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El recuento que nadie quiere hacer: 108 casos con 357 víctimas

Los abusos destapados en ocho meses, desde que se intensificó la investigación periodística, ya casi doblan la cifra de los que se conocían hasta entonces

El primer y gran obstáculo para abordar el problema de los abusos a menores en la Iglesia católica española es conocer su verdadero alcance. La Conferencia Episcopal Española (CEE) y las diócesis apenas facilitan datos y, de momento, ninguna institución del Estado ha asumido esa responsabilidad. EL PAÍS está llevando la contabilidad de todos los casos que se van conociendo a través de denuncias y de los medios de comunicación. Ya lo hizo a partir de 2001 con el primer recuento sistemático de las víctimas de violencia de género, que más tarde usó la Administración cuando por fin abordó este problema.

La base de datos sobre los casos de abusos a menores en la Iglesia española ya es accesible en la web y será actualizada semanalmente. En ella se pueden consultar todos los casos conocidos año por año. El resultado es que en este momento, según este recuento, han emergido un total de 108 casos, con al menos 357 víctimas, desde 1986. En este enlace puede acceder a los datos en formato abierto.

Esta cifra significa que el número de casos de abusos que han salido a la luz en los últimos ocho meses, desde que este periódico comenzó a investigar este fenómeno, ya casi iguala la cifra de todos los que se conocían hasta entonces. En octubre de 2018 una primera información realizó una fotografía inicial de la cuestión en España, solo a través de las sentencias judiciales y eclesiásticas que fue posible localizar, que arrojó un total de 34 casos en 33 años. Posteriormente, se fueron sumando otros casos descubiertos en la hemeroteca y ascendieron a 57. Tras abrir un correo electrónico de recepción de denuncias, llegaron más de 200. EL PAÍS ha verificado y publicado una treintena de casos hasta el momento y sigue investigando cada una de ellas. Este impulso introdujo en la agenda un problema hasta entonces teóricamente inexistente, surgieron numerosas denuncias y otros medios comenzaron a investigar casos. De ahí que la cifra se haya disparado en muy poco tiempo.

España, con su inacción, continúa siendo una excepción a la hora de afrontar el problema de los abusos en la Iglesia. En todos los países ha sido la prensa la que comenzó a destapar casos, pero después tomó la iniciativa la propia institución eclesiástica o bien el Estado, con investigaciones rigurosas. En Alemania, por ejemplo, los obispos encargaron una auditoría externa. Llevó cuatro años y en septiembre de 2018 se hizo pública: de 1946 a 2014 sufrieron abusos 3.677 menores a manos de 1.670 religiosos. En Francia se creó en 2018 una comisión independiente que ha comenzado a investigar la cuestión, con un llamamiento en vídeo a las víctimas para que aporten sus testimonios, y esperan tener un informe en 2020 o 2021. En Irlanda fue el Gobierno quien creó una comisión de investigación en 2000 que entregó un informe demoledor en 2009. En Chile quien ha tomado la iniciativa es la Fiscalía, sin importarle que muchos casos estuvieran prescritos. En España, nadie.

La Conferencia Episcopal Española ya ha dicho que no va a investigar nada: “No realizaremos un informe. Investigaremos los casos que nos comuniquen, pero no iremos con una lupa. No hay datos. ¿Qué hacemos? ¿Coger un túnel del tiempo?”, declaró el 5 de abril el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello. Este organismo alega que son las diócesis las que deben responder por su cuenta. Argüello aseguró que en las diócesis no existen archivos que puedan contener información sobre estos delitos en las últimas décadas. Entre las órdenes religiosas, solo los jesuitas han anunciado que están investigando todos los posibles casos del pasado.

En cuanto al Estado, el Gobierno de Pedro Sánchez hizo un primer gesto en febrero, cuando surgían numerosas denuncias en la prensa: el Ministerio de Justicia pidió a la Fiscalía que le informara de cuántos casos se estaban instruyendo en este momento y tenían diligencias abiertas. Es el informe que ahora adelanta este periódico. Dos días después, Justicia también solicitó a la propia Iglesia que le informara de los casos que conoce. Pero no ha tenido respuesta.

