Junqueras rechaza contestar al fiscal por estar en un “juicio político”

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Oriol Junqueras ha optado este jueves por una estrategia arriesgada de defensa. El exvicepresident decidió no responder a las preguntas de las acusaciones y contestó solo a su abogado. Con esta decisión, su declaración fue un largo discurso político en el que reivindicó la legitimidad de su militancia independentista, pero perdió la oportunidad de explicar a fondo cada paso dado hacia la secesión para que el tribunal valore si hubo o no delito. Solo al final, rechazó haber alentado movilizaciones violentas y negó el uso de fondos públicos para el 1-O.

El exvicepresidente de la Generalitat tenía ayer la cita más importante que prevé un juicio oral para el acusado que se sienta en el banquillo: el interrogatorio de las acusaciones y las defensas sobre los hechos que se le atribuyen. Pero Junqueras optó por no contestar al ministerio público, la Abogacía del Estado y Vox. “Entiendo que estoy en un juicio político. Se me acusa por mis ideas, no por mis hechos. Y no contestaré a las preguntas de las acusaciones”, explicó.

La decisión de no contestar a una o a varias de las partes es un derecho que la ley reconoce a todo acusado. Pero implica renunciar a defenderse de una parte importante de los hechos de los que se le acusa, que, en el caso de Junqueras, equivalen a una petición de la Fiscalía de 25 años de cárcel por rebelión con malversación.

La estrategia de Junqueras, que según fuentes de su defensa fue consensuada con ERC, fue mal recibida por gran parte de los abogados del resto de acusados, que consideran que el juicio es la oportunidad para rebatir cada hecho que las acusaciones consideran delictivo y ellos, no. Junqueras no lo comparte. “Las acusaciones retuercen la argumentación. Desde mi punto de vista nada de lo que hemos hecho es delito. Ni votar en un referéndum ni trabajar para a independencia de Cataluña. Nada, absolutamente nada”, sostuvo ante el tribunal antes de que el presidente, Manuel Marchena, diera la palabra al abogado del exvicepresident, Andreu Van den Eynde.

A partir de ahí, la declaración de Junqueras pasó de puntillas por los hechos en los que se sustentan las acusaciones contra él y se centró en exponer detalle su trayectoria política como prueba de su inocencia. La suya, aseguró, es una trayectoria de lucha por la independencia, pero siempre con actuaciones “pacíficas” y “cívicas” que, en su opinión, resulta incompatible con los delitos que la Fiscalía dice que cometió.

Junqueras defendió el derecho a la autodeterminación e incidió en que el procés no fue otra cosa que la respuesta política de la Generalitat a la voluntad de la mayoría de los catalanes. Su partido siempre ha tenido la mano tendida para el diálogo con el Estado, pero al otro lado solo encontraban “una silla vacía”. “Nosotros solo queremos convencer en positivo, pero nos tratan como enemigos”, afirmó el exvicepresident, que insistió en la necesidad de buscar una “salida política” al conflicto catalán. “Es evidente que esto no se resuelve poniendo a la gente en la cárcel”, añadió.

En varias ocasiones se refirió Junqueras a la prisión provisional como el precio que ha terminado aceptando por su militancia política independentista. “Asumí ir a la cárcel” afirmó. En otro momento, pidió disculpas por expresarse con "demasiada pasión". "Pero es que llevo un año y medio en el que no me dejan hablar", ironizó.

Solo en la última parte del interrogatorio de su abogado, que se prolongó alrededor de una hora y media, hizo referencia explícita a los hechos que recogen los escritos de acusaciones, como la concentración en la Conselleria de Economía el 20 de septiembre de 2017 y la consulta independendista ilegal del 1-O, fechas en las que la Fiscalía concentra los episodios violentos que sustentan la acusación de rebelión. Junqueras se reafirmó en que la única violencia que se generó la ejecutaron las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. “Nunca avalamos la violencia. Porque cualquier noble objetivo en la vida puede resultar inmoral si los mecanismos que se usan para conseguirlo son indecentes”, afirmó el exvicepresidente. Insistió en que el movimiento independentista siempre ha sido pacífico y, por tanto, no es cierto que la Generalitat asumiera la posibilidad de que las movilizaciones desencadenaran en violencia, como dice el fiscal.

Junqueras también negó el delito de malversación que le atribuyen las acusaciones, es decir, que la Generalitat desviara fondos públicos para organizar la consulta fel 1-O. “A los contribuyentes no les costó nada la celebración del referéndum”, dijo. El ministerio público no ha concretado una cifra de dinero público gastado supuestamente en la consulta ilegal, pero sí ha detallado algunas partidas, como el hecho de que los colegios públicos se cedieran gratis como centros de votación, lo que genera un "lucro cesante", según la acusación. El exvicepresidente ha negado esta posibilidad. "Los locales públicos son inarrendables, por lo que es imposible calcular un supuesto lucro cesante", ha dicho. También ha rechazado que se incluyan como gastos del referéndum unas conferencia suyas y del exconsejero de Asuntos Exteriores Raúl Romeva en Bruselas para hablar de la consulta. "Me parece un ejemplo de como se persiguen las ideas. Qué hay más normal que personas que hemos sido diputados en el Parlamento Europeo vayamos allí a hablar de política".

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