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El Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat no entregó todos los ‘mails’ que le reclamó el Supremo

Llarena exige de forma "inmediata" copia de los correos de todos los líderes independentistas investigados

Fachada del Tribunal Supremo.
Fachada del Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo exige al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat Cataluña la entrega “inmediata” de los mensajes de todos los investigados cuya correspondencia requirió Llarena a la Guardia Civil y esta requirió al CTTI la semana pasada. El magistrado realiza este nuevo requerimiento después de que la policía judicial le haya comunicado que este centro no entregó toda la información solicitada.

Según una providencia notificada este lunes, los agentes han informado al juez de que el CTTI no entregó los mensajes de todas las direcciones de correo electrónico que el instructor había pedido, por lo que el juez exige ahora al centro de telecomunicaciones no solo que entregue los correos sino que indique los motivos por lo que no se entregaron el otro día.

La primera petición del juez del Tribunal Supremo a la Guardia Civil formaba parte de la pieza separada que abrió el 16 de enero y cuyo secreto levantó el pasado miércoles, después de que los agentes entraran en las sedes del CTTI, ANC y Òmnium para cumplir con la petición de Llarena. El juez había pedido acceder a todos los correos electrónicos que enviaron y recibieron durante 18 meses 32 personas clave en el plan independentista. Entre ellos, todos los investigados: los miembros del último Govern y destacados dirigentes del PDeCAT, ERC y la CUP. Los agentes tenían el visto bueno del juez Pablo Llarena para reclamar también las claves informáticas y poder acceder a mensajes cifrados.

Al CTTI le correspondía entregar los mails de todos los miembros del Govern cesado o altos cargos, pero rehusó entregar alguno, según la providencia redactada por el juez. Entre los 32 titulares de los correos de los que se recabó información se encuentran los 28 investigados. Así, figuran los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont y todos los exconsejeros cesados tras la activación del artículo 155 de la Constitución, con Oriol Junqueras a la cabeza. Junto a ellos, aparecen los seis integrantes de la Mesa del Parlament en la anterior legislatura y los dirigentes independentistas Marta Rovira (ERC), Lluís Maria Corominas (PDeCAT), Mireia Boya y Anna Gabriel (ambas de la CUP). También los líderes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart —actualmente encarcelados—, y Neus Lloveras, expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI).

Además, Llarena pide información sobre los correos de otras cinco personas que no figuran en este momento como investigados en la causa que instruye, aunque algunos si están imputados en la que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona por idénticos delitos. Son Pere Aragonés, secretario de Economía de la vicepresidencia; Joan Vidal de Ciurana, exdirector gerente de Òmnium y exsecretario del Govern; el jurista Carles Viver Pi-Sunyer, expresidente del Instituto de Estudios de Autogobierno; Víctor Cullell, exresponsable de la Secretaría para el Desarrollo del Autogobierno; y Josep María Reniu, que estaba al frente de la Oficina para la Mejora de las Instituciones del Autogobierno.

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