Colau y Puigdemont acuerdan que se pueda votar en Barcelona

Tras meses de indefinición sobre si se podrá votar en Barcelona en el referéndum independentista convocado por la Generalitat, la alcaldesa Ada Colau y el presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, anunciaron ayer que han llegado a un acuerdo para hacerlo posible. Pero ninguno de los dos quiso revelar la fórmula. También ayer trascendió un informe del secretario municipal que advierte de que ceder locales municipales para la votación sería ilegal y podría tener consecuencias penales para la alcaldesa y los funcionarios.

Colau lleva semanas, desde julio, asegurando que se podrá votar en Barcelona y que “pondrá todas las facilidades para” que se pueda participar en el referéndum. Pero la opacidad del gobierno municipal al respecto es tremenda. Ayer, después de darse a conocer el informe del secretario, Colau anunció en twitterque “se podrá participar sin poner en riesgo la institución [el Ayuntamiento] ni los servidores públicos”. Y Puigdemont aplaudió el anuncio. “¡Buena noticia!”, dijo.

Pero al ser preguntados en actos públicos, ni una ni otro revelaron dónde se podrá votar. “Quien convoca informará puntualmente”, dijo la alcaldesa. Pero de sus respuestas se desprende que no se habilitarán locales de titularidad municipal como colegios electorales. “Las fórmulas que hemos encontrado no entran en contradicción ni con Jaume Collboni [su socio socialista, con quien acordó blindar el Ayuntamiento y cumplir la legalidad] ni con el informe del secretario”. El informe advierte con dureza de las consecuencias, incluso penales, que podría tener para la alcaldesa y los funcionarios no acatar la suspensión del referéndum ordenada por el Tribunal Constitucional.

La alcaldesa insistió, eso sí, en que el número de espacios será importante para garantizar “la máxima participación”. Puigdemont, por su parte, celebro la predisposición de Colau y que “en Barcelona se pueda votar con normalidad” e insistió en que la misteriosa fórmula preserva “instituciones, funcionarios y el derecho”. “Una de las fórmulas posibles es habilitar como colegios electorales centros educativos que pertenecen a la Generalitat, como ocurrió en la consulta del 9N.

El segundo teniente de alcalde, Jaume Collboni, se desmarcó completamente de un acuerdo que afirmó que “es entre partidos” y señaló que en ningún caso se cederán locales municipales, tal y como advierte el secretario.

La cesión o no de locales para el referéndum por parte del Ayuntamiento de Barcelona ha situado a la alcaldesa entre las presiones de los partidos independentistas, que le exigen que lo haga; y los que le piden que no. Hasta ahora, Colau ha mantenido la incógnita: desde la Diada, el lunes pasado, mantiene que su obligación como alcaldesa es preservar la institución y a sus trabajadores. Pero también a los ciudadanos que quieren votar. La alcaldesa y sus concejales han recordado, en este sentido, que el 70% de los locales que habitualmente se utilizan como colegios electorales, pertenecen a la Generalitat, que es quien organiza el referéndum.

El informe del secretario general, Jordi Casas, es muy explícito en sus conclusiones. Responde a la consulta de la alcaldesa advirtiéndole de que ceder locales municipales como colegios electorales para el referéndum convocado para el 1 de octubre es ilegal porque incumpliría la suspensión del Tribunal Constitucional. Casas avisa de que esa cesión vincularía a la alcaldesa y a los trabajadores municipales; y de que incluso podría tener consecuencias penales.

Afirma que ceder locales municipales para el referéndum supondría incumplir la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional. Casas advierte de que "la alcaldesa, el Ayuntamiento y sus trabajadores y trabajadoras en ejercicio de sus funciones públicas quedan vinculados por el mandato del Tribunal Constitucional, de abstenerse de realizar actuaciones que permitan la preparación y / o celebración del referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña, actuaciones en las que, sin duda, se incluiría la eventual puesta a disposición de locales para la votación".

Por último, el secretario avisa de que incumplir estas obligaciones puede "comportar la exigencia a las personas infractoras de responsabilidades de todo orden, sea por el propio Tribunal a la empara de su ley reguladora, o de carácter administrativo, disciplinario, contable y hasta penal".

El jefe de la Urbana ordena a sus agentes cumplir la orden de Fiscalía 

El intendente mayor de la Guardia Urbana de Barcelona, Evelio Vázquez, envió ayer una orden a los agentes del cuerpo municipal donde les exige cumplir la instrucción de la Fiscalía contra la celebración del referéndum de autodeterminación convocado para el próximo uno de octubre. Vázquez reclama que todos los urbanos sean conocedores de las instrucciones del ministerio público que obligan a los policías a tomar medidas para evitar actos ejecutados por “autoridades, funcionarios públicos o particulares, en connivencia con los anteriores, dirigidos a la preparación del referéndum de autodeterminación, en tanto indiciarios de delitos de desobediencia, prevaricación y malversación”.

El intendente mayor pide a sus agentes que para “evitar duplicidades en las comunicaciones a Fiscalía y la remisión de copia al cuerpo de Mossos d’Esquadra, todas las diligencias policiales” relacionadas con el referéndum serán instruidas por la unidad de investigación de la Guardia Urbana y que informe a la Fiscalía.