Montoro sugiere que se usaron fondos para el 1-O mediante “engaño”

Hacienda sometió a la Generalitat a un férreo control financiero que se hizo aún más intenso a escasas dos semanas del referéndum del 1-O. Pero ese filtro no evitaba, necesariamente, que el Govern de Carles Puigdemont utilizara fondos públicos para organizar la consulta. Siempre pudo haber “fraude” o “engaño”, ha sugerido este miércoles el exministro Cristóbal Montoro en su declaración como testigo ante el Tribunal Supremo.

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Montoro se había convertido en la gran esperanza de las defensas para esquivar el delito de malversación. En una entrevista al diario El Mundo, en abril de 2018, el exministro del PP había deslizado que, gracias a su labor de vigía, el referéndum no iba a costar ni un euro a los catalanes. “Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público”, dijo.

El fiscal Javier Zaragoza ayudó a Montoro a matizar esas palabras tan “publicitadas”. El testigo admitió que se refirió solo a dos gastos (urnas, Puigdemont) pero no a otros como los anuncios sobre el 1-O en TV-3, los sobres y papeletas para la consulta o el pago de observadores internacionales. “Quería transmitir a los españoles que la Generalitat no podía hacer la convocatoria porque no tenía presupuesto. A veces, simplificamos demasiado en asuntos complejos”.

Aquellas declaraciones le obligaron a dar explicaciones al juez Pablo Llarena, instructor de la causa del procés. Este miércoles las amplió, dispuesto a no ser el flotador de los acusados sino la pesada losa que les hunde. Acompañado de una copia del informe a Llarena, que llevó en un portafolios de plástico traslúcido, Montoro recordó que Hacienda remitió siete denuncias —cuatro de ellas, a la Fiscalía General del Estado— sobre irregularidades en la información que la interventora de la Generalitat debía remitir al Gobierno.

Esos informes alertaban a la Fiscalía de que la Generalitat no había dado suficiente información sobre la partida de publicidad y sobre los gastos de Diplocat, el órgano creado por el Ejecutivo para la difusión internacional del procés. Montoro no comentó al detalle esos documentos —dijo que los ignoraba— ni los informes de la Guardia Civil, que cifran en 1,6 millones el coste del 1-O para el erario público.

Y pese a todo, Montoro abrió de par en par las puertas de la malversación, uno de los delitos que más debate técnico-jurídico va a generar en el juicio del procés. El exministro dijo que la simple utilización de “locales públicos” para “un fin declarado ilegal judicialmente” ya es suficiente para hablar de malversación. Opinó incluso sobre el encargo a Unipost (casi un millón de euros) de sobres y papeletas, y recordó que para la malversación basta con que haya compromiso de gasto. Fue reprendido por ello. La abogada del Estado, que casi siempre interviene y cuya razón de ser en la vista es representar los intereses de Hacienda, no le formuló ninguna pregunta.