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EL JUICIO DEL PROCÉS

Carles Mundó niega el uso de fondos públicos para el referéndum

El exconsejero de Justicia mantiene un tenso interrogatorio con el fiscal Zaragoza

El ex consejero de Justicia Carles Mundó, a la izquierda, junto a su letrado, Josep Riba. En vídeo, Mundó asegura que atendió todos los requerimientos del Tribunal Constitucional.

Carles Mundó, exconsejero de Justicia de la Generalitat, ha cerrado este miércoles la quinta sesión del juicio del proceso independentista de Cataluña en el Tribunal Supremo con el interrogatorio más tenso de cuantos se han celebrado hasta el momento. Mundó, acusado de malversación y desobediencia, ha negado que en el referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre de 2017 se utilizaran fondos públicos de la Generalitat. En su declaración, el exconsejero se ha acogido a su derecho a no contestar preguntas sobre los episodios de violencia en la jornada del referéndum y el 20 de septiembre anterior, sobre los que la Fiscalía basa el delito de rebelión del que acusa a otros procesados.

El fiscal Javier Zaragoza ha iniciado su interrogatorio preguntando a Mundó sobre las notificaciones que el Tribunal Constitucional envió a los miembros del Govern para dejar sin efecto diferentes hitos del procés. Mundó ha reconocido que recibió las notificaciones, pero ha sostenido que, como consejero de Justicia, cumplió con las resoluciones del alto tribunal. Zaragoza se mostró sorprendido con esta idea, ya que Mundó, como el resto de miembros del gabinete del fugado Carles Puigdemont, firmó el decreto de convocatoria del referéndum cuando ya había varias providencias del Constitucional que obligaban a paralizar la tentativa independentista.

"¿No consideró que esos decretos vulneraban la Constitución y sobre todo hacían caso omiso de las advertencias y resoluciones del Tribunal Constitucional?, preguntó Zaragoza. "Tanto la ley [del referéndum] como los decretos [de convocatoria del referéndum] formaban parte en ese momento del ordenamiento jurídico, no habían sido ni recurridos, ni suspendidos. Y No me constan que se hicieran actos, disposiciones o ejecuciones sobre estas normas cuando fueron suspendidas", afirma Mundó. El Constitucional suspendió la ley del referéndum el 7 de septiembre de 2017, al día siguiente de su aprobación en el Parlament. El Govern convocó la consulta inmediatamente tras la aprobación de aquel texto.

"Usted siguió pensando que eso [las resoluciones del Constitucional] no iba con usted", le reprocha el fiscal Zaragoza a Mundó. "Usted pone en mi boca cosas que yo no he dicho, lo importante es la conducta posterior [a la suspensión] y mi conducta fue la de atender los requerimientos, no realizar actos, resoluciones o acciones tendentes a realizar aquello que se me decía no realizar", contesta Mundó.

El exconseller Mundó rechazó que en su calidad de exconsejero de Justicia fuera una suerte de asesor jurídico del Govern, como planteó Zaragoza, y se acogió a su derecho a no contestar si la Ley de Transitoriedad Jurídica, del 7 de septiembre de 2017, y que vinculaba la independencia a un resultado favorable en el referéndum ilegal, era una especie de constitución provisional para Cataluña.

Mundó defendió que usar fondos públicos para contratar la logística del referéndum era imposible. "El Govern como tal no es un órgano de contratación, sino que el presupuesto lo tiene cada departamento. Cualquier contratación que hace la Generalitat lo hace de acuerdo con la ley de contratos del sector público. Cualquier contratación por sencilla que sea no implica a menos de 20 funcionarios en sus distintas fases y un proceso sencillo no tarda menos de 45 días". El fiscal Zaragoza le replicó: "Eso en fase de normalidad está muy bien, pero aquí estamos ante un referéndum ilegal. Las mesas y papeletas estaban el 1 de octubre, díganos cómo se financió". "No se financió con dinero público, y como no hay otra alternativa se sufragó con dinero privado, pero no sé de quién", dice Mundó.

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