Un informe oficial identifica a 58 víctimas de pederastia en la Iglesia de Navarra

Un informe de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), encargado por el Gobierno foral para averiguar la incidencia de la pederastia en la Iglesia en la región, ha identificado a 58 víctimas de abusos desde los años cuarenta del pasado siglo. Casi la mitad de los casos se desconocían hasta ahora y al menos ocho de los acusados fueron denunciados en su día, aunque tan solo fueron cambiados de colegio o centro. En cuatro casos de abuso se señala que hubo sumisión química de los menores. Ni el Arzobispado de Pamplona ni las órdenes involucradas han querido colaborar en la investigación. Es la primera vez que una Administración pública en España —un ejecutivo formado por PSN-PSOE, Geroa Bai y Podemos— lidera las investigaciones sobre el escándalo. Además, la comunidad impulsará una ley para el reconocimiento de las personas víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica.

El consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, ha subrayado este viernes que “el Parlamento es el que tiene que tomar cartas en el asunto como expresión de la soberanía navarra” y confía en que “con el impulso del departamento se puede generar un consenso para elaborar esta ley”. Junto con la norma, se creará una comisión de reconocimiento para validar “la condición de víctimas a todas aquellas personas que hayan sufrido abusos sexuales por parte de la Iglesia católica cuando eran menores, basándose en el examen profesional de cada caso”. Con los resultados de la comisión se elaborará además un censo para conocer el alcance de estos abusos.

Desde ahora, la Oficina de Atención a Víctimas del Delito de la Dirección General de Justicia será la encargada de canalizar todas las solicitudes y denuncias. El contacto se podrá realizar de forma telefónica en el número 848423376, a través del correo electrónico ofidel@navarra.es o de forma presencial en el Palacio de Justicia de Pamplona.

La alfombra que cubría los abusos sexuales a menores en centros religiosos comenzó a levantarse el 25 de febrero de 2019. Aquel día, José Luis —entonces se escondía tras el nombre de Guillermo— denunció a través de un sobrecogedor relato que su hermano y él habían sufrido abusos sexuales en el Colegio-Seminario de los Padres Reparadores, en el municipio navarro de Puente La Reina-Gares. José Luis abrió paso a más de una treintena de demandas solo en Navarra, que salieron a la luz a través de la Cadena SER, el Diario de Noticias de Navarra, y EL PAÍS.

Varios afectados fundaron la Asociación de Víctimas de Abusos en Centros Religiosos de Navarra, la primera asociación autonómica de estas características. Lograron llegar a las instituciones públicas. El 9 de octubre de 2019 comparecieron ante el Parlamento de Navarra, que instó al Ejecutivo a articular los medios y cauces necesarios para esclarecer los hechos. El informe, coordinado por el investigador de la UPNA Mikel Lizarraga y presentado este viernes por la mañana, es uno de los resultados. La primera muestra a pequeña escala de lo que podría acabar siendo una comisión nacional.

Los investigadores han entrevistado a un total de 42 personas, aunque se tiene constancia de otras 10 víctimas, identificadas a través de la prensa o de contactos iniciales con los investigadores, además de muchas otras decenas que se calcula que pudieron sufrir abusos a raíz de los testimonios de las víctimas. De ellas, 23 ya habían salido a la luz, pero cobran especial relevancia las otras 20 que han dado el paso ahora.

Además, en la última semana, ante el eco en los medios de la próxima publicación del estudio, al menos seis personas más se han puesto en contacto con los entrevistadores, lo que eleva el total de víctimas a 58. Esta cifra dobla la conocida hasta ahora, según la base de datos de EL PAÍS, la única de referencia en España ante falta de datos oficiales, que registra todos los casos publicados en este diario, más los aparecidos en otros medios, los reconocidos por la Iglesia y los resultantes de sentencias judiciales. En este momento contabiliza 611 casos —cada caso es un acusado— y 1.246 víctimas.

La teoría del iceberg

“La gran mayoría de los testimonios de abusos ocurridos en centros de enseñanza religiosos recogen que ellos no fueron los únicos en sufrirlos, calificándolos en algunos casos como generalizados entre los alumnos de la clase. Esto nos hace pensar, como parece lo más obvio, que en Navarra se cumple con la teoría del iceberg, al haber identificado una pequeña parte de las víctimas del total existente”, concluye el informe. Lo repiten varias víctimas en sus testimonios. “Creo que es un tema silenciado durante tantos años que ha dado tiempo a olvidarlo, excepto los que sufrieron abusos de alto calado que incluso padecieron secuelas. No creo que haya aparecido ni el 10% de los casos ocurridos”, dice una víctima de un marista de Pamplona.

