Jordi Turull, el encargado de la logística del ‘procés’

Jordi Turull i Negre, exconsejero de Presidencia de la Generalitat y principal responsable de los aspectos logísticos y la comunicación del referéndum ilegal de autodeterminación de Cataluña del 1 de octubre de 2017, abrirá este martes la segunda semana del juicio del procés en el Tribunal Supremo. Turull, que asumió el cargo de consejero y portavoz del Govern en julio de 2017, después de que Neus Munté se apeara del proyecto secesionista unilateral del president Carles Puigdemont, tiene previsto contestar a las preguntas de todas las partes, excepto a la acusación popular de Vox, según fuentes de su defensa.

Este licenciado en Derecho de 52 años, natural de Parets de Vallès, un feudo del PSC en el cinturón industrial de Barcelona, es militante de primera hora de Convergència Democrática de Cataluña, en cuyas juventudes ingresó en 1983. Con la formación pujolista escaló posiciones en todas las Administraciones catalanas –concejal en Parets, entre 1987 y 2003, siempre en la oposición; diputado provincial en Barcelona y, desde 2006, diputado autonómico–. Turull, en prisión desde marzo pasado, se encuentra ahora suspendido de funciones como parlamentario.

Su estancia en la cárcel ha sido una de las más azarosas de todos los procesados en la causa sobre la tentativa independentista: en julio pasado fue citado por un supuesto alzamiento de bienes por ceder bienes a su esposa. La causa fue archivada. En diciembre, emprendió, junto a otros reclusos independentistas, una huelga de hambre que le llevó a la enfermería de Lledoners tras 14 días, y que abandonó a las tres semanas.  

Su capacidad de comunicación, su perfil netamente independentista y su habilidad para coordinar, junto con la republicana Marta Rovira, el grupo parlamentario de Junts pel Sí, la candidatura electoral creada en 2015 con el objetivo de lograr la ruptura de Cataluña con España, llevó a Puigdemont a situarle como su mano derecha en la fase definitiva del proceso secesionista. En aquel Govern, Turull ejerció un papel de bisagra o de rótula entre los consejeros postconvergentes y los procedentes de Esquerra Republicana.

El 22 de marzo pasado, tras las elecciones autonómicas convocadas por el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy tras la intervención de la Generalitat al amparo del artículo 155 de la Constitución, Turull se sometió a la votación como candidato de Junts per Catalunya a la Presidencia de la Generalitat. Fue rechazado en primera vuelta. No pudo someterse a la segunda: al día siguiente ingresó en prisión por orden del juez instructor del caso del procés, Pablo Llarena. Consciente de cuál iba a ser su destino judicial y de que le faltaban los apoyos de la CUP para alcanzar la presidencia –los antisistema no le perdonan su testifical en el juicio del asalto al Parlament del año 2011, clave para condenar a ocho de los 20 procesados-, Turull pronunció un discurso de investidura lóbrego en las formas y funcionarial en el contenido. No obstante, hizo una llamada al entendimiento y al diálogo con el Gobierno español y evitó cualquier referencia a la independencia o a la república catalana.

La Fiscalía pide para él 16 años de prisión por rebelión agravada con malversación. Como portavoz del Govern, la acusación pública le sitúa como uno de los principales impulsores de la movilización ciudadana para participar en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. En 21 de septiembre, tras los altercados en la Consejería de Economía por la Operación Anubis contra los preparativos de la consulta escribió en Twitter: “El Estado tiene las alcantarillas, el Tribunal Constitucional, y los fiscales; Cataluña tiene la gente y la democracia; votaremos y ganaremos”. El día 24, en la misma red social, manifestó: “El 1-O nos jugamos la independencia”.

Como consejero de Presidencia, de su departamento dependían los principales aspectos logísticos del referéndum, como el Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI), encargado de las páginas web, aplicaciones, plataformas y programas informáticos utilizados durante la consulta y que fueron restaurados y replicados a medida que las fuerzas de seguridad, cumpliendo el mandato judicial, las iban cerrando. Turull también aparece como responsable del pago de las campañas publicitarias para fomentar el voto en la jornada del 1 de octubre, así como de los gastos en papeletas, censo electoral y citaciones a los miembros de las mesas.

Turull, padre de dos hijos ya universitarios, tiene como abogado en este juicio a Jordi Pina, que también representa a Josep Rull, exconsejero de Territorio, y Jordi Sànchez, exlíder de la Assemblea Nacional Catalana. La estrategia de este letrado seguirá previsiblemente un camino intermedio entre la defensa puramente política llevada a cabo por Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras, y la estrictamente técnica del letrado Xavier Melero, en representación de Joaquim Forn, que protagonizaron la tercera sesión de la vista oral, el jueves pasado. De momento, Pina ha previsto que sus clientes contesten a las preguntas de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, lo que rechazó Junqueras.

Si la declaración de Turull no se extiende demasiado, el tribunal presidido por Manuel Marchena, llamará al exconsejero de Exteriores, Raül Romeva.