Romeva proclama la legalidad del referéndum y el ‘procés’

Raül Romeva ofreció este martes a siete magistrados del Tribunal Supremo, a dos miembros de la cúpula fiscal –una de ellas, Consuelo Madrigal, antigua fiscal general del Estado-, a la Abogacía del Estado, a los letrados de la defensa, y al mundo entero a través de Internet una conferencia de derecho internacional, que suponía una versión corregida y aumentada de la que ya lanzó Oriol Junqueras el pasado jueves en el juicio del procés. Romeva, exconsejero de Asuntos Exteriores de la Generalitat y experto en cultura de paz y procesos de mediación, solo contestó a las preguntas de Andreu Van den Eynde, el abogado de cabecera de ERC, que comparte con Junqueras. Durante una hora y cuarenta minutos, el letrado convirtió cada pregunta en un pie para que su cliente proclamara –nadie podía contradecirlo- la legalidad del referéndum prohibido por el Tribunal Constitucional y cargara al Gobierno central la responsabilidad del conflicto catalán.

“Lo que hemos hecho es lícito, legítimo, y creo que legal. Defender el principio democrático es una responsabilidad y un deber, y quiero lamentar que si estamos aquí es porque quienes tenían que hacer política no lo hicieron y les pasaron a ustedes una responsabilidad que les atañe a ellos. Les pido que devuelvan esa carpeta a donde nunca debió haber salido, a la política”, dijo Romeva al tribunal presidido por Manuel Marchena aprovechando la última pregunta que le brindó su letrado.

Antes de desgranar su currículo como analista de conflictos armados, Romeva, exdirigente de la formación ecosocialista Iniciativa per Catalunya, con la que fue eurodiputado entre 2004 y 2014, se presentó ante el tribunal como un “preso político”. La fiscalía reclama para él 16 años de prisión por delito de rebelión agravada con malversación de fondos públicos. La acusación pública le considera responsable del supuesto gasto de dinero del contribuyente para movilizar a los catalanes en el extranjero ante el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la contratación, a través del consorcio público-privado Diplocat, de “observadores” de aquella consulta ilegal.

Romeva, pasando por encima de los hechos de que le acusa el fiscal, defendió el derecho de autodeterminación de Cataluña. “No hay ni un solo tratado internacional o europeo que prohíba el derecho de autodeterminación y la Constitución Española tampoco tiene ninguna disposición que lo prohíba (…) es cuestión de voluntad política que se pueda encontrar la vía para ejercer este derecho”. Romeva describió el desafío independentista catalán como un proceso que nace del pueblo y es acogido por las élites.

El procés, dijo es “una movilización prácticamente espontánea de miles de personas que empiezan a movilizarse de forma siempre cívica y pacífica, a la par que reiterada y persistente”. Estos cuatro adjetivos –cívico, pacífico, reiterado y persistente– forman parte de la sentencia del Tribunal Supremo canadiense que aceptó el referéndum de autodeterminación del Quebec en 1998, uno de los espejos –Escocia y Kosovo son otros– en los que se mira el independentismo catalán.

"Demócrata, republicano y europeísta"

Romeva, que se autodefinió como “demócrata, republicano y europeísta”, y solo circunstancialmente independentista, situó el inicio del procés en la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 que anuló varios artículos del Estatuto de Autonomía de Cataluña. “Hasta entonces, defendía un proyecto político que no era la independencia, sino una federación o una confederación”.

El exconseller de Exteriores, al contrario que su homólogo de Interior, Joaquim Forn, que reconoció el jueves que el referéndum fue ilegal, defendió la validez de la consulta. “¿Por qué íbamos a desconvocarlo, si hacer un referéndum no es un delito y respondíamos a la demanda cívica, pacífica reiterada y persistente del 80% de la población? ¿Por qué íbamos a renunciar al referéndum, si el derecho a votar está reconocido en toda democracia? No había ninguna razón para hacerlo”. El político reconoció que en aquella jornada hubo violencia, pero la achacó íntegramente a la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil. “Esa resistencia provocó una enorme cantidad de víctimas civiles, dicho sea en términos estrictos. Alrededor de un millar de personas sufrió agresiones y heridas”, sostuvo.

Respecto a los altercados del 20 de septiembre de 2017, cuando una multitud trató de impedir la operación judicial contra los preparativos del referéndum, Romeva, que estaba esa jornada en Madrid, los enmarcó en el derecho de manifestación. “Manifestarse no es alzarse, del mismo modo que protestar no es un tumulto y opinar no es un delito. Ese día [el 20 de septiembre] vi el ejercicio cívico, pacífico y democrático del derecho a la manifestación. No es que esté prohibido, es que las democracias deben garantizar el derecho a la protesta, incluso cuando va contra uno mismo”.