“Lo que ha salido es la punta del iceberg. Tres amigos míos también sufrieron abusos a manos de religiosos y no han dicho nunca nada”, insiste otra afectada. “Habrá entre 400 y 500 víctimas, pero no dicen nada por miedo o por vergüenza”, añade otra víctima refiriéndose al Colegio diocesano del Puy en Estella. El informe refleja ese sentir: “Numerosas víctimas han comunicado conocer entre sus amistades o familiares más casos de abusos sexuales cometidos por religiosos, informando de casos y colegios concretos no identificados en la presente investigación”.

El documento publicado por la UPNA es de gran dureza, al recoger abusos sexuales y violaciones cometidos desde 1948 y hasta 1990 que implican al Arzobispado de Pamplona y Tudela —como máximo responsable de un colegio en Estella—, a 17 centros y otras instituciones y a 10 órdenes o congregaciones. Las víctimas tenían entre cinco y 17 años cuando sufrieron los abusos y sus testimonios apuntan al menos a 31 agresores. Se tiene constancia de otros siete religiosos que no se incluyen en el informe porque no hay testimonios directos de sus abusos, otros dos más cuyos abusos han sido acreditados pero no se conocen sus nombres, y una religiosa que actuaba como cómplice para que su compañera se excediera con las menores. Todo esto permite aventurar a los investigadores que la cifra de víctimas es mucho mayor, porque no se cree factible que estos agresores abusaran solo de uno o dos menores. Es más, al menos dos de los religiosos han sido calificados como “depredadores sexuales”, al haber sido entrevistadas cinco y 10 víctimas, respectivamente, de cada uno de ellos.

El informe incluye fragmentos de los testimonios de las víctimas. Un denunciante apunta que “para que un religioso tenga el mote de tocapitos, topi, imagínate lo general que era”. Otro asegura que “en todos los colegios pasaron cosas similares, en nuestra generación y anteriores. Ya os mandé la jota que hicieron los niños de escolapios en la generación de mi padre: ‘Si vas a los escolapios y ves al padre José, échate la mano al culo y arrímate a la pared’”. Otra de las víctimas, estudiante en el colegio de los jesuitas, cuenta que los abusos eran vox populi y que “entre los estudiantes se comentaba que si te sentabas al lado de J. y te dejabas tocar, aprobabas Dibujo”.

Seis de los agresores dependían directamente del Arzobispado de Pamplona y Tudela, en el colegio Puy de Estella, y 27 pertenecían a diferentes órdenes religiosas y había al menos un laico, que cometió los abusos siendo profesor en el colegio Escolapios de Pamplona. Los acusados en órdenes son: seis de maristas; cuatro de jesuitas; cuatro de salesianos; dos de los Padres Reparadores-Dehonianos; cuatro de escolapios; uno de las ursulinas; uno de los capuchinos; uno de los orionistas; uno de los claretianos; y uno, más dos no identificados, a los Padres Paules.

Aislamiento social de las familias

En su día, ocho de ellos fueron denunciados, pero la única medida adoptada fue trasladarlos de centro. Y, tal y como apunta el informe, “preguntados por estos traslados, ni el arzobispado ni las congregaciones religiosas reconocen que se debieran a los abusos cometidos y denunciados, aludiendo que se trataron de traslados rutinarios. Sin embargo, estos coinciden temporalmente con el momento en el que se presentaron las denuncias”. Un grupo de progenitores llegó incluso a denunciar los abusos cometidos contra cinco de sus hijas ante la Audiencia Provincial de Navarra que, no solo desestimó la demanda, sino que su acción se tradujo en el aislamiento social de esas familias y la culpabilización de las menores. Una sexta víctima de esos abusos reconoce que tardó cinco años en denunciar su caso porque no quería hacer pasar a su familia por lo mismo: “Entonces no se entendía que ellas eran las víctimas”.

