El juicio del ‘procés’ mira a Estrasburgo

A Manuel Marchena solo le faltó decir: “Me alegro de que me haga esta pregunta”. Porque la había previsto. Y tenía a punto la respuesta. Veloz, el presidente del tribunal que juzga el procés rechazó la petición de Vox de impedir que los acusados luzcan “símbolos ideológicos”. Para apoyar su decisión citó, como sin esfuerzo, dos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que condenaron a Bosnia Herzegovina y a Bélgica por impedir a unos procesados lucir símbolos religiosos durante una vista oral.

Además de atar en corto al partido ultra —que ejerce la acusación popular contra los 12 líderes independentistas procesados—, Marchena demostró a propios y extraños que la sala está al corriente de lo que ocurre en Estrasburgo, máximo garante de los derechos humanos en Europa, último filtro de las libertades en el continente.

Los magistrados saben que, con toda probabilidad, la causa del procés desembocará tarde o temprano en Estrasburgo. Son conscientes —lo pudieron ver y oír en la primera sesión del juicio— de que los abogados harán cuanto esté en su mano para que un eventual recurso (en caso de condena) prospere. Con la mente ya puesta en esa “segunda vuelta del partido”, los abogados confían en que Europa “hará justicia” y pondrá en evidencia la vulneración de derechos fundamentales de los llamados “presos políticos”. Por esa misma razón Marchena y compañía quieren taponar, con argumentos, cualquier posibilidad de que se emita una condena contra España, máximo anhelo del independentismo.

Las “cuestiones previas”, que la semana pasada coparon dos de las tres primeras sesiones del juicio, suelen ser tediosas: barrocos argumentos técnico-jurídicos y enrevesados aspectos de procedimiento que, además, no suelen llevar a ninguna parte. Aunque a veces salta la sorpresa, como cuando la Audiencia de Barcelona anuló (2012) las escuchas telefónicas a una banda de proxenetas del Raval: los pinchazos no estaban motivados y se vulneró el derecho fundamental de la banda al “secreto de las comunicaciones”. Los proxenetas celebraron su absolución con ostentosos bailes y cortes de manga frente al tribunal.

No es fácil que las alegaciones de las defensas del procés sobre vulneración de derechos fundamentales (libertad de expresión, de protesta, de participación política) prosperen. Ello supondría nada menos que la nulidad de un proceso que mantiene en prisión provisional, desde hace más de un año, a nueve personas, entre ellas todo un exvicepresidente de la Generalitat como Oriol Junqueras (ERC). El tribunal, en cualquier caso, ha optado por no pronunciarse de momento y ha anunciado que resolverá las peticiones en sentencia. Una señal más de que quiere trabajar el asunto a fondo, con tino, cerrando en la medida de lo posible las compuertas de la justicia europea.

Sentencias del TEDH

Pero Europa está presente desde el minuto 1 del juicio del procés. Allí es donde parte de los abogados —los que han planteado una estrategia más política que jurídica— tienen puesta la cabeza. Y la esperanza. Así se explica la retahíla de sentencias del TEDH que citaron ante Marchena y que, piensan, pueden exportarse también a la causa especial 20907/2017, la que impulsa el Tribunal Supremo contra los máximos responsables de la hoja de ruta independentista.

Fiarlo todo a Estrasburgo tiene sus riesgos. De entrada, coinciden fiscales consultados a este respecto —pero que no han intervenido en la causa del procés— supone, de alguna forma, “una asunción precipitada de la derrota ante el Supremo”. Y advierten de que no todo vale, tampoco en Europa. “Ciertas actitudes, como la de Junqueras, que no quiso contestar al fiscal, se tienen en cuenta”. Aunque los abogados van a dar igualmente la batalla, algunos de ellos creen que la sentencia, aunque no esté dictada de antemano, será condenatoria. “Tengo pocas esperanzas. Obviamente, la sentencia tendrá que dictarse, pero todos nos estamos preparando para Europa”, dice el exdiputado Francesc Homs, codefensor de los acusados del PDeCAT. “Este es un partido a doble vuelta y todos lo sabemos”, agrega.

Como Marchena, los abogados también están muy al día de lo que ocurre en Estrasburgo. Lo probó Benet Salellas, autor de un libro (Jo acuso: la defensa en judicis polítics) que parte de Émile Zola para aterrizar en la pantanosa causa del procés. Salellas, exdiputado de la CUP en el Parlament, citó una condena del tribunal europeo contra Azerbaiyán por encarcelar a líderes de la sociedad civil para “silenciar” a la oposición. Un claro paralelismo, añade Saellas, de lo ocurrido con su cliente, Jordi Cuixart, y también con Jordi Sànchez. En el otoño caliente de 2017 —con las protestas por los registros judiciales del 20-S, el referéndum del 1-O y la posterior declaración unilateral de independencia— presidían Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana (ANC), las dos entidades que catalizaron la movilización independentista en la calle.

El caso Dermitas fue citado con especial ahínco por los abogados. El TEDH condejó a Turquía por vulneración de derechos al mantener en prisión preventiva, durante algo menos de dos años, al diputado kurdo Selahattin Demirtas. El encarcelamiento de “un cargo parlamentario” por un tiempo prolongado es “incompatible” con los “derechos políticos”, concluyeron los magistrados. La Fiscalía rechazó que ese caso sea aplicable al del procés.

Las intervenciones de los abogados en las cuestiones previas fueron un desarrollo de sus escritos de defensa. Solo en el de Cuixart, las siglas TEDH aparecen citadas en 53 ocasiones. También copa las páginas de la defensa de Jordi Sànchez, que tras asegurar que no hay delito de rebelión porque no hubo violencia, lanza una advertencia expresa: “Una eventual condena supondría, necesariamente, la vulneración de derechos fundamentales y así se denunciará” ante Estrasburgo.

La esperanza de los acusados tiene un fundamento: cuando la partida del procés se ha jugado en otros campos de juego (o sea, fuera de España) han ganado. La victoria más sonada fue la de Alemania. El tribunal de Schleswig-Holstein rechazó la petición del juez Pablo Llarena de entregar al expresident Carles Puigdemont por el delito de rebelión. Una decisión que, según dijo en el juicio el fiscal Javier Zaragoza, fue una “intromisión” en la jurisdicción española porque se valoró el fondo del asunto. Bélgica también rechazó entregar a los exconsejeros huidos Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret.