Jordi Sànchez y la Fiscalía chocan por el delito de rebelión

El exlíder de la ANC Jordi Sànchez ha admitido este jueves en el juicio del procés que durante la concentración ante la sede de la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017 hubo actos de “violencia”, en concreto, daños diversos a seis vehículos de la Guardia Civil, pero ha rechazado que fueran fruto de “un intento continuado de asalto” para impedir la labor de los agentes. Ese episodio es el pilar fundamental en el que la Fiscalía sostiene la acusación de rebelión contra los dos líderes de las asociaciones civiles que se sientan en el banquillo (Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart). El que fuera presidente de la ANC en aquella fecha consiguió con su comparecencia sembrar dudas sobre el alcance de la violencia registrada ese día y la responsabilidad que pudieran tener en ella los promotores de la concentración.

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El interrogatorio de la Fiscalía este jueves al expresidente de la Assemblea Nacional Catalana ha sido la máxima expresión que se ha visto hasta ahora en el juicio a los dirigentes independentistas de la diferencia de relatos de los capítulos álgidos del procés. El careo se centró en la concentración del 20 de septiembre ante la sede de la Consejería de Economía, donde se estaba produciendo un registro por orden del juez que investigaba los preparativos del referéndum. Lo que para la Fiscalía fue una movilización promovida “para impedir” la labor de la Guardia Civil, y en la que los manifestantes no dudaron en emplear violencia para lograr su objetivo, para Sànchez fue una concentración “en protesta” por la operación judicial que tuvo más éxito del esperado y a los convocantes se les fue de las manos.

Los matices entre ambos relatos son muy importantes porque son los que determinarán si hubo o no delito de rebelión, de sedición o cualquier otro. Sànchez ha admitido que se registraron “momentos de tensión, algunos abucheos a la policía”, pero que el ambiente mayoritario era “pacífico, festivo”. Según su relato, la concentración empezó a primera hora de la mañana cuando los medios de comunicación comenzaron a difundir la operación judicial y, tras su llamamiento a través de redes sociales y entrevistas en radios, la movilización fue en aumento. Llegó a haber alrededor de 50.000 personas. “Ni nosotros lo esperábamos. Cuando decidimos convocar pedimos autorización para una movilización de 2.000 personas”, explicó.

El relato de Sànchez incluye varias conversaciones con el teniente de la Guardia Civil que estaba a cargo del dispositivo de seguridad, el exconseller de Interior Joaquim Forn (también acusado de rebelión) y los jefes de los Mossos. Según su versión, las fuerzas policiales le pidieron ayuda para realizar un pasillo por el que pudiera entrar y salir la comitiva judicial. Y se hizo. Ante la dimensión que estaba tomando la concentración, Sànchez fue requerido para que los manifestantes se desplazaran unos 100 metros y dejaran libres los aledaños de la Consejería. “Les dije que no me veía capaz. Que eso era una cuestión de orden público, que no era mi responsabilidad”, ha explicado. Tras ese intento, la “protesta” siguió desarrollándose en el mismo sitio hasta la madrugada.

El relato del fiscal pone el acento en los “graves daños” que sufrieron siete coches (Sànchez dice que fueron seis) de la Guardia Civil que estaban aparcados ante la Consejería. En esos destrozos de los vehículos policiales se apoya gran parte de la acusación contra Sànchez y Cuixart. Las imágenes exhibidas muestran unos vehículos con los logotipos del cuerpo despegados, ruedas pinchadas, cristales rotos y abolladuras. Sànchez admitió esos daños. “Los condené en su día y los condenó hoy de nuevo”, dijo, pero los consideró hechos “puntuales” que no describen la situación que se vivió. “No hubo riesgo físico para la integridad de ninguna persona ni se impidió la labor de la comitiva judicial”, sostuvo. “Se ha intentado generar un relato de que hubo un intento continuado de asalto y es falso”, añadió Sànchez, que recuerda que la concentración del 20 de septiembre de 2017 se convocó bajo el lema “Defendamos las instituciones”, al que se sumaron los sindicatos UGT y CC OO, todas las universidades públicas catalanas y los colegios de abogados, entre otros.

Durante el interrogatorio, el abogado de Sànchez expuso imágenes en las que se ve ese pasillo que los voluntarios de la ANC organizaron a petición de los Mossos y la Guardia Civil. También, a propuesta del abogada de Cuixart, se reprodujo un vídeo en el que se ve a Sànchez hablando con el teniente de la Guardia Civil a las 20.53 dentro del edificio. Según su versión, el agente le llamó para que le “ilustrara” de cómo estaba discurriendo la manifestación porque él no había estado fuera en todo el día. “Esas imágenes demuestran la cordialidad y normalidad”, dijo el acusado.

El fiscal le reprochó que no desconvocara la concentración cuando se percató había superado sus previsiones o cuando se enteró de los daños en los vehículos, pero Sànchez sostuvo que no vio razones porque la comitiva judicial seguía haciendo su trabajo. Tal y como habían acordado con las autoridades, él y Cuixart pidieron a los manifestantes que se marcharan pasadas las 0.00 de la noche. Lo hicieron subidos a un coche de la Guardia Civil. El presidente de la ANC, según contó, había anunciado al teniente responsable que lo haría así. “Suba, suba”, le invitó aquel. Una versión que tendrá que verificar el agente, que está citado como testigo.