Rull justifica la desobediencia al Constitucional en su falta de “autoridad moral”

El exconsejero catalán de Territorio y Sostenibilidad Josep Rull ha dado este miércoles una vuelta de tuerca más en esa estrategia de los juegos de equilibrio entre obedecer el mandato popular y acatar las leyes que expuso el martes su compañero de Govern y de banquillo Jordi Turull.

Rull, para quien la Fiscalía pide 16 años de cárcel por rebelión agravada con malversación, ha admitido ante el tribunal del procés haber participado en la elaboración de la hoja de ruta independentista, haber recibido hasta seis advertencias del Tribunal Constitucional sobre resoluciones y leyes de la Generalitat suspendidas y, pese a ello, haber seguido adelante con el camino marcado por la Govern de Carles Puigdemont, haber firmado el decreto de convocatoria del referéndum del 1-O y haber votado sí a la declaración de independencia unilateral del 27 de octubre de 2017. El exconseller ha asumido todas estas conductas con naturalidad y orgullo (“el día de la firma del decreto de convocatoria fue uno de los más trascendentales de mi carrera”, ha dicho) y, en alguna ocasión, ha retado a la fiscal Consuelo Madrigal a que le explicara por qué las consideraba delictivas.

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Rull ha ido justificando durante su interrogatorio la mayoría de esas actuaciones con el argumentario que ya han expuesto antes que él otros acusados. “Dábamos cumplimiento a un mandato de los ciudadanos”, “habíamos intentado de todos los modos posibles llegar a un acuerdo con el Estado”, “en la Constitución hay espacio para un referéndum si hay voluntad política”. Pero ha añadido alguna explicación más para aquellas decisiones que tomó el Govern en los meses de septiembre y octubre de 2017 y que las acusaciones incluyen en el delito de rebelión.

Rull ha admitido haber desobedecido hasta en seis ocasiones advertencias del Constitucional, pero lo ha justificado en la falta de “autoridad moral” de ese tribunal. “Hay una utilización sistemática por parte del Estado del artículo 162.1 de la Constitución, que permite suspender las resoluciones recurridas por el Estado. Y el Constitucional se ha dejado instrumentalizar”, ha afirmado Rull, que se ha quejado de que esa situación “minimizaba” la autonomía de la Generalitat. “Si el principio democrático es violado, el principio de la ley queda deslegitimado”.

El exconsejero ha sido el quinto acusado que declara ante el tribunal y, como ya hicieran Joaquim Forn y Turull, ha optado por contestar a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado y a su abogado. El careo con la fiscal, Consuelo Madrigal, ha sido largo y más puntilloso y completo que en anteriores sesiones. Madrigal (ex fiscal general del Estado) ha preguntado con insistencia a Rull por cada una de las actuaciones del escrito de acusación y por muchas de las que señalan a otros de los acusados.

De las suyas ha admitido implícitamente los actos de desobediencia, pero ha rechazado cualquier implicación con la malversación y con la violencia que define el delito de rebelión. “No encontrará ninguna factura con el pago de algún tipo de gastos vinculado al referéndum. Porque no se produjo. A la hora de gastar un euro que viene de los impuestos de todos hay controles y garantías excepcionales. Además, las finanzas estaban controladas por el Estado”, ha asegurado.

Respecto a la violencia, como ya aseguraran otros acusados, ha sostenido que solo vio violencia (“desmedida”) en la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sobre la violencia ejercida por ciudadanos contra los agentes de los que les acusa la Fiscalía, Rull afirma no haber visto ningún episodio. “Pero si lo hubiera habido, lo condeno”, ha dicho.

Especialmente intenso ha sido el interrogatorio de la fiscal sobre los días 6 y 7 de septiembre de 2017, cuando el Parlament aprobó a contra reloj las leyes del referéndum y de transitoriedad. Madrigal ha aludido en varias ocasiones a la “celeridad” con la que se aprobaron esas normas y le ha preguntado directamente si esa rapidez impuesta no estaba relacionada con la intención de firmar el decreto de convocatoria del referéndum antes de que el Gobierno recurriera la ley y el Constitucional la recurriera. “En ese momento estábamos firmando un decreto con una ley vigente. Cumplimos con el mandato de la ciudadanía”, ha zanjado Rull, que ha negado que las leyes se aprobaran sin cumplir escrupulosamente los trámites parlamentarios, como sostiene la Fiscalía.