Un ex alto cargo de Hacienda señala que la Generalitat pudo “burlar” el control del Estado para el 1-O

El Ministerio de Hacienda no consiguió recabar pruebas de que la Generalitat desviara fondos públicos para organizar el referéndum del 1 de octubre de 2017, pero no descarta que ocurriera. Así lo ha sugerido este martes Felipe Martínez Rico, el que fuera subsecretario de Estado de Hacienda durante el procés. Martínez Rico, que ha comparecido como testigo en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo, ha explicado cómo el Gobierno fue ampliando el seguimiento de las cuentas catalanas a partir de noviembre de 2015. El control se volvió exhaustivo desde julio de 2017. “¿Este control era inexpugnable? ¿Admitía ser burlado?”, ha preguntado la fiscal Consuelo Madrigal. El testigo no ha descartado esta posibilidad. "Es un sistema de certificación propio de la intervención, pero no es la realidad material de los hechos", ha admitido.

La respuesta de Martínez Rico va en la línea de lo declarado en su día por el que fuera su jefe, el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, quien también dio cuenta de los férreos controles pero sugirió que el Govern pudo esquivarlos, lo que dejaría abierta la puerta a un posible delito de malversación. Martínez Rico ha afirmado a preguntas de la Fiscalía que los controles del ministerio “llegan a donde llegan y tienen los límites que tienen”, por lo que no pueden detectar una contratación irregular. “Una contratación irregular es irregular en cualquier caso, con certificado y sin él y quedaría al margen del control”, ha reconocido.

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Tras Martínez Rico han comparecido dos agentes de la Guardia Civil citados por la Fiscalía. El primero estuvo presente en el registro de la casa y el despacho del que era secretario Hacienda de la Generalitat Josep Lluís Salvadó. Ha explicado que el registro se pudo hacer “con total normalidad” pese a que frente a la sede de la consellería se habían concentrado algunas decenas de personas.

Entre la documentación encontrada en la casa y el despacho de Salvadó, que está imputado en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, el agente ha destacado unos folios rotos hallados en una papelera. Al reconstruirlos se leía: “Escenarios posteriores al referéndum” y hablaba de cuatro fases: la noche electoral, el recuento y proclamación formal, transitoriedad jurídica y proceso constituyente de transición. También se encontró otro documento con dos títulos: Escenario de guerra y Escenario de guerrilla. Según el agente, se trataba de las medidas jurídicas y financieras que podía tomar el Estado frente al desafío independentista y las vías de subsistencia que podría adoptar Cataluña.

El segundo agente que ha declarado asistió, entre otros, al registro y detención de Josep Maria Jové, el número dos de Oriol Junqueras en la Consejería de Economía. El agente ha declarado que pudieron registrar el domicilio, pero que no pudieron llevar al detenido a su despacho de Economía debido a la concentración que había ante la sede. “Me decían que había tal concentración de gente que de momento era imposible acceder”, ha explicado el guardia civil, que ha añadido que su jefe le dijo por teléfono que Jordi Sànchez, entonces presidente de la Asamblea Nacional Catalana, le transmitió que no iba a permitir la entrada de vehículos de la Guardia Civil a la sede de Economía.

Este agente ha explicado también su participación en algunas de las investigaciones para averiguar si la Generalitat empleó dinero público en la organización del referéndum. En particular, en las sedes de Unipost, del Diplocat y de empresas de cartelería. Y el testigo ha revelado algunos detalles que ayudan a la acusación de la Fiscalía relacionada con la malversación. Según el agente, hay documentación acreditativa del pago en casi todos los casos, pero está en distintos estadios del proceso. En el caso de Unipost, existen compromisos de pago documentados, mientras que en la campaña de Civisme (para promover la participación en el referéndum) llegaron a emitirse facturas, aunque no se abonaron. Respecto a los gastos de observadores internacionales, ha sostenido que sí llegaron a abonarse.

