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Llarena rastrea 18 meses de ‘emails’ del Govern y los líderes independentistas

La Guardia Civil se llevó en los registros de esta semana copias de la correspondencia de Puigdemont, Junqueras, Mas y otros 29 exaltos cargos y dirigentes políticos

Fachada del Tribunal Supremo.
Fachada del Tribunal Supremo.

La Guardia Civil acudió el pasado miércoles al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat catalana para hacer copia de todos los correos electrónicos que enviaron y recibieron durante 18 meses 32 personas clave en el plan independentista. Entre ellos, todos los investigados: los miembros del último Govern y destacados dirigentes del PDeCAT, ERC y la CUP. Los agentes tenían el visto bueno del juez Pablo Llarena para reclamar también las claves informáticas y poder acceder a mensajes cifrados.

El auto por el que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ordena el volcado de los correos electrónicos forma parte de la pieza separada que abrió el 16 de enero y cuyo secreto levantó el pasado miércoles. Entre los 32 titulares de los emails de los que se recabó información se encuentran los 28 investigados. Así, figuran los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont y todos los exconsejeros cesados tras la activación del artículo 155 de la Constitución, con Oriol Junqueras a la cabeza. Junto a ellos, aparecen los seis integrantes de la Mesa del Parlament en la anterior legislatura y los dirigentes independentistas Marta Rovira (ERC), Lluís Maria Corominas (PDeCAT), Mireia Boya y Anna Gabriel (ambas de la CUP). También los líderes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart —actualmente encarcelados—, y Neus Lloveras, expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI).

Además, Llarena pide información sobre los correos de otras cinco personas que no figuran en este momento como investigados en la causa que instruye, aunque algunos si están imputados en la que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona por idénticos delitos. Son Pere Aragonés, secretario de Economía de la vicepresidencia; Joan Vidal de Ciurana, exdirector gerente de Òmnium y exsecretario del Govern; el jurista Carles Viver Pi-Sunyer, expresidente del Instituto de Estudios de Autogobierno; Víctor Cullell, exresponsable de la Secretaría para el Desarrollo del Autogobierno; y Josep María Reniu, que estaba al frente de la Oficina para la Mejora de las Instituciones del Autogobierno. Con los 28 investigados y estos cinco nuevos señalados la cifra ascendería a 33, aunque en el auto del juez, al que ha tenido acceso EL PAÍS, sólo figuran 32.

Llarena explica en el auto que busca en los correos electrónicos pruebas de los delitos de rebelión, sedición y malversación que les atribuye, y “que han supuesto la ruptura de la cohesión social y política que sustentan” el Estado democrático. El escrito del juez responde a la petición formulada el 16 de noviembre por la Guardia Civil, que consideraba necesaria esta diligencia “para esclarecer el grado de implicación y participación en los hechos”. Los agentes solicitaban acceder a los correos desde el 20 de septiembre de 2015 —una semana antes de la celebración de los comicios que auparon al poder a la coalición Junts pel Sí— hasta “la actualidad”.

Mensajes cifrados

Sin embargo, el instructor ha acotado la petición al año y medio previo a la declaración de independencia del Parlament: desde el 28 de abril de 2016 al 27 de octubre de 2017. Llarena lo justifica en que la ley fija en 18 meses la duración máxima de la intervención de las comunicaciones, salvo “especiales motivos” que, en este caso, considera que no existen.

En su auto, fechado el 11 de enero, el juez ordena también que el CTTI entregue copia del certificado digital personal perteneciente a las cuentas de correo de los investigados y que se faciliten las claves para acceder a los mensajes cifrados. La Guardia Civil hizo en su escrito mención a ello después de que en la causa que se instruye en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona no pudiera acceder al contenido de los correos de 11 investigados por la existencia de un sistema de cifrado. Para obtener copia de los correos de Sànchez y Cuixart, la Guardia Civil acudió a las sedes de ANC y Òmnium. En este caso, Llarena ordenó a los agentes que hicieran copia incluso de aquellos mensajes que no hubieran sido abiertos por ambos imputados por encontrarse ya en prisión.

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