Forn se desliga del operativo del 1-O y niega que presionara a los Mossos

Joaquim Forn se presentó este jueves ante el Supremo como un hombre capaz de desarrollar dos tareas contradictorias, al mismo tiempo y sin pestañear. Como miembro de última hora del Govern —Carles Puigdemont lo reclutó en julio de 2017—, mantuvo su "compromiso político" con el referéndum. Y por ello lo impulsó. Como máximo jefe político de los Mossos, en cambio, facilitó que su policía cumpliera con la orden judicial de impedir la votación. Jekyll y Hyde, Forn trató de convencer a todos de ese desdoblamiento de personalidad. Adiestrado, combativo, despierto, se desligó del despliegue "operativo" del 1-O y negó haber dado "instrucciones políticas" a los Mossos para ser permisivos con la consulta ilegal.

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A diferencia de Oriol Junqueras, Forn salió a rebatir las acusaciones, a quebrar argumentos del fiscal: a jugar el partido. Contó con puntos de apoyo sólidos frente al fiscal Fidel Cadena, que se atascó al recordarle su obligación de cumplir los mandatos del Constitucional, al que Forn reconoció "autoridad" pero no legitimidad. El exconsejero del PDeCAT citó para sí las declaraciones de mandos policiales —como Ferran López, jefe de los Mossos en los meses del 155— que negaron haber recibido presiones del Departamento de Interior.

Presto a defenderse, Forn usó a su favor el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ordenaba impedir el referéndum "sin alterar la convivencia ciudadana". Si la prioridad era la seguridad de todos, entonces los Mossos —acusados de pasividad por la Fiscalía— lo hicieron bien. Si hubo "violencia en determinados puntos" de Cataluña, rebatió Forn, no fue porque los políticos arengaran a los ciudadanos, sino por "actuaciones erróneas" de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

El 28 de septiembre, tres días antes del referéndum, se produjo una cita clave: a un lado de la mesa, Puigdemont, Junqueras y Forn. Al otro, comisarios de los Mossos con su responsable Josep Lluís Trapero —procesado por rebelión en la Audiencia Nacional— a la cabeza. El fiscal mencionó un informe en el que la policía catalana alertaba de los peligros para la seguridad en caso de seguir adelante con el referéndum. Forn admitió que no echaron el freno, pero matizó —el documento se leyó en la sala— que se trataba de un "informe de riesgos" que en ningún caso dibujaba un panorama de "violencia generalizada".

"Una cosa es mi compromiso y otra mis competencias de conseller. No uso los mecanismos de Interior. Le digo a Mossos que deben cumplir sus funciones como policía judicial", insistió Forn ante la perplejidad de la abogada del Estado, Rosa María Seoane, que se dijo incapaz de "trabajar de esa forma". Pese a que intentó poner distancia con la tarea policial —"yo no participaba en los operativos"— defendió a capa y espada la labor de los Mossos. Su plan de actuación era conocido días antes del 1-O y, salvo alguna objeción sobre el número de agentes (que fue subsanada: fueron 8.000) "nadie lo cuestionó". "Ningún acto de los Mossos", zanjó, "fue contrario a la Constitución".

De los 12 acusados, Forn es el que en más ocasiones ha pedido salir de la cárcel. Para ello declaró que abandonaba la vía unilateral, renunció a su acta de diputado y anunció al juez Pablo Llarena que abandonaba la política. Pese a que Forn ha decidido volver a la vida pública —en enero anunció que se presentaba como candidato a la alcaldía de Barcelona— su abogado, Javier Melero, trató de retomar el hilo de un Forn alejado de lo más tormentoso del procés. Tras el referéndum, quisieron convocar elecciones; pese a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, "no hubo ningún acto de resistencia"; y la declaración de independencia "no tuvo valor jurídico".

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