Bruselas selecciona siete proyectos en España para impulsar las materias primas estratégicas

La Comisión Europea ha seleccionado este martes los primeros 47 proyectos estratégicos para “impulsar las capacidades de materias primas estratégicas” en Europa, de los que siete se encuentran en España, sobre todo en Extremadura y Andalucía. Con estos proyectos privilegiados, que se beneficiarán de procesos acelerados de aprobación y de condiciones de financiación “favorables”, Bruselas busca impulsar la extracción y procesamiento de minerales como el litio, el cobalto o el níquel.

Se trata de materiales fundamentales para la producción de baterías de coches eléctricos, el impulso de las energías renovables o la industria de la defensa que la Unión busca ahora reforzar y acelerar, para superar la excesiva dependencia exterior, especialmente de China, que tiene Europa en estos sectores. Algo que, con el cada vez más inestable panorama geopolítico internacional, la UE quiere ahora corregir de forma urgente.

“Europa depende actualmente de terceros países para muchos de los materiales críticos que más necesita. Tenemos que incrementar nuestra propia producción, diversificar nuestro aprovisionamiento externo y hacer acopios”, ha resumido el vicepresidente de la Comisión para Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné.

El giro en la política estadounidense con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca está metiendo presión a los mercados de materias primas. El presidente estadounidense ya ha mostrado interés en negocios de tierras raras en Ucrania y Groenlandia para lograr autonomía respecto a China, la potencia que controla el mercado de estos materiales. El gigante asiático es el principal proveedor, con el 70% del suministro global, y está saturando el mercado. Pekín ha elevado las cuotas oficiales de producción, lo que ha reducido los precios. Esta estrategia beneficia una cadena de suministro local organizada, que abarca desde la extracción hasta la fabricación de imanes. De esta forma, China controla el gran mercado mundial de materias primas y tierras raras básicas para el sector tecnológico.

“Debemos extraer más y abrir más minas en Europa, y debemos transformar también más y reciclar igualmente más”, ha resumido la tarea pendiente de la UE para evitar ser tan excesivamente dependientes de países extracomunitarios. No solo como desafío económico, también como un “imperativo de seguridad”, ha subrayado.

Los primeros 47 proyectos estratégicos identificados ahora, de 170 presentados a concurso en el marco de la Ley de Materias Críticas que entró en vigor hace poco menos de un año, buscan garantizar el aprovisionamiento propio de materiales críticos. Representan un “hito de la soberanía europea como potencia industrial”, ha celebrado el francés.

En total, estos proyectos permitirán tener un mayor acceso a 14 de las 17 materias primas estratégicas identificadas por Bruselas, entre otras bauxita, cobalto, cobre, litio, níquel o wolframio. El objetivo fijado por la ley es lograr, para 2030, garantizar al menos el 10% del consumo anual de la UE para la extracción, al menos el 40% para el procesamiento y el 25% para el reciclaje. Además, la normativa establece como límite que “no más del 65% del consumo anual de la Unión de cada material estratégico dependa de un solo tercer país en cada etapa relevante de la cadena de valor”.

Siete proyectos españoles

Tres de los proyectos seleccionados en España están en Extremadura: se trata de Aguablanca, un proyecto de reapertura de una explotación minera (níquel, cobre y cobalto, entre otros) en Monesterio (Badajoz); del proyecto de minería sostenible de litio de la compañía Lithium Iberia en Las Navas (Cáceres) y del proyecto de extracción y procesamiento P6 Metals de Iberian Resources Spain para la reapertura de una mina a cielo abierto en Almoharín, también en Cáceres, centrado en el wolframio.

A ellos se unen el proyecto de reciclaje CirCular, centrado en el cobre, níquel y metales del grupo de platino, con sede en Huelva; la mina de extracción y procesamiento de cobre Las Cruces (Sevilla); la mina de litio Doade en Galicia, y la de wolframio El Moto, en Ciudad Real.

Salvo el proyecto de Aguablanca, que es una reserva a favor del Estado, la tramitación de los proyectos españoles está en manos de las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en materia de minería y evaluación medioambiental. Fuentes de la Comisión indican que, antes de sacar adelante la lista, consultaron al Gobierno español, que no vetó ningún proyecto seleccionado. Eso sí, ahora está en manos del Gobierno de España gestionar o negociar con las comunidades autónomas donde están los proyectos elegidos el proceso para que se beneficien de las ayudas europeas. Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica indican que este se ha limitado a ejercer de “facilitador” entre Bruselas y las comunidades, por lo que no cuentan con que pueda surgir ahora un rechazo desde estas a esos proyectos que se impulsaron regionalmente. Además, al tratarse de proyectos estratégicos, confían en que no encuentren grandes obstáculos para salir adelante.

Por su parte, Bruselas subraya que todos los proyectos seleccionados, más allá de “contribuir al suministro seguro de materias primas estratégicas” para la UE, cumplen con los criterios “medioambientales, sociales y de gobernanza” europeos y son “técnicamente viables”.

Séjourné ha reconocido no obstante que algunos de los en total 47 proyectos elegidos, a los que seguirá un segundo llamamiento este mismo año para configurar una segunda lista lo antes posible, podrían provocar rechazo social, ante el potencial impacto en las comunidades afectadas por una mina reabierta o ampliada. En este sentido, ha subrayado que hay un “trabajo político a hacer” para lograr la “aceptabilidad social” de unos proyectos que, ha recordado, son en último término claves para poder impulsar la descarbonización de la industria (varias de las materias primas impulsadas imprescindibles para fabricar baterías para coches eléctricos, por ejemplo).

En total, los 47 proyectos seleccionados —tanto de extracción como de procesamiento, reciclaje o sustitución— se encuentran en 13 Estados miembros: además de España, se trata de Bélgica, Francia, Italia, Alemania, Estonia, República Checa, Grecia, Suecia, Finlandia, Portugal, Polonia y Rumanía.

Estos proyectos podrán beneficiarse de procesos de aprobación de los permisos “simplificados” que permitirán acortar los plazos: en vez de los hasta diez años de media que actualmente cuesta lograr todos los permisos, el proceso será de un máximo de 27 meses para proyectos de extracción y 15 para los de procesamiento o de reciclaje. Esto “aumentará la previsibilidad para los promotores de los proyectos, permitiéndoles contribuir a la seguridad de aprovisionamiento” de la UE, confía Bruselas. La Comisión también prevé facilidades de financiación para hacer más atractivos estos proyectos, ayudando en la búsqueda de fondos tanto públicos como privados, a diferentes niveles, en caso necesario.