El Defensor del Pueblo reclama en el Congreso que el Estado y la Iglesia “colaboren juntos” para indemnizar a las víctimas de pederastia

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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La tribuna del Congreso de los Diputados se ha llenado este jueves de víctimas de pederastia de la Iglesia católica, durante años invisibilizadas, para escuchar, por primera vez en la historia de la democracia española, un debate parlamentario sobre el escándalo de los abusos relacionados con el clero. Un año después de terminar su Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos, el Defensor del Pueblo ha acudido al Pleno para defender su trabajo y apremiar a los diputados —que le encomendaron por amplia mayoría la investigación en 2022 (solo Vox votó en contra)— para que acojan las 24 recomendaciones que ha incorporado en su estudio. La más importante: indemnizar a las víctimas de pederastia en la Iglesia.

El Defensor, Ángel Gabilondo, propone la creación de “un fondo estatal” para el pago “en aquellos casos en los que, por la prescripción del delito u otras causas” sea imposible denunciar el caso penalmente. Un órgano independiente, “de carácter temporal” y formado para la ocasión, instauraría el procedimiento a seguir por los afectados. En su discurso como Defensor del Pueblo, la idea más clara de Gabilondo ha sido reclamar al Estado y la Iglesia que “colaboren juntos” para indemnizar a las víctimas de pederastia. “Considero imprescindible que, por el bien de las víctimas, adopten compromisos conjuntos”, ha declarado.

Pese a que la encomienda a Gabilondo tuvo un apoyo aplastante de los parlamentarios, casi la mitad de las sillas del hemiciclo estaban vacías. No acudieron ni el ministro de Justicia, Félix Bolaños; ni la de Infancia, Sira Rego; ni el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo; ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se comprometió durante su debate de investidura a una reforma legal para atajar el sufrimiento de los afectados. El ánimo de los diputados parecía descafeinado. Mientras el Defensor leía relatos aterradores de las víctimas de abusos de la Iglesia, algunos diputados leían la prensa o revisaban sus cuentas de Instagram, según se visualizaba desde la tribuna de prensa.

Gabilondo ha hecho un repaso cronológico de la encomienda, ha explicado que el organismo creó dos grupos de trabajo que escucharon a 487 víctimas y recopilaron datos para la redacción del estudio. Dice así uno de los testimonios que ha leído el defensor: “Nunca se podrá saber qué hubiera sido de mí, de mi vida, sin mi experiencia de abuso, y nunca se podrá saber cuánto del ser mutilado que me he sentido se ha debido a ello. Solo puedo especular que he sido la sombra de lo que podría haber sido”.

El resultado del trabajo del Defensor fue demoledor: un 1,13% de la población residente en España —unas 440.000 personas, según cálculos de este periódico— ha sufrido abusos en el ámbito religioso, según estima la encuesta a gran escala que encargó para incorporar al estudio. Las conclusiones fueron muy críticas con los obispos españoles y varias órdenes religiosas, que en algunos casos ni siquiera contestaron a los requerimientos de la comisión del Defensor. El documento también corroboraba que la Iglesia encubrió cientos de casos a la vez que protegía a los pederastas.

Las conclusiones eran críticas con los obispos tanto por su papel en el pasado como por su poca participación durante su investigación. Por eso exige en su informe la colaboración de la Iglesia para que “asuma el compromiso de hacerse cargo de la totalidad o una parte sustancial de las compensaciones”. Los obispos ya han advertido que se negarán a colaborar y que prefieren poner en marcha un plan de reparación unilateral, a pesar de que decenas de víctimas están denunciando que el modelo actual de la Iglesia no solo es insuficiente, sino que en realidad no se está ejecutando. Según critican, la jerarquía eclesial no está reparando el daño causado, alarga los procesos canónicos de sus casos, no contesta a sus correos y les obliga a firmar cláusulas de confidencialidad. “Es el momento de tomar medidas concretas”, ha insistido Gabilondo.

El defensor ha subrayado durante su discurso que si “el silencio se ha roto” ha sido gracias “al esfuerzo de las víctimas” y al trabajo de los medios de comunicación. Gabilondo ha mencionado el trabajo de EL PAÍS, que en 2018 inició una investigación sobre el escándalo de los abusos clericales que en 2021 provocó que el Congreso encomendase a Gabilondo la redacción del informe que presenta ahora.

