Documentos confidenciales prueban que Rajoy nunca consideró aplicar el estado de sitio en Cataluña por el 1-O

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El Gobierno ha remitido al tribunal que juzga a los cabecillas del procés certificaciones que acreditan que ni el Gobierno de Mariano Rajoy ni el Consejo de Seguridad Nacional abordaron nunca la posibilidad de aplicar la Ley de Estado de Sitio y la Ley de Seguridad Nacional ante la situación en Cataluña tras la convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Las certificaciones están avaladas por el director de Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Iván Redondo, y la secretaria general técnica y directora del Secretariado del Gobierno, Clara Mapelli Marchena.

La Moncloa ha hecho llegar los documentos al Tribunal Supremo a lo largo de este mes de febrero, según ha podido confirmar EL PAÍS. La última comunicación fue enviada el pasado 13 de febrero. Xavier Melero, abogado defensor del exconseller de Interior Joaquim Forn, que declaró en la vista el día 14 de febrero, acusado del delito de rebelión, solicitó esas certificaciones. El tribunal las consideró pertinentes.

Las defensas tratan de demostrar que si se hubiese producido el delito de rebelión que imputa la Fiscalía a varios de los procesados, el Gobierno tendría que haber considerado entonces la aplicación del estado de sitio y de la Ley de Seguridad Nacional.

Acto seguido, la letrada de Administración de Justicia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, María Antonia Cao, cursó la solicitud a la dirección del gabinete de la Presidencia del Gobierno el 1 de febrero pasado. La letrada pedía certificación de “si el Gobierno de España declaró el estado de sitio con motivo del proceso soberanista catalán a fin de poder valorar la supuesta gravedad de los hechos ocurridos en Cataluña especialmente el día 1 de octubre de 2017”.

En el segundo oficio, de texto similar, se pedía informe sobre las “disposiciones de cualquier género dictadas en el ejercicio de sus competencias” en relación a la “ley 36/2015 de 28 de septiembre de Seguridad Nacional durante 2017 y en relación con la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017”.

Un tercer oficio de la letrada Cao pedía certificación sobre las “actas de los consejos de ministros celebrados en 2017 en los que se debatiera la proposición al Congreso de los Diputados de la declaración del estado de sitio... según la Ley de Estados de Alarma, Excepción y de Sitio”.

Iván Redondo, director de gabinete de la Presidencia del Gobierno, respondía el 13 de febrero pasado con la certificación del secretario general técnico de la Dirección del Secretariado del Gobierno de que, según las actas de las reuniones del Consejo de Ministros, el Ejecutivo de Mariano Rajoy no declaró el estado de sitio con motivo del proceso soberanista catalán.

Las certificaciones en apariencia más relevantes son las que se refieren a las reuniones celebradas por el Consejo de Seguridad Nacional. Esas actas tienen el sello de “confidencial”. El 6 de octubre de 2017, cinco días después del referéndum, estaba prevista en La Moncloa una de esas reuniones, convocada el 25 de septiembre. La reunión, que fue aplazada, tenía en su punto 3 del orden del día: “Informe de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia sobre la situación en la Comunidad Autónoma de Cataluña”. Los documentos enviados por el Gobierno al Supremo incluyen un oficio del 30 de septiembre que comunica que la reunión prevista para el 6 de octubre queda postergada “a una nueva fecha que oportunamente se les comunicará por causas sobrevenidas”.

La documentación enviada al tribunal que juzga a los líderes independentistas incluye además copia de otro oficio del 24 de noviembre que convocaba una nueva reunión del Consejo Nacional de Seguridad para el 1 de diciembre a las 9.00 horas en La Moncloa. El borrador del orden del día de ese segundo encuentro reza: “Informe de la Vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para Administración Territorial sobre la situación de la Comunidad Autónoma de Cataluña”.

Finalmente, se adjunta oficio de 28 de noviembre de 2017 por el que se modificaba el orden del día de la reunión del citado 1 de diciembre. El informe de la vicepresidenta sobre Cataluña es sustituido por otro “sobre ciberseguridad”. Por tanto, tampoco se pudo abordar la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional.