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Colau niega la violencia y socorre a los políticos presos: “Se me parte el alma”

La alcaldesa dice que exigió al delegado del Gobierno detener “las brutales cargas policiales” del 1-O

Ada Colau a su llegada al Tribunal Supremo.En vídeo, declaraciones de Ada Colau ante el Tribunal Supremo.

A Ada Colau se la acusa a menudo de equidistancia, de mantenerse en una tercera vía que no acaba de agradar a unos ni a otros, como cuando se opuso por igual a la declaración unilateral de independencia (DUI) y a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Este martes, sin embargo, ha salido en apoyo explícito de los 12 dirigentes independentistas procesados por el Tribunal Supremo. “Se me parte el alma viéndoles en prisión”, ha declarado la alcaldesa de Barcelona, que ha negado la violencia del procés pese no haber sido testigo directo de algunos de los hechos.

“Si por el 1-O estamos aquí, entonces deberíamos estar millones de personas”, ha dicho Colau, que ha hecho una defensa cerrada de la gran “movilización” que fue el referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017. Colau ha interpretado a su manera aquella jornada al definirla como una enorme “movilización pacífica” que tuvo más que ver con “la defensa de derechos fundamentales” que con la independencia. “El 1-O no fue de ninguna institución ni partido, sino de la gente. Fueron millones de personas autorganizadas”, ha detallado en una breve declaración de apenas media hora.

“Maravillada” por la respuesta de la gente, Colau ha rescatado su vieja faceta de activista -lideró la Plataforma de Afectados por la Hipoteca- para comparar aquellas luchas contra los desahucios con los votos del 1-O. “Se puede trazar un paralelismo con cuestiones de desobediencia civil”, ha afirmado a preguntas de la defensa de Jordi Cuixart, el presidente de Òmnium Cultural, al que ha aprovechado para loar sin remilgos. “Es una persona muy pacífica, de consensos, dialogante y muy querida en la ciudad”.

Brutales cargas”

Colau participó en la consulta ilegal “como ciudadana y alcaldesa”. Hizo tres horas de cola para votar en el instituto La Sedeta. Y fue allí, bajo una nube de paraguas en una jornada lluviosa, donde empezaron a llegarle “noticias horribles” sobre “cargas policiales brutales”, aunque no fue testigo directo de ninguna intervención de la Policía. Aquel día, pidió públicamente que se detuvieran las cargas y exigió la dimisión de Mariano Rajoy por haber “traspasado todas las líneas rojas”.

Como testigo, ha detallado las gestiones que hizo para poner fin a la actuación policial. “Llamé al delegado del Gobierno, Enric Millo [PP] y le exigí que pararan las cargas policiales. Por la tarde, pararon”. La alcaldesa ha dado por buena la cifra que manejan las defensas sobre el número de ciudadanos heridos aquel día (un milllar) y ha sacado pecho por las actuaciones del Ayuntamiento de Barcelona aquellos días: el Consistorio “apoyó la movilización” del 1-O, se sumó al “paro de país” del 3 de octubre -“había una sensación de dolor y de indignación muy amplias”- y ejerce la acusación contra unos 30 mandos policiales investigados en un juzgado de Barcelona por las cargas.

La violencia policial que vio el 1-O no la apreció, sin embargo, el 20 de septiembre de 2017, durante las protestas contra los registros judiciales en el Departamento de Economía. Colau tampoco fue testigo directo de esos hechos (solo de referencia, por lo que le contaban miembros de su Gobierno que sí estaban allí) pero ha defendido que fue una “movilización pacífica”. Los registros se produjeron en una situación “de excepcionalidad” y de “alarma social”.

El abogado de Vox, Javier Ortega-Smith —Colau ha manifestado su “incomodidad” por tener que responder a un “grupo de extrema derecha” —le ha mencionado un tuit que escribió poco antes de las 9.00 del 20-S. “Es un escándalo democrático que se registren instituciones y se detengan cargos públicos por motivos políticos. Defendamos las instituciones catalanas”, escribió entonces la alcaldesa.

Colau cedió ocho locales municipales para votar en el referéndum

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, puso a disposición de la Generalitat al menos ocho locales de titularidad municipal para que sirvieran como centros de votación durante el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. Según explicaron a EL PAÍS fuentes conocedoras de la gestión el pasado febrero, los espacios que el Ayuntamiento cedió al Gobierno catalán son centros cívicos y están ubicados en cinco de los diez distritos de la ciudad: Horta (2), Sant Martí (2), Sarrià (2), Sants (1) y Gràcia (1).

La relación de Colau con el referéndum ilegal organizado por el Govern de Carles Puigdemont estuvo marcada, desde que se convocó, por la ambigüedad. A principios de septiembre se desmarcó del 1-0 y decidió no ceder gratuitamente equipamientos municipales o espacios públicos para actos electorales. Pero a mediados del mismo mes, tanto Colau como el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunciaron un pacto --nunca revelado-- para que se pudiera votar. Con todo, el mismo día se conoció el resultado de un informe del Secretario Municipal que advertía de que ceder locales municipales era ilegal.

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