La Iglesia portuguesa abre sus archivos a la comisión que investiga los abusos sexuales

Los obispos portugueses permitirán a la comisión que estudia los abusos sexuales en la Iglesia el acceso a los archivos diocesanos para conocer aquellos casos que hayan podido denunciarse en el pasado en el seno de cada diócesis. La decisión fue tomada este miércoles por el consejo permanente de la Conferencia Episcopal Portuguesa, a la que pertenecen 21 obispos. Es un paso que afianza la estrategia de transparencia iniciada en noviembre, con la creación de una comisión independiente que estudia la pederastia en el ámbito religioso portugués entre 1950 y 2022 y que está presidida por el psiquiatra especializado en infancia y adolescencia Pedro Strecht.

El acceso a los archivos diocesanos depende de la voluntad de cada obispo, que solo responde ante el Vaticano. Según la Agencia Ecclesia, citada por el diario Público, la misión de estos archivos se recoge en el Código de Derecho Canónico que establece que cada diócesis cuenta con un archivo para albergar “los documentos que deben ser conservados en secreto”. En la próxima reunión plenaria de la Conferencia Episcopal, que se celebrará en abril, se establecerá un procedimiento común para trasladar a la comisión toda la información sobre abusos sexuales que se encuentre en los archivos.

En su primer mes de actividad, la comisión portuguesa ha recibido 214 testimonios de víctimas de abusos sexuales, aunque muchos de los relatos identifican agresores que abusaron de varios menores. “En muchos testimonios las víctimas no solo describen lo que les ocurrió a ellas, también apuntan hacia el conocimiento o una fuerte probabilidad de que, en aquellas circunstancias de tiempo y espacio, otros niños hayan sido víctimas del mismo abusador”, señalan en una nota de prensa.

Los casos denunciados hasta ahora proceden de personas que nacieron entre 1933 y 2006, lo que indica algunas agresiones sexuales recientes, cometidas cuando ya habían salido a la luz investigaciones sobre pederastia eclesiástica en otros países, como la desvelada en 2002 por The Boston Globe sobre los sacerdotes que habían cometido abusos en Boston y que habían sido protegidos por la jerarquía católica. También en 2002 se desvelaron en Portugal, gracias a una investigación del semanario Expresso, los abusos sexuales que se cometían desde hacía tres décadas en la Casa Pía, una institución estatal (no religiosa) que gestionaba una red de colegios. En esta red de pederastia estaban implicados conocidos personajes de la política, la televisión y la diplomacia, aparte de empleados de la Casa Pía.

Las víctimas que han trasladado su testimonio a la comisión lusa relatan abusos cometidos tanto en el Portugal continental como en los archipiélagos de Madeira y Azores. Su perfil social es heterogéneo. “Los relatos descritos revelan sufrimiento psíquico individual, familiar y social, a veces oculto durante décadas y, en muchas circunstancias, mantenido en secreto hasta el momento de declarar”, sostiene la comisión en su comunicado. “Ese sufrimiento se asocia a sentimientos de vergüenza, miedo, culpa y autoexclusión, reforzando la noción de afrontar vidas con la sensación de estar al margen”, añaden.

La comisión portuguesa es paritaria y está integrada por seis personas. Su presidente, Pedro Strecht, es un psiquiatra especializado en infancia y adolescencia que también participó en la atención a los menores abusados en el escándalo de la Casa Pía, que dio lugar a un largo proceso judicial de seis años. Strecht recibió el encargo de la Conferencia Episcopal de estudiar los abusos sexuales a menores el pasado noviembre y aceptó porque le dieron manos libres para elegir al resto del equipo, compuesto por profesionales de distintos ámbitos como la socióloga Ana Nunes de Almeida, el exministro de Justicia Álvaro Laborinho Lúcio, el psiquiatra Daniel Sampaio, la terapeuta Filipa Tavares y la cineasta Catarina Vasconcelos.

Los abusos comunicados a la comisión que no hayan prescrito serán denunciados ante los tribunales. El Parlamento portugués aprobó el pasado octubre un proyecto de ley para aumentar el plazo de prescripción de los delitos sexuales contra menores hasta los 15 años, que solo empezarán a computar cuando la víctima alcance los 35 y no con la mayoría de edad. En la práctica, permite alargar hasta los 50 años el momento en que la víctima pueda dar el paso de acudir a la justicia para denunciar su caso. Además, si el menor tenía menos de 14 años cuando ocurrieron los abusos, la prescripción será aún más tardía, ya que empezará a contar cuando el afectado cumpla 40 años (en la práctica podría denunciar hasta los 55).