Forcadell alega que antepuso los “derechos” del Parlament a las prohibiciones del Constitucional
La expresidenta del Parlament asegura que actuó en defensa del debate político para no convertirse en un “órgano censor”
Carme Forcadell, expresidenta del Parlament, se ha desmarcado de la tentativa secesionista del otoño de 2017. “No participé ni dirigí ninguna estrategia. Me limité a cumplir mis funciones como presidenta del Parlament”, afirmó en el Tribunal Supremo. Forcadell sostuvo que la Mesa de la Cámara tramitó las resoluciones parlamentarias claves del procés, en contra de las prohibiciones del Constitucional, para defender el debate político y no convertirse en un “órgano censor”.
Carme Forcadell ha sido una figura capital del procés. Como presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) organizó las movilizaciones masivas del independentismo hasta 2015. A partir de esa fecha, presidió el Parlament que aprobó la ley del referéndum del 1 de octubre. Forcadell —que afronta una petición de 17 años de cárcel por rebelión y está en prisión preventiva desde marzo de 2018— cerró este martes la ronda de interrogatorios a los 12 líderes independentistas procesados.
La Fiscalía considera que dirigió una de las tres patas —la parlamentaria— de la hoja de ruta secesionista. Como presidenta de la Cámara y pese a las advertencias del Tribunal Constitucional, permitió que se tramitaran resoluciones y leyes encaminadas a la creación de un nuevo Estado. En un ejercicio de equilibrismo similar al que han practicado algunos exconsejeros del Govern, Forcadell admitió que las resoluciones del Constitucional le fueron notificadas. Pero trató de deslegitimar al tribunal — “está muy politizado”— y de minimizar el alcance de sus resoluciones.
Su declaración fue casi una aceptación tácita de la desobediencia. “El Constitucional nos estaba pidiendo un imposible. Nos pedía que convirtiéramos a la mesa en un órgano censor”. Forcadell ha insistido en que tuvo que considerar “bienes superiores” y que su misión era impedir que se vulneraran “el derecho a la libertad de expresión y al pluralismo político”, así como la “inviolabilidad parlamentaria”.
La ley del referéndum y la ley de transitoriedad fueron aprobadas los 6 y 7 de septiembre de 2017 tras una sesión caótica en el Parlament. Forcadell, que declaró con un ejemplar del Reglamento de la Cámara encima de la mesa, defendió la bondad de esos trámites y negó que se realizaran con una celeridad excesiva. “[El debate] duró todo un día”, replicó a la fiscal Consuelo Madrigal.
Forcadell argumentó que cuando una iniciativa se somete a debate, la mesa del Parlament “no puede valorar la constitucionalidad de las resoluciones ni entrar al fondo del asunto”. Si lo hiciera, añadió, estaría “limitando y controlando el debate parlamentario”. “Se puede poder hablar de todo. No se puede permitir que la censura entre en un Parlamento”, sostuvo. La activista dijo, incluso, que votó favorablemente la resolución que daba inició al proceso independentista “sin leerla”. Forcadell protagonizó el momento culminante del procés. El 27 de octubre de 2017, proclamó la “República catalana”. Defiende que se trataba de “resoluciones políticas” sin “trascendencia jurídica”. Forcadell admite que leyó el preámbulo y que se votó en secreto, pero que la declaración no equivalía a la independencia de Cataluña. “¿Era verdad, mentira, teatro, farsa, sainete?”, insistió la fiscal Madrigal. “Yo considero que la política es una cosa seria”, se indignó.
