Rajoy desoye al Consejo de Estado e impugna la candidatura de Puigdemont
Aunque la opinión del Consejo de Estado no es vinculante, este pronunciamiento supone un duro varapalo para el Ejecutivo
Una crisis institucional de alcance imprevisible se abrió ayer al rechazar el Consejo de Estado la decisión del Gobierno de impugnar ante el Tribunal Constitucional la candidatura a la investidura de Carles Puigdemont. El órgano consultivo no encuentra bases jurídicas para tomar esa decisión toda vez que no se ha producido ningún hecho que pueda justificar el recurso. El Gobierno, no obstante, sigue adelante con su intención de impugnar la candidatura. El Ejecutivo confía en que el Tribunal Constitucional admita el recurso y pare la elección.
No se ha producido ningún hecho que justifique la impugnación de la candidatura de Carles Puigdemont, que tiene una orden de detención del Tribunal Supremo, pero sobre el que no pesa ninguna decisión judicial firme que le impida presentarse como candidato o ser presidente de la Generalitat.
En este sentido, la mera proclamación como candidato para que intente ser investido en el pleno del Parlamento de Cataluña no supone un acto reprobable jurídicamente, según el Consejo de Estado. Este criterio expresado anoche por el órgano consultivo, en un informe que es preceptivo pero no vinculante, produjo en el Gobierno estupor y consternación. Cuando el Gobierno decidió recurrir, no contaba con que el Consejo de Estado le iba a propinar este mazazo. Mucho le había costado tomar la decisión porque en los últimos días había valorado la situación para ver en qué momento podía acudir al Constitucional para impedir la investidura. Y no era este. El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, así lo señaló anteayer en Onda Cero. “El recurso ante el Constitucional se tiene que presentar después del acto administrativo que lo motive; no se puede recurrir un anuncio”, declaró el presidente. Finalmente, el Gobierno llevará al Constitucional la decisión del presidente del Parlament, Roger Torrent, de proponer a Puigdemont como candidato a la investidura, una resolución que adoptó el pasado 22 de enero.
La esperanza de que los propios independentistas sustituyeran a Puigdemont por otro candidato se ha desvanecido poco a poco, por lo que el Gobierno ha decidido arriesgar y tratar de parar ya la investidura de Puigdemont. “Hemos hecho muchas consultas a expertos y vemos que sí es posible el recurso”, justifican en el Gobierno.
Con esta urgencia política, el Gobierno decidió tomar esta iniciativa sin consulta previa y oficiosa al Consejo de Estado. Fuentes de ese órgano consultivo señalaron anoche a EL PAÍS que la apuesta del Gobierno no tuvo buena acogida en ningún momento.
El Consejo de Estado, en otra consulta que hizo el Ejecutivo, sí tiene claro que no se puede investir a un candidato de forma telemática o por delegación. De esta manera, coincide con los letrados del Parlament.
Minimizar el varapalo
El Ejecutivo trata ahora de minimizar el varapalo y situar la discrepancia en el orden temporal, esto es, que aún no hay motivos para la impugnación pero los puede haber.
En su recurso ante el Constitucional, el Gobierno de Rajoy argumentará que Puigdemont no tiene “libertad de deambular” por España ya que sobre él pesa una orden de detención que tendrá que ejecutarse nada más que llegue a territorio español. Como prueba, señalará que el presidente del Parlament tuvo que entrevistarse con el expresident en Bruselas. Si no tiene libertad de movimientos porque la justicia caerá sobre él, no puede aspirar a someterse a una investidura, sostiene el Gobierno.
Para el Gobierno es insoportable políticamente la imagen de Puigdemont siendo investido de forma telemática o por delegación. La investidura carecería de valor real, porque sería impugnada ante el Constitucional, pero sí tendría fuerza simbólica para el independentismo y la imagen de un Gobierno central que por segunda vez descabalga de la presidencia de la Generalitat a Puigdemont.
La decisión del Consejo de Estado da aire al independentismo en un momento de máxima incertidumbre política sobre el futuro de Cataluña. De momento, el separatismo no se arredra y ha postulado a Puigdemont como candidato al pleno que se celebrará el próximo martes.
El Constitucional no tiene programada ninguna reunión plenaria la próxima semana, pero está en guardia para lo que ocurra en la Cámara catalana.
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