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Jordi Sànchez, pirómano o bombero

En un duro intercambio de golpes con la fiscalía, el líder de la ANC niega las acusaciones de rebelión y circunscribe la violencia a los vehículos de la Guardia Civil

Jordi Sànchez, durante su declaración en el juicio.

Hay tipos que nacen con cara de sospechoso, los típicos que en una rueda de reconocimiento tienen todas las de perder. El expresidente de la Assemblea Nacional Catalana es todo lo contrario. No es alto ni bajo, ni delgado ni grueso, viste de gris y es educado, y por si fuera poco se llama Jordi y se apellida Sànchez, un salvoconducto para el anonimato según se utilice en Cataluña o en el resto de España. Pero basta con ver solo dos minutos del vídeo que una de las abogadas de la defensa propone en el Tribunal Supremo para percatarse de que, aquel largo 20 de septiembre de 2017 en que una multitud acorraló a la Guardia Civil durante un registro en Barcelona, el señor Sànchez era el dueño absoluto de las calles.

Aquel día, según quedó demostrado en la sexta sesión del juicio, Jordi Sànchez convocó una concentración por la mañana, la desconvocó por la noche, ordenó a su gente hacer un pasillo de seguridad ante la Consejería de Economía, recibió llamadas de los principales líderes independentistas, coordinó el operativo de seguridad con los Mossos d’Esquadra y cuando, a las 20.57 de aquel jueves explosivo, el teniente de la Guardia Civil que dirigía el registro bajó a la puerta de la calle para ver qué tal estaba la situación, ¿con quién habló? ¿Y quién fue el que, a las 23.40 y con un megáfono en la mano, se dirigió a la multitud desde el techo de un Nissan Patrol?

— No es fácil subirse a un coche de la Guardia Civil.

Jordi Sànchez pronuncia la frase durante el interrogatorio —duro, a cara de perro— al que le somete el fiscal Javier Zaragoza. Se refiere a las dificultades físicas, pero también es la antesala de una reflexión que llega unos minutos después: "Llevo 500 días en prisión, estoy delante de un tribunal y la fiscalía pide 17 años de cárcel por un delito de rebeldía". Lo dice porque la imagen ya icónica de él y Jordi Cuixart encaramados a un todoterreno de la Guardia Civil abollado, lleno de pegatinas y con los cristales rotos es para la fiscalía la prueba irrefutable de que la violencia —un condimento indispensable para el delito de rebelión— sí existió y además lleva su apellido.

Durante cinco horas largas de declaración, Jordi Sànchez intenta demostrar todo lo contrario. Y lo hace bien, de forma cortés y con voz firme, pero para argumentar que él es un hombre de paz tiene que decir que habló con todos —desde las más altas instancias del secesionismo hasta con el mando de la Guardia Civil— y eso mismo va conformando la imagen de piedra angular del intento de ruptura. Si, como ya han dicho todos los acusados con palabras más suaves, la posibilidad de independencia dependía de la movilización popular, el autorretrato que se hace Sànchez se termina pareciendo mucho al del jefe absoluto del cotarro. Uno, si no el único, de los que tenía el poder de modular la reacción de los manifestantes ante, por ejemplo, la detención aquella mañana de Josep Maria Jové, mano derecha del vicepresidente de Oriol Junqueras, y el registro de las oficinas de la Generalitat. Y, aunque la sangre no llegó finalmente al río, sí es cierto que la "multitud intimidatoria" —como dice la Fiscalía— mantuvo a los guardias civiles como rehenes hasta bien entrada la madrugada y destrozó sus vehículos mientras los antidisturbios de los Mossos, siempre en contacto con Sànchez, esperaban en la esquina.

El tribunal tendrá que decidir ahora si el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana utilizó su poder para hacer de pirómano o de bombero. Si es un escándalo que lleve 500 días en prisión o si, por el contrario, hay indicios para justificar los 17 años que pide la fiscalía por el delito de rebelión.

El interrogatorio termina casi de noche. Solo unos minutos después, los furgones de la Guardia Civil con los líderes independentistas parten hacia prisión. Ahí no va Santi Vila. El que fuera consejero de Empresa de Carlos Puigdemont logró evitar la cárcel porque dimitió el 26 de octubre de 2017, la víspera de la declaración unilateral de independencia (DUI) en el Parlament. Ahora está en libertad, pero tiene también el desprecio evidente de algunos de sus compañeros de banquillo, que siguen considerándolo un traidor y ni siquiera lo saludan. Durante su interrogatorio, Vila, un tipo amable que acusa el vacío de sus antiguos camaradas, intenta lavar su imagen. Dice que se mantuvo fiel a Puigdemont hasta que ya la ruptura fue irreversible, que un día espera recuperar su amistad. No utiliza esas palabras, pero se presenta como una especie de mediador, de agente doble, lo que viene siendo un héroe cuando las cosas salen bien y un traidor cuando las cosas salen mal.

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