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Sáenz de Santamaría denuncia la “violencia” del ‘procés’ y avala el relato de la Fiscalía

La exvicepresidenta asegura que el Gobierno no dialogó nunca sobre el referéndum con Oriol Junqueras

Soraya Sáenz de Santamaría, a su salida del Tribunal Supremo. En vídeo, declaración de la exvicepresidenta.

Soraya Sáenz de Santamaría ha apuntalado este miércoles el relato de la Fiscalía sobre el procés: hubo "violencia" tanto en las protestas por los registros judiciales del 20-S como en la jornada del referéndum del 1-O. La exvicepresidenta del Gobierno ha refutado con vehemencia las tesis pacifistas de los 12 líderes independentistas procesados y ha acusado al Govern de Carles Puigdemont de "irresponsabilidad" por seguir adelante con la consulta y poner en riesgo la convivencia.

Su declaración, como testigo, ha sido un espaldarazo —el primero en el juicio del procés— al delito de rebelión. La testigo ha defendido que se produjeron "actuaciones violentas en el Departamento de Economía" el 20 de septiembre, durante las protestas masivas por los registros judiciales que pretendían evitar el referéndum. En esa jornada es donde anclan precisamente los fiscales el inicio de la deriva violenta del proceso catalán. La exvicepresidenta ha ido más allá y ha vinculado ese episodio a la decisión de enviar a policías y guardias civiles a Cataluña, que se tomó "uno o dos días después".

La violencia fue para Sáenz de Santamaría una constante antes y después del 1-O. "Ante cualquier actuación judicial que se llevaba a cabo, como registros en domicilios o naves, se producían aglomeraciones con imágenes de naturaleza violenta". "Todo el mundo vio las imágenes de actuaciones violentas", ha añadido sobre el hostigamiento a los policías que permanecían alojados en hoteles de Cataluña. "Yo sé lo que es vivir un escrache. Y aquello no lo fue. Fue un acoso violento", ha denunciado.

La exvicepresidenta también concluye que hubo violencia el 1-O por parte de los ciudadanos "convocados por el Govern" hacia los agentes. "Vi murallas humanas y agresiones y lanzamientos de objetos". A preguntas de los abogados de la defensa sobre las cargas policiales, ha admitido que hay "imágenes" que no son agradables de ver, pero ha hecho una defensa cerrada de la intervención de los agentes. Y ha recordado que "cumplían un mandato judicial". Sáenz de Santamaría ha recordado que hubo 93 policías heridos —en días posteriores al 1-O habló de 400— y ha negado que un millar de ciudadanos resultaran igualmente heridos. "Fueron atendidos".

La defensa ha tratado de cuestionar el relato preguntando a la vicepresidenta cuál es su "fuente de conocimiento" de esa violencia. "Lo veíamos en televisión como toda España", ha dicho Sáenz de Santamaría, que también ha citado informaciones del Ministerio del Interior. Su declaración, firme durante la mayor parte del tiempo, se ha tambaleado precisamente cuando ha tratado de discutir asuntos concretos del operativo del 1-O. Y eso que ha intentado desmarcarse de esa tarea. Ha asegurado que "no conocía el plan policial" para atajar el referéndum: "La policía actuaba por una orden judicial y el Gobierno respeta la división de poderes".

El abogado del exconsejero de Interior Joaquim Forn ha puesto en serios aprietos a la exvicepresidenta. En una durísima batalla dialéctica, Javier Melero la ha hecho incurrir en algunas contradicciones: sobre el porqué del contingente policial, sobre las órdenes judiciales en torno al 1-O o sobre fechas y relaciones causales.

La aplicación del 155

A preguntas de Vox, Sáenz de Santamaría ha descartado que el Gobierno de Rajoy negociara con la Generalitat cualquier tipo de consulta sobre la independencia. "En el referéndum no quise entrar porque no era un tema del Gobierno, sino de la soberanía del pueblo español". "Sobre ese punto", ha agregado para enfatizar la firmeza del Ejecutivo, "ni nos íbamos a entender ni íbamos a negociar". La testigo ha detallado las tres reuniones que mantuvo con el entonces vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y le ha criticado por su "desinterés" para abordar otros temas —como la financiación del Gobierno catalán— que no fueran el 1-O.

La aplicación del artículo 155 de la Constitución —que implicó la destitución del Govern en pleno— se adoptó después de que el Parlament declarase la independencia unilateral, el 27 de octubre de 2017. "¿Creyeron que era meramente simbólica?", ha preguntado el fiscal Javier Zaragoza. "No, por eso aplicamos el artículo 155", ha respondido la exvicepresidenta.

La testigo ha defendido que esa medida fue suficiente para garantizar "la unidad nacional" y el "cumplimiento de la ley" en Cataluña. Ha recordado que es una medida "excepcional" y que se adoptó cuando se logró un "acuerdo político". La testigo ha rechazado otras medidas más severas —como decretar los estados de alarma, excepción y sitio— porque habrían "perjudicado a los ciudadanos de Cataluña.

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