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La Fiscalía reprocha a las defensas que intenten convertir la vista en un juicio de la actuación policial el 1-O

Manuel Marchena pide a las acusaciones y los abogados que no den por acreditadas cosas que no lo están

Las defensas de los líderes independentistas acusados, este martes en el Tribunal Supremo. En vídeo, momento del reproche de Marchena a la abogada de Jordi Cuixart.

Los miembros del Cuerpo Nacional de Policía que han testificado este martes en el juicio del procés han ratificado las líneas básicas de todas las declaraciones de agentes estatales que se han oído en las últimas semanas en el Tribunal Supremo: que el 1-O encontraron en los centros de votación una resistencia —en unos lugares pasiva y en otros, muy activa— a la labor policial y que los Mossos d’Esquadra no les apoyaron en estas intervenciones y se convirtieron en “meros observadores”. Las defensas intentan contrarrestar estos testimonios sacando a la luz la fuerza con la que se emplearon algunos agentes para apartar a los ciudadanos. Lo hacen en cada interrogatorio, pero este martes la fiscal Consuelo Madrigal se ha quejado al tribunal poniendo sobre la mesa un tema que sobrevuela desde que empezó la vista oral: “Esto no es un juicio a la Policía. Hay preguntas que parece que estamos en un juicio contra la actuación policial en el cumplimiento de órdenes judiciales”, ha afirmado Madrigal.

El juicio del procés está teniendo una característica muy poco habitual y que distorsiona la vista: el principal protagonismo se lo están llevando personas o situaciones que no se juzgan en el Supremo. Tanto las preguntas de acusaciones y defensas como las respuestas de los testigos conducen, casi a diario, a analizar el papel que tuvo el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que está procesado en rebeldía y no será juzgado hasta que vuelva a España, el major de los Mossos Josep Lluís Trapero, procesado por la Audiencia Nacional, o la actuación de los tres cuerpos de seguridad (Policía, Guardia Civil y Mossos), cuando ninguno de ellos son parte directa de este juicio. Los que más se acercan son los agentes catalanes, porque su supuesta complicidad con los líderes políticos es considerada por la Fiscalía como un factor a favor de la tesis de la rebelión, pero los responsables policiales no se sientan en el banquillo del alto tribunal.

La queja de la fiscal Madrigal ha llegado este martes tras una intervención de la abogada Marina Roig, que defiende al presidente de Òmnium, Jordi Cuixart. Roig ha preguntado a un agente que intervino en el Instituto Torreforta de Tarragona si la razón de que les costara entrar en el centro fue porque tuvieron que pasar "encima de la gente" que se había sentado en el suelo a la entrada. La abogada ya había preguntado a otros testigos que estuvieron en ese instituto el 1-O si las agresiones a los agentes se produjeron después de que los policías pisotearan a los ciudadanos, algo que han rechazado todos. “¿No es más cierto que no pudieron entrar porque trataron de entrar saltando encima de la gente, pisándola?”, ha inquirido la abogada. Ha sido entonces cuando la fiscal le ha interrumpido y se ha quejado al tribunal.

La protesta de Madrigal ha obligado a intervenir al presidente, Manuel Marchena, que ya antes había reprochado a varios abogados que formulen preguntas que parten de lo que ellos consideran acreditado. “Ya lo he dicho antes en relación con otros compañeros suyos. De lo que se trata es de preguntar al agente qué es lo que vio. Si usted dice 'hay alguien que saltó una barrera', lo da por cierto y no sabemos si es cierto o no. Lo vamos a saber, pero aún no lo sabemos. Si usted hace la pregunta, el agente está bajo juramento, pero usted no, y eso plantea un problema serio", ha advertido Marchena, que ha lamentado que desde hace semanas intenta que las preguntas no partan de una versión que una de las partes considera probada, pero las acusaciones y, sobre todo las defensas, insisten en ese camino. “Por eso preguntemos no tomando como referencia en la interrogación algo que usted da por probado, ¿de acuerdo?”, ha zanjado el presidente del tribunal.

Al margen de este rifirrafe, los agentes de la Policía Nacional han relatado situaciones de “violencia”, insultos y “hostilidad” en los centros de votación. Solo en dos casos lograron entablar una negociación con interventores de las mesas y consiguieron que les entregaran urnas. Los testigos insistieron también en que la presencia de los Mossos se limitaba siempre a una pareja de agentes que en ningún caso les apoyó en su actuación. Como en sesiones anteriores, el adjetivo más utilizado para definir la actuación de la policía catalana ha sido "pasiva".

Varios agentes han coincidido en que solo hicieron uso de la fuerza después de que los ciudadanos concentrados en los colegios les agredieran. En la mayoría de las ocasiones, la fuerza la aplicaron con las defensas complementarias que portaban los miembros de las Unidades de Intervención Policial (los antidisturbios), aunque estas solo fueron empleadas como "último recurso", aseguró un agente. En muchos de los centros se encontraron en las primeras filas de las concentraciones a personas mayores o niños y todos fueron apartados "cuidadosamente", según los policías. Algunos de los testigos han declarado que fueron agredidos y necesitaron atención médica, aunque ninguno sufrió lesiones de gravedad.

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