Gertz anuncia una investigación sobre los fallos de la Fiscalía de Jalisco en sus pesquisas del centro de exterminio de Teuchitlán

El fiscal general de México, Alejandro Gertz, ha informado este martes de que la dependencia abrirá una investigación sobre los fallos de la Fiscalía de Jalisco, en sus propias pesquisas sobre el centro de exterminio de Teuchitlán, en la región de Valles, a una hora de Guadalajara, la capital. La semana pasada, familiares de personas desaparecidas denunciaron el hallazgo de cientos de fragmentos óseos en el lugar, además de otros tantos zapatos, hornos crematorios... La Fiscalía de Jalisco procesó ese mismo espacio el año pasado, dejando cantidad de evidencias a la intemperie, o permitiendo, incluso, que los criminales lo siguieran usando.

“Vamos a establecer una investigación de lo que ocurrió ahí, porque ese hallazgo lo hizo un grupo ciudadano, después de que hubiera habido una serie de operaciones en los alrededores”, ha dicho Gertz, en referencia a las pesquisas de la Fiscalía local del año pasado. “Era un tema francamente conocido y nosotros tenemos que dar un informe muy preciso de los antecedentes, quiénes son los que estaban protegiendo esa área, quiénes son los propietarios y usuarios de esos inmuebles... No es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocido por las autoridades locales y del Estado”, ha añadido.

Gertz ha aclarado que la Fiscalía General de la República (FGR) no asumirá las pesquisas de lo ocurrido en el centro de exterminio, ubicado en un rancho de alrededor de media hectárea, cerca de unas conocidas ruinas arqueológicas. Se centrará en los errores de sus colegas locales, al menos de momento. El fiscal ha aclarado que, en todo caso, se debe llegar al fondo del asunto. “No podemos permitir que una situación así quede en algún tipo de confusión. Por supuesto que debemos llegar al fondo, ver por qué estaban esas prendas ahí, si realmente funcionaba como un crematorio”, ha dicho el fiscal.

El centro de exterminio de Teuchitlán alimenta la sensación de terror generalizado en el país, acostumbrado ya a masacres y horrores de todo tipo. Asesinatos múltiples, desapariciones masivas, guerras entre grupos criminales... El gabinete de seguridad federal ha reportado este martes que México ha vivido el febrero menos violento en materia de asesinatos desde hace siete años. Así, conviven importantes noticias estadísticas con la barbarie más profunda. Los asesinatos bajan a mínimos, al tiempo que madres buscadoras encuentran presuntos restos de personas, hechos añicos, en un rancho presuntamente procesado por las autoridades meses atrás.

El caso de Teuchitlán es de una gravedad tremenda. No solo muestra la negligencia o incapacidad de las agencias de procuración de justicia en el país, sino que ilumina las consecuencias de la gobernanza criminal, ese pacto, verbalizado o no, que permite que cada gremio en un contexto local, políticos, empresarios y criminales, haga y deshaga sin molestarse entre ellos. A veces, incluso, en franca colaboración. En ese sentido, Gertz ha lanzado un dardo a las administraciones locales. “Es una oportunidad de establecer con toda precisión lo que la señora presidenta ha venido señalando, en el sentido de la obligación de las autoridades locales de detener el crecimiento de los delitos del fuero común”, ha dicho.

En Teuchitlán y los municipios y poblados aledaños, caso de Tala, Ameca, Las Navajas, etcétera, la existencia de este tipo de espacios data de hace al menos una década. La cercanía de la región con Guadalajara, pero también su relativo aislamiento, entre montañas, y la proximidad a las carreteras que conducen a la turística Puerto Vallarta hacen de estos pueblos lugares atractivos para las mafias, particularmente para el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este grupo criminal controla buena parte del Estado, con especial fortaleza en la región de Valles y la Sierra Occidental, donde se han dado hallazgos de este tipo de espacios.

El contubernio político criminal en la zona es evidente desde hace años. Más allá del descubrimiento de campos de exterminio y/o entrenamiento de reclutas, como el de estos días, destaca la aparente colusión de las fuerzas policiales con este grupo. En junio de 2022, el Departamento del Tesoro señaló al jefe de policía de Ameca, y coordinador, además, de los jefes de policía de la región Valles, Severo Flores, de pasar información al CJNG. Flores fue destituido. En octubre, las autoridades detuvieron a un policía de Tala por colaborar con el grupo.

Las operaciones del CJNG en esta zona de Jalisco, el corredor que va del Bosque de la Primavera a Puerto Vallarta, están a cargo presuntamente de Gonzalo Mendoza Gaytán, alias Sapo, señalado desde hace años por las autoridades de Estados Unidos, como parte de la cúpula del grupo, encabezado por Nemesio Oseguera, alias Mencho. En documentos internos del Ejército, divulgados hace un par de años gracias al hackeo del grupo Guacamaya, Gaytán aparece como jefe del grupo, precisamente en Valles, la Sierra Occidental y la Costa Norte, que incluye a Vallarta.