El ‘ex número dos’ de Interior acusa a los Mossos de dejación en la consulta ilegal del 1-O

José Antonio Nieto, quien fuera secretario de Estado de Seguridad durante el procés, ha ratificado este lunes todos los argumentos en los que la Fiscalía sustenta la acusación de rebelión contra los líderes independentistas. Según el ex número dos de Interior, antes, durante y después del referéndum ilegal del 1-O hubo “actos violentos” y, tras muchos de ellos, Interior creyó ver la actuación de “grupos organizados” que llegaban incluso antes que la Guardia Civil a los lugares donde se iban a producir registros. Asimismo, según el exsecretario de Estado, los Mossos se alinearon con la Generalitat para permitir la consulta independentista y se desentendieron del operativo policial acordado con el Gobierno central para abordar la jornada de consulta.

Nieto ha declarado como testigo en el juicio del procés a petición de la Fiscalía y su testimonio ha sido el mayor espaldarazo que ha recibido hasta ahora la acusación del ministerio público. El exsecretario de Estado ha formulado una declaración ordenada y mucho más preparada y prolija en detalles que la que realizó el pasado jueves el que fuera su jefe en Interior, el exministro Juan Ignacio Zoido. También, en contra de lo que hiciera el extitular de Interior, Nieto ha asumido la responsabilidad de la organización y activación del dispositivo policial del 1-O.

El exsecretario de Estado ha sostenido que si los Mossos hubieran cumplido el plan previsto para acatar la orden judicial de impedir el referéndum, la consulta del 1-O no se habría celebrado. La actuación del cuerpo de la policía catalana durante las últimas semanas del procés ha sido fuertemente criticada por el exsecretario de Estado. Nieto ha afirmado que ya en las reuniones previas de coordinación se vio que la posición de los responsables de los Mossos, sobre todo el exjefe Josep Lluís Trapero (acusado de rebelión en la Audiencia Nacional) era de “alineación” con la Generalitat y reticencia absoluta al operativo conjunto entre el Ministerio del Interior y la Generalitat.

Nieto ha calificado de “surrealista” la reunión de la Junta de Seguridad presidida por Carles Puigdemont que se celebró el 28 de septiembre. “Estábamos en una mesa hablando del dispositivo para evitar el referéndum con quienes habían convocado el 1-O. Era bastante complejo de manejar, no nos trasladaron nada que tuviera que ver con el plan operativo, sobre cómo se iban a disponer las fuerzas y sí nos trasladaron permanentemente excusas que justificaran que no se iba a hacer”, ha dicho. Ahí ya se puso de manifiesto que el Govern y el Gobierno central entendían de forma opuesta las resoluciones de la Fiscalía y el auto judicial para impedir la consulta. "Puigdemont nos trasladó que el bien supremo a proteger es la convivencia ciudadana. Nosotros le respondemos que había que proteger el cumplimiento de la ley", ha explicado Nieto.

Actuación "insuficiente e ineficaz"

Sus temores se confirmaron desde primera hora del día de la consulta ilegal, ha afirmado. “La actuación de los Mossos el 1-O fue insuficiente, ineficaz y en algunos casos respondía al objetivo de dar apariencia de normalidad a algo que no era normal, porque había sido prohibido por el Tribunal Constitucional”. Ante la actitud de los Mossos, Interior optó por ordenar a la Policía y a la Guardia Civil que actuaran por su cuenta para cerrar los colegios. Nieto ha asumido la responsabilidad de esa decisión. “Y ordené que se pusiera en marcha el dispositivo”, ha dicho. Pero en muchos centros se encontraron “una resistencia muy intensa” para evitar que los agentes pudieran actuar. “Existía una organización premeditada y organizada que tenía ese objetivo”, ha añadido. “No era un problema de personas que fuesen a votar, sino de personas con un objetivo añadido al de votar, que era impedir que la Policía o la Guardia Civil pudieran hacer su trabajo".

Nieto ha calificado de “ejemplar” la actuación de la Policía y la Guardia Civil para retirar a los ciudadanos de los centros. “Si hubiéramos priorizado la eficacia por encima de cualquier otro objetivo podíamos haber llegado al 100% de eficacia en cada colegio, con mayor empleo de la fuerza. Los profesionales tienen formación, dotación en material, capacidades profesionales y amparo legal para hacerlo. Pero eso se priorizó mantener la seguridad propia de los agentes y de su entorno. Se usó la mínima fuerza imprescindible", sostiene Nieto.

Según su versión, no hubo “cargas policiales”, que, como ha explicado, es el término que se usa para definir la actuación de los antidisturbios para vaciar un espacio ocupado. Lo que se produjo el 1-O fue “empleo de la fuerza” por parte de los agentes. “En algunos casos de forma llamativa”, ha admitido.

Nieto ha perdido comodidad y seguridad en sus respuestas en el interrogatorio al que le han sometido las defensas, sobre todo el abogado de Joaquim Forn, entonces consejero de Interior, Javier Melero, que ha intentado contrarrestar algunos de los golpes que había asestado en la primera parte de la sesión a sus tesis de defensa. Melero ha intentado demostrar que los Mossos no se apartaron premeditadamente del operativo policial del 1-O, como ha sugerido el testigo, para lo que ha hecho ver a Nieto que la policía autonómica amplió días antes de la consulta los efectivos que inicialmente había previsto porque en una reunión de coordinación se les pidió que así lo hicieran. El exsecretario de Estado ha admitido que tuvo conocimiento de ese incremento.

Melero ha preguntado también cuántas detenciones se produjeron el 1-O. "Creo que no llegó a una decena", ha respondido Nieto. ¿Y cuántos oficiales y suboficiales de Policía y Guardia Civil están siendo investigados por lesiones a ciudadanos el día 1-O?, ha inquirido el abogado. "Hay un número importante de personas que están teniendo que sufrir esa situación. Son varias decenas", ha admitido el exsecretario de Estado.

A preguntas del abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, Nieto ha profundizado en una revelación que había adelantado en el interrogatorio del fiscal: que el Gobierno ofreció a la Generalitat una consulta alternativa al referéndum que se celebrara en plazas el 1-O pero no fuera considerada un referéndum. “Se intentó buscar una solución que no fuese renunciar a la legítima reivindicación política de esos dirigentes. Pero sin que supusiese un incumplimiento de la ley o un delito. Y no lo conseguimos”, ha explicado.