Bruselas cree que la justicia alemana actuó correctamente en el caso Puigdemont

Bruselas no comulga con quienes piensan que la actuación de la justicia alemana en el caso Puigdemont supone una injerencia inaceptable. Al contrario: la Comisión Europea ha explicado hoy que el tribunal alemán de Schleswig-Holstein ha actuado "en conformidad con las normas" en su decisión de rechazar la entrega a España del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por el delito de rebelión. Así lo ha asegurado la comisaria checa de Justicia, Vera Jourová, quien además ha explicado que no prevé hacer cambios en el funcionamiento de la euroorden para ampliar la lista de delitos —para incluir los de rebelión o sedición— por los que está prevista la extradición automática.

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Preguntada por los posibles fallos que la decisión adoptada por el juez alemán pudiera revelar sobre el funcionamiento de la orden europea de arresto, la responsable de Justicia en la UE ha respondido tajante que se han cumplido las normas y que los problemas de este instrumento judicial "no tienen nada que ver con una situación de Alemania contra España". Jourová ha descartado cualquier tipo de modificación en esta herramienta, que permite extraditar de manera más ágil a los reclamados por delitos graves entre Estados miembros. España había aludido a la posibilidad de que hicieran falta mejoras para agilizar la euroorden.

Los comentarios de Jourová se suman a una cadena de reveses diplomáticos y judiciales para España en el ámbito europeo. Aunque tanto las autoridades europeas como los Estados miembros han respaldado públicamente al Gobierno español frente al desafío independentista, la incomprensión respecto a la falta de cauces políticos para resolver el asunto internamente aumenta. Primero la batalla judicial fue con Bélgica, considerado un Estado sensible a la realidad nacionalista por sus propias singularidades con la región flamenca. Pero el hecho de que el escepticismo de los jueces se haya trasladado a Alemania, uno de los aliados más sólidos de España en la UE y poco proclive a veleidades independentistas, revela un problema más profundo.

Cuando Bruselas alzó la voz para defender el respeto a la Constitución española frente al intento de imponer la independencia al margen de la ley, sus responsables añadieron otro mensaje. El vicepresidente primero de la Comisión, Frans Timmermans, pidió "diálogo", sin querer precisar más. El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, aprovechó hace unos meses su presencia en el Parlamento Europeo para instar al Gobierno de Madrid a "abrir un diálogo con el Gobierno de Cataluña". Varadkar, miembro del Partido Popular Europeo, es poco sospechoso de compartir las tesis del nacionalismo catalán. Y sin embargo, como otros representantes de este partido, también en Alemania, echó en falta estrategia política en la gestión de este espinoso asunto.

La UE cerró filas con España tras el referéndum del 1 de octubre: tanto las instituciones europeas como los socios dieron entonces un apoyo sin fisuras al Ejecutivo español, pese a que desde el principio se oyeron críticas contra el uso de la fuerza policial. Sin el apoyo explícito y cerrado de la Unión, el desafío independentista hubiera sido mucho más dañino. Y sin embargo Bruselas empieza a impacientarse: el procés es y será "un asunto interno" de España, pero en las instituciones europeas no se entiende la gestión "exclusivamente judicial" por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy, cada vez más expuesto a las críticas —en privado, de momento no en público— por parte de los mandarines de la UE. La Comisión matiza que el desafío catalán "es un asunto interno" y que la petición de diálogo "se hizo en el contexto de violencia del 1-O", y rechaza tajantemente "inmiscuirse, mediar o intervenir" a corto, medio y largo plazo, según una alta fuente comunitaria.

¿Cuánto crédito adicional le queda a España en la UE? Las declaraciones de Jourová y las idas y venidas del Gobierno alemán respecto al caso Puigdemont sugieren que cada vez menos, según las fuentes consultadas. La ministra de Justicia germana, la socialdemócrata Katarina Barlay, apuntó el viernes pasado que la decisión judicial —que descarta entregar a Puigdemont por rebelión y expresa sus dudas sobre la malversación— es “absolutamente correcta, esperada” y que Puigdemont vivirá ahora “libre en un país libre”, en referencia a Alemania. Pese a que esas declaraciones fueron matizadas después por un portavoz de Angela Merkel, Bruselas deja claro hoy que las autoridades alemanas han hecho lo correcto: "Los expertos no nos han anunciado o alertado de ninguna aplicación incorrecta de la orden de detención europea en Alemania".