Impedir el 1-O: relato de un naufragio

En septiembre de 2017, tras los atentados de Barcelona y Cambrils, estaba claro que Carles Puigdemont no iba a dar marcha atrás. Pese a las advertencias del Tribunal Constitucional, el Govern mantuvo la convocatoria de referéndum para el 1 de octubre. Los jueces, la Fiscalía y el Gobierno activaron distintos mecanismos para impedir la consulta. El último dique de contención eran las fuerzas de seguridad: un dispositivo tricéfalo —Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional— que, llegado el momento, no supo o no quiso coordinarse y naufragó. Este es el relato de aquel dispositivo conjunto fallido que, esta semana, examina el juicio del procés.

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La Operación Copérnico. Ante el redoble del desafío soberanista —el Parlament aprobó el 6 de septiembre la ley del referéndum— y las crecientes dudas sobre la lealtad de los Mossos, el Gobierno preparó el envío de un contingente de policías y guardias civiles a Cataluña. La orden de la Fiscalía catalana, a todas las fuerzas de seguridad, para “prevenir o evitar” el 1-O motivó el diseño de la Operación Copérnico. Las protestas (violentas, según la Fiscalía) frente al Departamento de Economía (el 20 septiembre) precipitaron el traslado de más de 6.000 agentes.

Pérez de los Cobos contra Trapero. Desde mediados de septiembre, la Fiscalía dictó instrucciones para frenar el 1-O. Ordenó requisar urnas, papeletas y material electoral y nombró coordinador del dispositivo al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. La decisión fue trasladada el 23 de septiembre al jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, que se molestó —veía una invasión de competencias— pero se comprometió a obedecer al fiscal. Envió a las reuniones de coordinación a su número dos, Ferran López, que gestionó y defendió el dispositivo del 1-O. Tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, López se convirtió en el nuevo jefe de los Mossos.

La orden de Fiscalía: precintar. El fiscal ordenó a los Mossos (el 25 septiembre) precintar todos los puntos de votación, desalojar a posibles ocupantes antes del viernes 30 de septiembre e impedir las votaciones incluso en la calle. La cúpula de los Mossos veía muy difícil asumir el cierre con dos días de antelación y temía desórdenes públicos.

La orden del TSJC: impedir. El tablero de juego cambió dos días después, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña asumió el mando y ordenó (el 27 septiembre) impedir el referéndum “sin alterar la normal convivencia ciudadana”. La orden de la Fiscalía, concreta y expeditiva, quedó sustituida por la más laxa del TSJC: ordenaba impedir la apertura de los colegios (o cerrarlos) el mismo domingo y se dirigía no solo a Mossos, sino también a Guardia Civil y Policía Nacional. La magistrada conminaba a los tres cuerpos a prestarse “auxilio y apoyo” y confirmaba en el cargo a Pérez de los Cobos.

La Junta de Seguridad y los avisos de los Mossos. El expresident Carles Puigdemont convocó una Junta de Seguridad (el 28 septiembre) que Nieto tildó este lunes de "surrealista" porque reunía en la misma mesa a un Gobierno que quería impedir la consulta y a un Govern que la promocionaba. No se llegó a ningún acuerdo para hacer una suerte de consulta simulada en la calle. Por la tarde, la cúpula de los Mossos se reunió con Puigdemont, Oriol Junqueras y Joaquim Forn (consejero de Interior) y trasladó posibles riesgos de seguridad si se mantenía el 1-O. En su declaración, Forn minimizó esos riesgos y dijo que no eran en todo caso de una violencia generalizada.

El plan de los Mossos. Los Mossos redactaron —y difundieron entre sus 17.000 agentes— su plan de actuación (el 29 septiembre): enviar un binomio (pareja de policías) a cada escuela para cerrar los colegios a las 6.00 del 1-O sin usar las porras ante la “desobediencia pasiva”. “Deberá imperar la contención y la mediación” para “mantener la paz y la convivencia”, dice el texto, que contempla el uso de la fuerza solo en caso de ataques contra personas. Los 7.000 mossos movilizados podían pedir apoyo. La Fiscalía cree que esas órdenes “neutralizaban”, en la práctica, el cumplimiento de la orden.

El plan de Interior. El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, elaboró también (el mismo 29 septiembre) una instrucción con normas y pautas de actuación ante el 1-O. En línea con el auto de la juez, ordenaba impedir el referéndum pero con la prioridad de mantener la “seguridad de los efectivos policiales y los ciudadanos”. Nieto declaró que lo importante en todo caso era “cumplir la ley” e “impedir el referéndum”.

Y llega el 1-O. La Policía y la Guardia Civil cargaron en colegios de Barcelona y en pueblos de Cataluña desde antes de las 9.00 tras comprobar la supuesta inacción de los Mossos. La decisión se tomó desde la Delegación del Gobierno de Cataluña, donde estaban presentes Nieto, el delegado Enric Millo y Pérez de los Cobos. Nieto defendió que los policías cumplieron las órdenes con “éxito” y que el uso de la fuerza fue “proporcional” ante la violencia de los ciudadanos. La mayoría de los mossos que actuaron esa jornada se quedaron en las puertas de los colegios, sin intervenir ante la aglomeración de gente y sin que sus unidades de orden público apareciesen. Hubo imágenes insólitas, como la de algunos mossos impidiendo el paso o enfrentándose a agentes.

¿Por qué paró la intervención? Después de que las imágenes de la actuación policial acaparasen la atención mediática, las cargas cesaron por la tarde. ¿Por qué? El juicio del procés aún no ha dado respuesta, pero según Nieto no hubo ninguna orden política, sino que fue por el propio agotamiento de los agentes tras una larga jornada y para garantizar el "equilibrio" entre impedir el referéndum y garantizar la seguridad de todos.

El balance. Los Mossos afirman que cerraron 99 centros de votación el 1-O y que en otros 50 se llevaron material. La Guardia Civil y la Policía informaron inicialmente del cierre de 92 locales. Ayer lunes, Nieto aseguró que clausuraron entre 104 y 113; en 53 hubo incidentes de distinta índole, con personas heridas. La defensa de Forn pone en duda que cerrar el 5% de colegios pueda considerarse un éxito, pero Nieto fue taxativo: "Se cumplió el objetivo marcado”.