Cristóbal Montoro dice que no se han gastado fondos públicos en el ‘procés’

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, insiste en que no se han gastado fondos públicos ni en la compra de urnas para el referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña ni en la manutención del expresident Carles Puigdemont, que estuvo desde finales de octubre en Bruselas y ahora se encuentra en Berlín. En una entrevista publicada este lunes en El Mundo, el titular de Hacienda defiende su sistema de control sobre los presupuestos de 35.000 millones de euros que maneja la Generalitat, y asegura: "Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público".

Sobre Carles Puigdemont pesa una petición de extradición desde Alemania a España, entre otros delitos, por malversación. Pero ante la pregunta a Montoro de si volvería a señalar que no se ha gastado ni un euro público en el procés, el responsable de Hacienda dice: "Por eso hay una investigación judicial en marcha. Pero la malversación no requiere solo desvío de fondos: es también abrir un recinto público para un acto político ilegal, por ejemplo". El ministro señala además que el sistema que obliga a la interventora de Cataluña a entregar semanalmente los informes de gastos de la Generalitat está funcionando, y no se ha detectado desvío de fondos.

Fuentes del Ministerio de Hacienda señalan que, pese a las peticiones de la justicia de extradición a Puigdemont por malversación, las palabras de Montoro no suponen ningún cambio de criterio. El ministro dice lo mismo que ha dicho Rajoy, señalan. Añaden que no se ha encontrado nada que se haya desviado del FLA [el fondo de liquidez que el Estado presta a las autonomías]. E insisten en que, tal y como señala Montoro en esa entrevista, la malversación no es solo el desvío de fondos, sino también el uso ilegal de bienes públicos. Que no haya dinero, dicen las mismas fuentes, no significa "que la malversación no esté en otro lado".

En el auto de procesamiento, el juez Pablo Llarena argumenta el supuesto delito de malversación y cifra el total de los gastos en 1.602.001,57 euros “sufragados con dinero procedente de las arcas públicas y no con dinero privado”. Llarena se basa en informes policiales y detalla el destino y las cantidades.

Sobre los gastos relativos a la campaña de registro de catalanes en el extranjero para la emisión de su voto, el juez especifica que se gastaron 224.834,25 euros. En uno de sus informes, la Guardia Civil indica además las cuatro empresas a las que se pagó para este trabajo. En las campañas de publicidad y difusión del referéndum se gastaron, según el juez, 277.804,36 euros. Para el suministro de papeletas, el censo electoral y las citaciones a los integrantes de las mesas electorales, 979.661,96 euros. Sobre estos, la Guardia Civil señala que “la Generalitat asumió el gasto repartido en cinco departamentos distintos, de forma que permitiese una mejor ocultación del gasto destinado al referéndum”. Además, hay otra partida de 119.700 euros en la participación de observadores internacionales el 1 de octubre, durante la celebración del referéndum ilegal.