Tras una hora de presentación, los grupos políticos han pasado por el micrófono para mostrar su postura ante las recomendaciones del organismo dirigido por Gabilondo, aunque solo han hecho hincapié en unas pocas de las 24: el modelo para indemnizar a los afectados, la reforma para la imprescriptibilidad del delito y la revisión de los Acuerdos con el Vaticano. El PSOE, el PNV y Junts se ha comprometido a apoyar la creación del fondo estatal con la participación de la Iglesia. “Es necesario responder, ahora es el turno de las instituciones y los poderes públicos”, ha subrayado el diputado socialista Herminio Sancho, que ha afirmado que “el único ánimo” del Gobierno “es saldar una deuda con las víctimas” y que la voluntad del Ejecutivo “sigue siendo llegar a un acuerdo” con la Iglesia. De hecho, en abril, el Consejo de Ministros aprobó un plan de reparación calcando las recomendaciones del Defensor, pero los obispos españoles se negaron a cooperar y se tomaron el anuncio de estas medidas como un ataque.

Por el Grupo Mixto, la diputada de Podemos Ione Belarra ha empezado su discurso con una frase que definía la sensación general que se respiraba en la cámara: “España llega tarde”. También ha sido muy crítica con la investigación del Defensor, no por los resultados del trabajo, sino porque encajar el escándalo en un informe “ha usurpado a las víctimas el debate público” y ha ayudado a “perpetuar el silencio” de la Iglesia. Cuando el escándalo de la pederastia llegó al Congreso en 2022, antes de aprobar la encomienda al Defensor, Unidas Podemos, junto con ERC y EH Bildu, propuso una “comisión de la verdad” que investigase los casos recopilados por el Defensor y que pudiera “obligar a la Iglesia a cooperar”. La postura de su grupo parlamentario, “por urgencia democrática”, es reparar a las víctimas y que sea la jerarquía eclesiástica la que pague las indemnizaciones.

EH Bildu y Sumar también ha acogido las recomendaciones del defensor sobre la importancia de reparar a las víctimas, pero al igual que el grupo mixto, subrayan que debe ser la Iglesia la que debe hacerse cargo del monto, utilizando los fondos de los que disponen algunas diócesis o vendiendo sus propiedades. El grupo parlamentario de ERC ha enumerado otras medidas que consideran necesarias y también están incluidas en el informe del Defensor: la imprescriptibilidad del delito de pederastia, la apertura de los archivos de la Iglesia y la revisión del Concordato.

El Partido Popular también ha subrayado la necesidad de reparación de las víctimas y la dificultad, por el dolor causado, de llegar a que sea integral. No obstante, ha arremetido contra el informe del Defensor, que considera incompleto y con datos sesgados, especialmente en lo que se refiere a la encuesta, por no incidir en la gravedad de la totalidad de los casos de pederastia, más allá del ámbito religioso. Lo cierto es que el estudio de Gabilondo sí incorpora este dato: un 11,7% de las personas entrevistadas ha sido víctima de abuso sexual en la infancia o en la adolescencia, principalmente en el ámbito familiar, donde la mayoría de las afectadas son mujeres.

Por otro lado, la diputada del PP Marta González ha afirmado que la Iglesia ya encargó una auditoría independiente a un bufete y que utilizó las recomendaciones de reparación de este para elaborar el plan de indemnizaciones que los obispos quieren ejecutar unilateralmente. Pero no es así. Los resultados, redactados por el despacho Cremades & Calvo-Sotelo, también recomendaron un fondo de 50 millones de euros para que los obispos y órdenes religiosas pagasen las compensaciones, medida que la jerarquía eclesial ha rechazado.

Solo Vox, que votó en contra de la encomienda al Defensor, ha puesto en duda la veracidad de los testimonios, aludiendo que su partido está convencido de que “muchos de los casos dejan mucho que desear”. La mayoría de las víctimas se ha levantado y se han marchado del hemiciclo, mientras el diputado por Vox Ignacio de Hoces acusaba al Gobierno de estar en una “borrachera de revancha histórica contra la Iglesia católica”. Las víctimas han regresado a sus asientos cuando Hoces ha finalizado su intervención y han esperado en silencio hasta que los diputados han terminado el debate con la sensación de haber sido escuchadas y reconocidas oficialmente por el Estado. “Me siento feliz. Es el final de un camino. Son años enfrentando el silencio y la connivencia de una sociedad jerárquica y católica. A partir de ahora, nadie podrá negar su existencia y cualquier menor podrá denunciar esos abusos sabiendo que no están haciendo mal. Es un buen momento, un paso más, pero también el cumplimiento de un proceso importante y que ojalá tenga consecuencias futuras”, ha dicho con emoción Fernando Salmones, una de las primeras víctimas que en 2018 contó su caso en este periódico, cuando el muro del silencio de la pederastia clerical comenzó a agrietarse.