En su primer acercamiento al problema, este periódico contactó con las 70 diócesis de España y solo cuatro admitieron conocer un caso, cinco de ellas dijeron no tener constancia de casos, una refirió que había recibido una denuncia falsa y tres evitaron hacer declaraciones. Tras la eclosión de decenas de casos, que llevaron a la creación de una comisión en la Conferencia Episcopal, y una cumbre en el Vaticano en febrero, este diario ha repetido la consulta con todas las diócesis. El resultado es que al menos algunas comienzan a romper el silencio. Tres de ellas, la archidiócesis de Barcelona, el obispado de Albacete y el de Solsona, han informado de que investigarán los posibles casos de abusos en el pasado. La diócesis de Bilbao, por su parte, ya ha hecho público que en 2017 comenzó a recabar información desde 1950 y solo encontró tres casos. No obstante, Argüello ha matizado que estas diócesis solo investigarán aquellos casos que conozcan a través de los denunciantes. Estas diócesis no han precisado cómo realizarán la investigación, si repararán económicamente a las víctimas (medida que muchos afectados ven esencial) y si harán públicos los resultados.

Además de preguntar por los casos conocidos, este periódico ha planteado a las diócesis si recabarán información para conocer los delitos de pederastia cometidos por clérigos en los últimos 30 años. Solo 16 diócesis han contestado al cuestionario. Junto a las cuatro mencionadas que han dado un paso hacia delante para conocer su pasado, tres han respondido que no (Burgos, Málaga y Jaca) y nueve no han querido precisar si finalmente lo harán (Sant Feliú de Llobregat, Terrassa, Coria-Cáceres, Madrid, Alcalá de Henares, Mondoñedo-Ferrol, Mallorca, Compostela y Segorbe-Castellón). La archidiócesis de Valladolid, encabezada por el presidente de la CEE, el cardenal Ricardo Blázquez, es una de las 54 que no han contestado a este diario.

Esta es la situación después de las investigaciones que han sacado a la luz más de una veintena de casos que la Iglesia encubrió y silenció desde 1940. Tampoco han respondido a este diario los episcopados dirigidos por prelados que han encubierto casos o han sido acusados de silenciarlos: Braulio Rodríguez (Toledo), Jesús Sanz (Oviedo), Carlos López (Salamanca) y Julián López (León). Ni Astorga, donde era obispo Juan Antonio Menéndez, presidente de la comisión de pederastia de la CEE, hasta su fallecimiento el pasado mes de mayo. Fue el primero en crear una delegación de apoyo para los afectados.

Si conoce algún caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusos@elpais.es.

Primeros encuentros con víctimas en la Universidad del País Vasco

La Universidad del País Vasco está organizando hasta 2020 en San Sebastián unos talleres para las víctimas de abusos en la Iglesia, dentro de una gran investigación interdisciplinar que supone una iniciativa inédita en España. “Lo que nos interesa es conocer el impacto en la vida de las víctimas, escucharlas. No tanto saber qué pasó, que damos por sentado que es verdad y no entramos a cuestionar. Tampoco son grupos terapéuticos, sino que queremos debatir y pensar juntos qué hacer, cuáles sus demandas a la Iglesia y a las instituciones. Identificar qué quieren, qué necesitan”, explica Gemma Varona, presidenta de la Sociedad Vasca de Victimología y responsable del proyecto. Forma parte de un plan de investigación del problema financiado por el Ministerio de Economía y realizado con la Universitat Oberta de Catalunya y la Autónoma de Barcelona. Culminará en la capital catalana con un congreso internacional en 2020.

"¿Por qué en otros países se hacen cosas, las instituciones reaccionan y aquí no?", se pregunta Varona. "Es una de las cosas que queremos entender y trasladar, explicar a la sociedad las experiencias de las víctimas, y ver a qué nos obliga como sociedad".

Los encuentros son en un espacio privado, en grupos pequeños de 10 personas como máximo, con total confidencialidad, y la organización corre con los gastos. Las víctimas interesadas en asistir o pedir información pueden escribir a: gemmamaria.varona@ehu.eus

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