El testigo se ha detenido especialmente en el caso del registro de la sede de la central de Unipost en L’Hospitalet. Ha contado que en el despacho del director general de la empresa, Pablo Reventós, se encontró una nota escrita a mano titulada “Resumen de la campaña de la Generalitat” que versaba sobre el envío de 56.000 cartas destinadas a los miembros de las mesas de votación del 1-O. En esta nota se hacía referencia a cinco departamentos de la Generalitat entre los que se distribuía el encargo, entre ellos, Presidencia (Turull), Vicepresidencia (Junqueras) y Trabajo (Bassa). Además, los agentes encontraron facturas “proforma” y unas notas de entrega con los sellos de estos cinco departamentos sobre el pedido hecho a Unipost. 

Durante el interrogatorio de los agentes, las defensas han intentado sembrar dudas sobre los procedimientos formales que se siguieron en los registros. Por ejemplo, en el caso de la operación en la sede de Economía, el abogado de Junqueras ha considerado que la Guardia Civil registró más dependencias de las que señala el auto judicial. El testigo ha admitido que, además del despacho de Salvadó, se registraron “las mesas de sus secretarias” y “el cuarto de la fotocopiadora”. Las defensas también han incidido en los procedimientos (en su opinión irregulares) que se siguieron para leer los derechos a los detenidos y en si estos estaban asistidos por sus abogados durante los registros (Salvadó, no y Jové, sí, según los agentes).

"Terror total"

El tercer agente que ha comparecido ha contado cómo se desarrolló el registro en la sede del Departamento de Exteriores. El testigo ha hecho referencia a dos situaciones que relata el escrito de acusación de la Fiscalía: la “actitud hostil” de las 200 personas concentradas en la puerta obligó a sacar en un coche camuflado a la secretaria judicial “entre insultos y lanzamiento de objetos” y generó momentos de “violencia” cuando se sacó del edificio detenido a Xavier Puig Farré, un alto cargo de Exteriores.

El guardia civil ha descrito esa situación como “un capítulo de terror total”. Ha asegurado que hubo insultos, amenazas de muerte, lanzamiento de botellas y zarandeos y golpes a los vehículos policiales, uno de los cuales quedó con los cristales rotos. “Había un ambiente muy agresivo y me temí un asalto al edificio”, ha asegurado. También ha afirmado que los manifestantes “intentaron sustraer” al detenido del dispositivo de seguridad que lo conducía del edificio al coche policial. “Lo agarraban por el cuello y por la ropa”, ha relatado. Ante esta situación, ha añadido, los agentes de los Mossos d’Esquadra que estaban desplazados fuera del edificio, solo “miraban”.

El agente ha asegurado también que, en un determinado momento, pasó por delante del edificio la entonces presidenta del Parlament, Carme Forcadell, dentro de una furgoneta. “Forcadell sacaba la mano para agitar a la masa desde el coche oficial”, ha dicho. Durante el turno de preguntas de las defensas, la abogada de Forcadell ha negado que esta pasara por allí aquel día, ha advertido que el agente no había citado este hecho en anteriores declaraciones y ha pedido, sin éxito, que se actúe por falso testimonio contra el testigo. Otros letrados de la defensa han intentado desacreditar el relato del agente. Javier Melero, abogado de Joaquim Forn, ha preguntado si la Guardia Civil “usó la fuerza” ante la situación de violencia descrita por el testigo. El guardia ha admitido que no se hizo y que nadie resultó herido, salvo “alguna magulladura”.

El último de los testigos del día, un mando que participó en el dispositivo del 1-O, ha contado que los agentes no conocieron de primera mano la instrucción del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, que exponía cómo debían coordinarse los cuerpos policiales e instaba a “garantizar el mantenimiento de la convivencia ciudadana”.

El agente ha descrito que en algunos colegios se encontraron grandes concentraciones de ciudadanos. "Éramos insultados, increpados y golpeados, la resistencia pasiva se transformaba en activa, y el ánimo era obstaculizar o impedir el mandamiento judicial". "No pudimos intervenir en algunos centros porque cuando llegamos la gente obstaculizaba el mandato judicial, impedían acceder e incautar el material. Y la hostilidad a lo largo del día iba aumentando", ha afirmado.