Omella agradeció el trabajo a EL PAÍS y achacó las reacciones de los prelados a una cuestión de carácter: “A veces, todos somos un poco impulsivos y saltamos. Pero ya está”.

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