Turull alega que primó seguir el “mandato ciudadano” por encima del judicial

La declaración de Jordi Turull en el juicio del procés ha estado dominada por un verbo: ponderar. En más de una veintena de ocasiones la ha empleado el exconseller de Presidencia y exportavoz del Govern para explicar el “difícil equilibrio” en el que, según su versión, se movió la Generalitat en los meses de septiembre y octubre de 2017. Un equilibrio con el que el Govern de Carles Puigdemont, acorralado por requerimientos del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que se impidiera la consulta independentista del 1-O, se conjuró para cumplir con “el mandato ciudadano” de que se colocaran las urnas sorteando las órdenes judiciales. Para consegirlo, aseguró Turull, ni se alentaron movilizaciones violentas ni se desvió dinero público.

Jordi Turull, al contrario de lo que hizo la semana pasada el exvicepresident Oriol Junqueras, optó por defenderse de las acusaciones de rebelión, sedición y malversación contestando a las preguntas de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado (no a las de Vox). Fue una defensa técnica, detallada, en la que el exconsellerde Presidencia y exportavoz de la Generalitat se extendió en algunas respuestas hasta acercarse a terreno pantanoso.

Sin llegar a aceptar ninguno de los delitos que se le atribuyen, Turull sí admitió que llegó un momento en el que el Govern de Carles Puigdemont, acorralado por requerimientos judiciales para que se impidiera la consulta independentista del 1-O, tuvo que elegir entre cumplir “el mandato ciudadano” y acatar las órdenes de los tribunales. Y se decantó por lo primero, aunque, según su versión, sin incurrir en delito.

“Se trataba de ponderar entre justicia y derecho”, afirmó Turull, para quien la Fiscalía pide 16 años de cárcel por rebelión agravada con malversación. “Ponderándolo todo es como fuimos actuando”, explicó. “Ponderar lo que dice la ley, pero también las demás leyes. Ponderar que el Govern se debe por ley al Parlament. Ponderar que el Congreso despenalizó de forma expresa el hecho de convocar referendos. Ponderar que votar no puede ser un ilícito en democracia. Ponderar nuestro compromiso con los ciudadanos”, alegó.

Con este argumento, el exconseller defendió que la Generalitat ni desobedeció leyes, ni malversó dinero para organizar el referéndum ni alentó la violencia en las movilizaciones ciudadanas, las tres principales acusaciones que atribuye la Fiscalía a los líderes independentistas.

“Cataluña es pacífica”

Durante el interrogatorio del fiscal Jaime Moreno, que se prolongó tres horas, se vivieron momentos ásperos. Como cuando Moreno insinuó que, en los últimos días de septiembre de 2017, se generó “un clima creciente de violencia”. “Eso es delirante”, afirmó Turull. “La violencia no va con la reivindicación de ninguna formación en Cataluña. Cataluña es pacífica”, dijo.

Los supuestos hechos violentos en los que se asienta la acusación por rebelión y que Turull negó ocuparon la última parte del interrogatorio del fiscal. Antes, le había preguntado por el uso de dinero público para el referéndum. El exconseller de Presidencia, de quien dependía la publicidad y la logística de la consulta, aseguró que las campañas de difusión salieron “gratis” y se desmarcó de la compra de urnas y el envío de papeletas y citaciones. También dijo desconocer cómo se hizo el censo universal que presentó el 1-O para que los ciudadanos pudieran votar en cualquier colegio si la policía, cumpliendo una orden judicial, había cerrado el suyo.

La Fiscalía sostiene que Turull hizo llamamientos el 1-O a ir a votar y con ello “obstaculizar” la labor de los agentes. “Todo lo contrario”, advirtió el acusado. “Pedí que no se acudiera a los centros en los que estaba la policía. Que fueran a otro”, afirmó Turull, que asegura que así se dejaba a los agentes cumplir la orden judicial a la vez que se facilitaba el voto. De nuevo ese juego de equilibrios en los que el exconseller de Presidencia amparó toda su actuación durante el procés.