Los letrados del Parlament desbaratan la tesis de defensa de Carme Forcadell

Xavier Muro, secretario general del Parlamento de Cataluña, y Antoni Bayona, ex letrado mayor, formaban la cúpula de los servicios jurídicos de la Cámara autonómica en los meses más convulsos del proceso independentista catalán. Este lunes, en el Tribunal Supremo, ambos altos funcionarios han desbaratado en buena parte la tesis de defensa de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. Los letrados han manifestado -cada uno con sus matices pero coincidiendo en lo esencial- que la Mesa de la Cámara autonómica tenía el deber de impedir la tramitación de las iniciativas parlamentarias que dieran curso al desafío secesionista que desembocó en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y en la declaración de independencia del día 27 de ese mismo mes.

Esta declaración choca con la declaración como acusada de Forcadell del pasado 26 de febrero. La expresidenta de la Cámara, que se enfrenta a una petición del fiscal de 16 años de cárcel por rebelión, sostuvo que tramitó las resoluciones parlamentarias claves del procés para defender los derechos del Parlament ante las prohibiciones del Constitucional y porque entendía que la Mesa no podía convertirse en un “órgano censor” del debate político.

En esta visión, Forcadell ha estado acompañada hoy por su sucesor en el cargo, Roger Torrent. Este ha sostenido que la Mesa del Parlament es un “órgano político” que “no entra nunca a valorar el fondo de las propuestas por muy inconstitucionales que le puedan parecer”. Según su interpretación del Reglamento, contraria a la de los letrados, la Mesa solo ha de fijarse en si las iniciativas presentadas por los grupos políticos son correctas en “tiempo y forma”. “Yo en su lugar hubiese hecho exactamente lo mismo (…) proteger el parlamentarismo y el derecho de participación de los grupos parlamentarios", ha subrayado el actual presidente de la cámara.

Torrent, de ERC, ha aprovechado su declaración –y la permisividad del tribunal presidido por Manuuel Marchena con los políticos testigos- para hacer un breve alegato: "No vamos a renunciar nunca a la voluntad mayoritaria en Cataluña, de los catalanes y catalanas, a decidir nuestro futuro. Yo voté el 1 de octubre y tengan presente que volveremos a votar".

Sin embargo, Torrent ha sido el único que ha abonado este lunes la tesis de Forcadell. Los letrados Muro y Bayona, además de recordar el deber de la Mesa de inadmitir las iniciativas claramente inconstitucionales, han manifestado que advirtieron tanto verbalmente como por escrito a Forcadell y a los otros seis miembros de la Mesa de que el Tribunal Constitucional había ordenado paralizar los movimientos parlamentarios hacia la independencia. Bayona ha afirmado que "había un deber de no admitir y no tramitar" y que "una función básica de cualquier persona que asesora a otra es advertirle de las responsabilidades de tomar una decisión".

Muro y Bayona, cuyas declaraciones se convirtieron en un repaso de aspectos que son de dominio público, como el repaso de las advertencias del Constitucional a los líderes del procés, estuvieron precedidos por los dos miembros de la anterior Mesa de la Cámara que se opusieron frontalmente a la tramitación de las leyes independentistas. José María Espejo-Saavedra, de Ciudadanos, recordó que la Mesa introdujo de manera “absolutamente irregular” la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica, las normas de desconexión aprobadas el 6 y 7 de septiembre de 2017. "No fue de manera espontánea", ha añadido.

A continuación, David Pérez Ibáñez, del PSC, se ha manifestado en la misma línea y ha asegurado rotundamente que los miembros de la Mesa tienen “la obligación de inadmitir cuando se incumple el ordenamiento constitucional”.