La fiscalía aportará más pruebas para convencer a Alemania de la rebelión

Miembros de las fiscalías de España y de Alemania tienen previsto reunirse de forma discreta en La Haya (Países Bajos) en las próximas horas, probablemente este mismo jueves, con el objetivo de intercambiar información sobre el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, que fue detenido en Alemania el pasado 25 de marzo. El objetivo es estudiar si es posible incorporar nuevas pruebas al caso para que el expresident sea entregado a España por los delitos de rebelión o sedición, y no solo por el de malversación, como ha decidido en primera instancia la Audiencia del land de Schleswig-Holstein.

La reunión entre fiscales de los dos países, confirmada por fuentes de ambas partes, será en La Haya porque allí tiene su sede Eurojust, el órgano de la UE encargado de reforzar la cooperación judicial entre los países miembros. Asistirán algunos de los miembros del ministerio público que intervienen en la instrucción del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena contra los líderes del proceso secesionista, y también otros del land al que pertenece el tribunal de Schleswig-Holstein. Esta instancia judicial alemana, de menor rango jerárquico que el Supremo español, es la que ha vetado, de momento, que Puigdemont sea entregado a España por rebelión; y ahora está a la espera de que el Supremo le aporte más pruebas acerca de la malversación que atribuye Llarena a los cabecillas separatistas.

A la reunión de fiscales de ambos países asistirán algunos de los miembros del ministerio público que intervienen como parte en la instrucción de Llarena contra los líderes secesionistas

El objetivo de la reunión es intentar demostrar a los fiscales alemanes que existen pruebas suficientes para justificar los delitos de rebelión y sedición. Y, aunque la fiscalía alemana no tiene posibilidad de recurso para darle la vuelta a la decisión del tribunal regional, se están intentando explorar dos vías. Por un lado, que la fiscalía alemana se dirija a la Audiencia de Schleswig-Holstein para que reconsidere su decisión a la luz de las nuevas pruebas aportadas por España. Y, por otro, que el tribunal, en caso de tener dudas sobre qué hacer, pueda incluso plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE.

Los fiscales españoles mostrarán a los alemanes datos concretos y argumentados de los delitos de rebelión y malversación (el Ministerio del Interior tiene documentados al menos 300 actos violentos durante el procés). No obstante, las fuentes consultadas señalan que el tribunal alemán “debe ceñirse a ver si los hechos que describe Llarena están tipificados en su territorio, sin pretender hacer una instrucción paralela”.

Intervención del juez

Con esta reunión, a la que también asistirán coordinadores de cooperación judicial europea, se busca además no desgastar al juez Llarena en el laberinto jurídico que envuelve ahora la entrega de Puigdemont. Son los fiscales, incluidos los alemanes, los que tienen el cometido de defender la petición de España ante el citado tribunal regional alemán.

Hay un mecanismo de respuesta rápida del Tribunal Europeo de Luxemburgo “que puede tardar dos o tres meses” en emitir su fallo

La intervención del juez del Supremo llegará cuando Alemania, una vez analizadas las nuevas pruebas aportadas desde España, informe definitivamente de “las condiciones de la entrega” de Puigdemont. Si en ellas se incluye el veto a un juicio por rebelión (y ni tan siquiera sedición, un delito que no requiere violencia), será Llarena quien presente una cuestión prejudicial al Tribunal de la UE. Le preguntará, entre otras cosas, si el tribunal de Schleswig-Holstein ha interpretado correctamente las directrices de la normativa que regula la euroorden.

Las demás euroórdenes lanzadas por el juez Llarena a Bélgica y Escocia, donde se refugian cinco de los dirigentes fugados (la dirigente de la CUP Anna Gabriel y Marta Rovira, de ERC, se esconden en Suiza, bajo el procedimiento de extradición, diferente de la euroorden), quedarían también paralizadas a la espera de que Luxemburgo resuelva la cuestión prejudicial de Llarena respecto a Alemania, que por vía de urgencia podría durar unos tres meses.

“Si no hay violencia de rebelión como dice el tribunal alemán, al menos hay sedición”, sostienen fuentes jurídicas. Y si el tribunal de Luxemburgo da la razón a Alemania, en el sentido de concluir que la Audiencia de Schleswig-Holstein ha interpretado correctamente la normativa europea sobre la euroorden y que no se puede juzgar a Puigdemont por ninguno de esos delitos, entonces fuentes del Supremo creen que habría que rechazar la entrega del líder independentista catalán. Mientras, en España, procesados por rebelión y malversación, quedarían los no fugados, todos en prisión preventiva: Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Carmen Forcadell, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull y Dolors Bassa.

En debatir sobre todos estos argumentos se va a centrar la reunión entre fiscales alemanes y españoles. La fiscalía alemana, tras la detención de Puigdemont el 25 de marzo, opinó, en sintonía con el juez Llarena, que el contenido del auto del procesamiento del Supremo español tenía su equivalencia en la legislación penal alemana en los delitos de alta traición y malversación, y que por lo tanto procedía la entrega a España del prófugo. Después, el tribunal regional de Schleswig-Holstein tumbó esa posibilidad.Alemania, que suele pedir a España anualmente el doble de euroórdenes que a la inversa (las costas españolas son refugio de numerosos delincuentes europeos), tiene pendiente en este momento ante la Audiencia Nacional una petición para que se le entregue a un ciudadano que ha cometido graves delitos en su país.

Ha habido voces judiciales partidarias de que se rechazase esa euroorden y se pidiera al tribunal alemán que aportase más pruebas de los delitos que imputa al acusado. Pero el propio fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, intervino para oponerse a esa idea y ordenó que se informase a favor de la entrega, subrayando que los fiscales españoles confían en las instrucciones que desarrollan sus colegas del resto de países europeos.