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El juez Peinado trata de justificar sus intentos de reactivar la investigación sobre Air Europa y Begoña Gómez

El magistrado reitera la necesidad de que la Guardia Civil elabore un informe sobre este asunto, pese a que la Audiencia de Madrid excluyó esta parte de las pesquisas

El magistrado Juan Carlos Peinado, cerca de los madrileños juzgados de Plaza Castilla, el pasado año.
J. J. Gálvez

El magistrado Juan Carlos Peinado, que mantiene imputada a Begoña Gómez desde hace casi un año, ha emitido una resolución para tratar de justificar que vaya a intentar indagar, de nuevo, en la relación de la esposa de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, con el rescate de Air Europa durante la pandemia. Pese a que la Audiencia Provincial de Madrid ya le ha dicho en dos ocasiones que esa línea de investigación debe descartarse por falta de indicios, el juez ha vuelto a la carga para tratar de reactivarla y ha reiterado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que elabore un informe sobre este tema y se lo reenvíe. Según alega Peinado, “impedir” que se compruebe la existencia de hechos nuevos delictivos, supondría incurrir en un delito de “prevaricación”.

El magistrado Peinado da así una vuelta de tuerca más a la instrucción, que ha ido ampliando a medida que fracasaban o se estancaban las distintas líneas de investigación que ponía en marcha. En una resolución del pasado sábado, el juez admite que la Audiencia Provincial le comunicó que debía excluir de sus pesquisas la relación de Begoña Gómez con Globalia, propietaria de Air Europa. Sin embargo, el instructor se aferra a una frase que añadía el tribunal: “En tanto en cuanto no aparezcan hechos verdaderamente nuevos de contenido incriminatorio y valorados en resolución judicial motivada”.

Ese dictamen de la Audiencia es del pasado octubre y, desde entonces, no constan en la causa nuevos indicios sobre la relación de Gómez con Air Europa. Un extremo que no ha impedido que Peinado vuelva a insistir a la UCO, el 17 de marzo, para que le remita ese informe. Según él, su iniciativa busca, “precisamente”, “la acreditación de hechos”: “Solicitar que no se remita dicho informe [puede] suponer que se pasase por alto la comisión de nuevos hechos delictivos”, se justifica tras los recursos de la Fiscalía. Y el magistrado remacha: “Impedir que se comprueben podría ser constitutivo incluso de infracción penal por parte de este proveyente, bien de un delito de prevaricación, o del delito de omisión de perseguir delitos, o de inducir a los agentes de la UCO a que cometan dicho delito de omisión de perseguir delitos”.

La UCO respondió a la petición de Peinado un día después, el 18 de marzo, informando de la fecha estimada en la que la unidad tendrá terminados los tres informes vinculados al caso. El que versa sobre la compañía aérea estaba “en un estado muy avanzado” y que su entrega estaba prevista “en las próximas semanas”, señaló la UCO. Los otros dos trabajos de investigación estaban “aún en fase de análisis”, se prevé terminar primero el de la UCM y “de forma paralela o inmediatamente después” el de las cuentas.

Después, hace solo cinco días, la Fiscalía Provincial de Madrid se dirigió a Peinado para recordarle el dictamen de la Audiencia que excluía de la investigación las actuaciones sobre Air Europa y Globalia, y recalcar que el juez no parecía haberlo tenido en cuenta: “No tenemos constancia de que se hayan adoptado medidas dirigidas ajustar el objeto de la instrucción conforme a lo resuelto”. El ministerio público lanza una crítica directa a la instrucción en este punto: “Que se hayan ordenado actuaciones sobre esta esfera después del primer auto nos resulta grave: pero que hayan continuado y no se hayan subsanado a posteriori resulta insólito”. En consecuencia, el ministerio fiscal pidió que el juez dicte una resolución para ordenar el cese de la indagación y que deje sin efecto su petición a la Guardia Civil de un informe sobre el entorno empresarial de la compañía aérea.

La investigación de Peinado, abierta hace un año, deriva de una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias, que apuntó contra Gómez por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Después, el juez la amplió a intrusismo profesional y apropiación indebida. Y, este marzo, ha vuelto a extender su instrucción al abrir una pieza separada para indagar un delito de malversación.

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Sobre la firma

J. J. Gálvez
Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.
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