Dos de los agresores, ante las denuncias, fueron trasladados a Chile, a un centro de menores con discapacidad muy profunda, donde volvieron a ser denunciados por abusar sexualmente de alumnos. El informe que se ha hecho público ha protegido la identidad de víctimas y presuntos victimarios ―por cuanto no han sido nunca juzgados―. No obstante, el Gobierno foral ya ha anunciado que el texto completo se va a enviar a la Fiscalía para que inicie las actuaciones oportunas.

Hay algunos casos que destacan por su especial crudeza. Los investigadores han clasificado los abusos en graves, intermedios y leves, que incluyen desde proposiciones indecentes a penetraciones, masturbaciones y sumisión química de los menores. De hecho, se han documentado hasta cuatro casos de sumisión a través de cloroformo y otros medicamentos a estudiantes internos en el Colegio Seminario de los Padres Reparadores en Puente La Rein – Gares y en el Colegio Salesianos de Pamplona. Una mujer de 87 años ha denunciado por primera vez en el informe que con cinco años fue violada en varias ocasiones por un religioso, amigo de los progenitores, que acudía a la casa familiar.

Los autores del estudio subrayan que el tiempo dedicado a la investigación fue demasiado corto si se compara con otros trabajos similares realizados en otros países. “Se ha contado con un plazo de seis meses (de junio a noviembre de 2021) en el que la mitad del periodo ha trascurrido en época estival, lo que ha supuesto que la mayor parte de los posibles interesados en participar se encontraran de vacaciones fuera de Pamplona”. Del mismo modo, subrayan la falta de colaboración en la investigación de del Arzobispado de Pamplona y del resto de congregaciones religiosas involucradas. Ninguna de ellas, añaden, accedieron a facilitar información sobre sus investigaciones y juicios canónicos que han realizado internamente en las últimas décadas. Colegios y órdenes solo han dado explicaciones escuetas o silencio. Esta es precisamente una de las principales reivindicaciones de los entrevistados, que la Iglesia reconozca el daño causado y permita acceder a los archivos.

Preguntados por cómo han percibido la actuación de las autoridades públicas, una parte de los entrevistados ha considerado que el Gobierno de Navarra, el único ejecutivo autonómico en mostrar un apoyo directo a las víctimas, ha actuado de forma positiva. “Nos hemos sentido bastante arropados”, “Ninguna queja, hemos tenido el apoyo del Gobierno de Navarra y de la sociedad civil”, son algunos de los testimonios. Hay para quien no ha sido suficiente: “Descafeinada”, “insuficiente, ahora lo están moviendo, pero ya es tarde”. Y hay quien lo define acudiendo al refranero: “Se podía hacer mucho más, pero con la Iglesia hemos topado”.

La investigación en Navarra no fue un proceso sencillo. Al menos cuatro de los miembros de la asociación de víctimas recibieron cartas anónimas de contenido amenazante. Incluso, ante la denuncia de abusos por parte de una mujer a manos de una monja ursulina, al menos 72 exalumnas publicaron una carta desmintiendo los hechos porque ellas nunca los habían vivido. Tras la publicación en la prensa de los primeros casos, el departamento de Política Migratoria y Justicia organizó una primera mesa redonda con víctimas. Mikel Eziolatza, que sufrió abusos en los Reparadores de Puente La Reina, contó ante una treintena de personas su sufrimiento y ayudó a que más víctimas dieran el primer paso. Muchas de ellas llevaban calladas más de 40 años. Al menos 19 intentaron denunciar su caso en comisaría, pero o bien la prescripción del delito o bien el fallecimiento del abusador impidieron que prosperaran. También se intentó la vía de la jurisdicción civil, pero la demanda fue desestimada por falta de pruebas. De forma paralela, las víctimas y el departamento de Justicia acudieron a órdenes religiosas y al arzobispado a pedir que se permitiera acceder a los archivos privados. Sin éxito.

El Gobierno foral y la asociación de víctimas, de la mano de la UPNA, organizaron en febrero de 2020 un congreso sobre pederastia en la Iglesia navarra, el primero de este estilo en España. Una jornada de carácter académico y multidisciplinar ―al que la Iglesia no acudió― y que sirvió de base para un libro financiado por el departamento de Justicia. El Gobierno foral también ha facilitado ayuda psicológica a las víctimas y encargó el estudio a la universidad, que ahora por fin ve la luz.

Si conoce algún caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusos@elpais.es