El exdelegado del Gobierno describe el clima de “acoso y violencia” previo al 1-O

El testimonio de Enric Millo, el que fuera delegado del Gobierno en Cataluña durante el 'procés', ha puesto este martes sobre la mesa del tribunal que juzga a los líderes independentistas un tema por el que hasta ahora se había pasado de puntillas, pero que puede ser esencial para la acusación de rebelión: el “clima de conflictividad” que se vivió en Cataluña en septiembre de 2017, antes de la consulta independentista, y que, según su versión, derivó en más de un centenar de “episodios de violencia”. Millo, que declaró a petición de la Fiscalía y de dos de las defensas, ha descrito cómo, las semanas previas al referéndum, se produjeron numerosas acciones de “acoso, hostigamiento y violencia” muchas de las cuales, según su versión, “tenían como objetivo intimidar o impedir” las actuaciones de la policía judicial dirigidas a desmontar el referéndum.

Hasta ahora, el debate sobre la violencia se había centrado en dos episodios: las concentraciones contra actuaciones judiciales los días 19 y 20 de septiembre (sobre todo la celebrada ante la Consejería de Economía) y la jornada del referéndum. Y en ambos, la Fiscalía estaba encontrando dificultades para amarrar su relato. Pero Millo ha puesto este martes el foco más allá, en múltiples acciones de “acoso, hostigamiento y violencia” que, aseguró, sufrieron esas semanas agentes de policía y guardia civil, jueces, fiscales y autoridades no alineadas con el independentismo. “Hubo cercos, arrojo de objetos, incluso incendiarios, acoso a los propios agentes, a las comitivas judiciales, a los vehículos de las comitivas judiciales, a hoteles donde había policías y guardias civiles alojados, ante las propias subdelegaciones en las cuatro provincias, a la propia delegación…”, ha descrito Millo, que ha querido contrarrestar un argumento que es general entre los acusados: que el independentismo es un movimiento “pacifista” donde la violencia no tiene cabida. “Muy pacíficas no me parecieron estas situaciones”, ha afirmado el exdelegado del Gobierno.

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La de Millo ha sido una declaración más medida en el tono y con más datos que la que han ofrecido otros responsables políticos del Gobierno de Mariano Rajoy, como la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría o el exsecretario de Estado José Antonio Nieto, que hablaron de violencia en muchos momentos, pero admitieron haberla observado por televisión. “Lo vio toda España”, dijo Nieto. Millo, este martes, ha descrito un paisaje que era muy difícil percibir desde fuera de Cataluña y que, como testimonio, resulta demoledor para los intereses de las defensas: el “clima de creciente incertidumbre y conflictividad” que se vivió en las instituciones y en la calle esas semanas de septiembre y octubre en las que se sucedían las medidas desplegadas por la Generalitat para facilitar la celebración del referéndum y las actuaciones judiciales para evitar la consulta. “Desde el 10 de septiembre, allí donde había una acción de policía judicial, aparecía un grupo numeroso de personas para hostigar, acosar, amenazar, agredir vehículos e impedir la actuación”, ha contado.

A preguntas del fiscal Javier Zaragoza, Millo no supo concretar quién estaba detrás de esas acciones, pero señaló a los comités de defensa del referéndum (los actuales CDR) como “organizadores” de la mayoría de las actuaciones colectivas. “Es sorprendente la capacidad de movilización. En 20 minutos eran capaces de llevar 500 personas a un sitio. Y en otros 20 minutos llevarlas a otro sitio. Eso demuestra una habilidad extraordinaria de quien lo organiza”, ha afirmado. “Hubo acciones y concentraciones pacíficas y otras en las que había una componente clara violenta, de agresividad, de acoso”, ha sostenido.

El fiscal le ha preguntado por la actitud de los Mossos ante esas actuaciones. “Tardaban en llegar”, ha afirmado. Ha sido su primera referencia a la supuesta falta de compromiso de la policía autonómica durante los días críticos del procés. Se ha adentrado más en ello cuando ha relatado las reuniones de coordinación previas al 1-O, sobre todo en la junta de seguridad del 28 de septiembre presidida por Carles Puigdemont. “Allí se sentó el Govern para decirnos que el 1-O iba a haber un referéndum de autodeterminación y que a ver cómo nos poníamos de acuerdo para que todo funcionara con normalidad. Cuando realmente lo que teníamos delante era un auto que ordenaba impedir ese referéndum. Era una situación esperpéntica”, ha recordado.

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En ese encuentro, según Millo, él concluyó que iba a haber una “alineación” de objetivos entre la Generalitat y los Mossos. “Cómo se podía políticamente impulsar un referéndum y al mismo tiempo decir que tu policía va a impedirlo. Esto en mi pueblo lo llaman sorber y soplar al mismo tiempo”, ha ironizado. El exdelegado del Gobierno ha asegurado que pidió ese día a Puigdemont que desconvocara referéndum, pero el expresident se negó a dar marcha atrás. En la misma mesa, el entonces consejero de Interior, Joaquim Forn, para quien la Fiscalía pide 16 años de cárcel por rebelión agravada con malversación, protestó por la llegada a Cataluña de más de 6.000 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil. “Decía que era una provocación y que los Mossos eran capaces de cumplir el auto judicial [que ordenaba impedir la consulta]. Y el exjefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, procesado por rebelión en la Audiencia Nacional, le advirtió de que la policía autonómica no actuaría para cerrar los colegios si había “niños y personas mayores”. “Ya nos indicaba lo que nos íbamos a encontrar ese día”, ha señalado Millo, en referencia a la abundante presencia de menores y ancianos en los centros de votación que las acusaciones no consideran casual.

Sobre el 1 de octubre, Millo ha descrito como “muy irresponsables” las comparecencias de ese día de Puigdemont y de otros miembros de su Govern. Cuando ya se estaban difundiendo en todo el mundo las imágenes de los enfrentamientos entre la policía y los ciudadanos en los centros de votación, desde la Generalitat se seguían haciendo llamamientos para que la gente acudiera a votar. “Llamaban a formar masas, murallas de personas para oponerse a la policía judicial”, ha señalado Millo. En los colegios, según el entonces delegado del Gobierno, se mezclaron ciudadanos que “de buena fe” pensaban que estaban participando en una cita “legal” porque así se lo habían hecho creer desde el Govern con otros que cuyo principal objetivo era impedir la actuación de la policía. El resultado fue decenas de ciudadanos y agentes heridos. Millo visitó en los días siguientes a policías y guardias civiles lesionados y, a preguntas de las defensas, ha admitido que no contactó con ninguno de los ciudadanos.

Los abogados han tratado de introducir algunas dudas sobre el relato del exdelegado del Gobierno, como el hecho de que ante ese centenar de acciones violentas que se produjeron entre septiembre y octubre no se produjeran detenidos. El 1-O la policía detuvo a cinco personas, aunque solo una pasó a disposición judicial. Tampoco hay constancia de quiénes son los autores de esas acciones de "hostigamiento" o "acoso" que ha denunciado el exdelegado del Gobierno. Entre ellas,  la pintada que alguien hizo en Girona con la inscripción "Millo muerte". "Yo no sé quién la hizo. Lo que sí sé es quién la quitó: la limpió mi hija", ha afirmado el exdelegado del Gobierno.